13/03/2026
¿Protocolización o Confiscación? La crisis arancelaria en el SAREN
Estamos ante una crisis que afecta el derecho a la propiedad privada en todo el país, incluyendo nuestra región tachirense. Lo que debería ser un trámite legal sencillo y asequible se ha convertido en un obstáculo financiero inalcanzable. ¿Es una tasa de registro o un impuesto confiscatorio?
Lo que dice la Ley vs. La realidad del Sistema
La Norma: La Ley de Registros y del Notariado establece un tope máximo del 2% sobre el valor de la operación para la protocolización de documentos de compraventa.
La Realidad: Los usuarios están reportando que el sistema del SAREN arroja liquidaciones (PV) que, en muchos casos, superan el 10%, 15% o incluso más del valor del inmueble.
El dato: Inmuebles valorados en montos moderados están recibiendo liquidaciones que obligan a pagar aranceles equivalentes a miles de dólares. Esto no es un arancel, es una barrera económica que impide la formalización.
¿Por qué el silencio administrativo?
A pesar de las constantes denuncias interpuestas ante Fiscalías, Inspectorías del SAREN y medios de comunicación, la respuesta es el silencio o la omisión.
La falta de transparencia en los algoritmos de cálculo del sistema impide que el ciudadano pueda verificar si su cobro está apegado a la ley o si es un error discrecional.
El impacto en las familias y el mercado inmobiliario
Inseguridad jurídica: Ante costos prohibitivos, muchos ciudadanos optan por no protocolizar y recurren a "documentos privados" o acuerdos verbales, dejando su patrimonio sin respaldo legal ante terceros.
Paralización: El mercado inmobiliario en San Cristóbal y el resto del país se estanca. Nadie quiere comprar ni vender cuando el costo de legalizar la propiedad es casi equivalente a una parte importante del valor del bien.
Nuestra exigencia como ciudadanos
No pedimos gratuidad, pedimos justicia y legalidad. Exigimos:
Una auditoría urgente a los parámetros de cálculo del sistema SAREN.
Transparencia en las tasas aplicadas a cada trámite.
El estricto cumplimiento del porcentaje máximo establecido en la ley vigente.
¿Qué podemos hacer? Denuncia formal: No basta con quejarse en redes. Instamos a todos los colegas, abogados y usuarios a consignar sus denuncias por escrito ante las sedes regionales del SAREN y la Defensoría del Pueblo.
Documentar: Guarda tus liquidaciones, compara el 2% legal con lo que te están cobrando y haz pública la diferencia.
Unión: La voz de uno se ignora; la voz de todos se siente. ¡Compartamos esta realidad hasta que la autoridad competente se vea obligada a revisar estos criterios!
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