11/07/2013
El Estado venezolano, en su condición de sujeto de derecho internacional, es titular de derechos y obligaciones internacionales. Entre sus deberes destacan el cumplir las normas del derecho internacional humanitario y derechos humanos, y puede responder ante tribunales internacionales, en caso de violarlos.
Sin embargo, no sólo el Estado, sino sus agentes, eventualmente pueden responder ante tribunales internacionales por cometer crímenes internacionales, si los tribunales nacionales, por varias razones, son incapaces de administrar justicia en el caso concreto. En consecuencia, el control que pueda ejercer el gobierno sobre el poder judicial, no garantiza la impunidad de sus agentes.
Concretamente el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, ratificado por Venezuela, señala que: “la corte tendrá competencia respecto a personas naturales”, entendiendo que éstas pueden ser el ejecutor, cómplice, encubridor, colaborador, proponente, inductor, o todo aquel que contribuya de otro modo, así sea en grado de comisión o tentativa, “sin distinción alguna basada en el cargo oficial”. Concretamente en caso de militares, éstos responden por los hechos cometidos por las tropas bajo su cargo, aún en casos que desconociere lo que hacían sus tropas si por su cargo debería estar en conocimiento de ello. De nada sirve la excusa de que se actuaba acatando órdenes superiores.
La Corte Penal conoce sólo casos donde se cometen crímenes “de grave trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”, donde están los crímenes de lesa humanidad: as*****to, tortura, encarcelación o privación grave de la libertad física, desaparición forzada de personas, entre otros, siempre y cuando se efectúen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.
