El Derecho de Propiedad (agraria o privada) y su protección como Derecho Humano.
Los DERECHOS AGRARIOS, así como el derecho de PROPIEDAD en general, no solo se encuentran protegidos por las leyes nacionales, sino también por tratados internacionales.
En el ámbito agrario es común que las dependencias de gobierno actúen de manera ARBITRARIA, violando por ejemplo nuestro derecho de propiedad mediante "expropiaciones ilegales", "afectaciones agrarias excesivas", "procedimientos burocráticos eternos y sin respuesta ni solución", “omisión de expedir títulos de propiedad” respecto a terrenos nacionales legalmente adquiridos (pagados a la nación) e inclusive poseídos desde hace décadas, etc.
Al actuar así, la autoridad no solo transgrede las leyes nacionales, sino también derechos humanos previstos por LEYES INTERNACIONALES, protegidas por organismos externos (como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente).
Hay ocasiones en que el ciudadano afectado en sus derechos ya agotó sus medios de defensa ante los Tribunales mexicanos, llámese juicio agrario, amparo, etc., y aún así dichos tribunales dictaron una sentencia contraria a los tratados internacionales o en ocasiones con graves errores de interpretación legal, pero al ser firme esa sentencia a nivel nacional, ya no puede impugnarse.
Ante dicha situación, y reunidas ciertas condiciones, existe una posibilidad de elevar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que, con independencia de lo que hayan decidido los tribunales mexicanos, analice a la luz de los Tratados Internacionales si el Estado mexicano violó o no nuestros derechos, y de ser así, se CONDENE AL ESTADO MEXICANO a la "reparación integral del daño", por ejemplo, mediante una INDEMNIZACION, una restitución, etc.
Si bien es cierto que el procedimiento ante el sistema interamericano es prolongado, también lo es que muchas veces - de ser viable - merece la pena agotar esa ULTIMA OPORTUNIDAD de reclamar cualquier arrebato patrimonial arbitrario de la autoridad, buscando resarcir integralmente los daños ocasionados por tal transgresión al derecho de propiedad.
