31/07/2026
Un Tribunal de Sentencia condenó a dos años de prisión al abogado Gaspar Reynaldo Sánchez Canales, exsecretario de Planificación y exfuncionario de la Gobernación de Alto Paraná, tras hallarlo culpable del hecho punible de acoso sexual.
La sentencia fue dictada luego de un juicio oral y público que culminó casi cinco años después del inicio del proceso judicial. Según los antecedentes del caso, durante el juicio fueron presentadas pruebas documentales y testimoniales que respaldaron la acusación formulada por la víctima.
El abogado querellante, Mauro Barreto, destacó que la resolución representa un paso importante para la denunciante, quien debió afrontar un prolongado y complejo proceso judicial. Asimismo, recordó que Sánchez Canales renunció al cargo que ocupaba en la Gobernación del Alto Paraná en el marco de la investigación.
Los hechos juzgados ocurrieron el 22 de noviembre de 2021 en dependencias de la Gobernación de Alto Paraná. El Tribunal impuso la pena máxima prevista para este tipo de hecho punible. No obstante, la ejecución de la condena quedó suspendida a prueba, por lo que el condenado deberá cumplir las condiciones establecidas por la Justicia y abonar una compensación económica de G. 20 millones a la víctima.
La organización Kuña Poty, que acompañó a la denunciante durante todo el proceso, celebró la sentencia y señaló que su coordinadora general declaró como testigo en la causa, aportando elementos para el esclarecimiento de los hechos.
La organización también recordó que, en el marco del proyecto "CDE Libre de Acoso", realizó una investigación que evidenció la ausencia de protocolos institucionales para prevenir y atender denuncias de acoso sexual en instituciones públicas del Alto Paraná.
A través de un pronunciamiento, Kuña Poty sostuvo que el caso pone de manifiesto la necesidad de implementar protocolos claros, fortalecer la protección a las víctimas, garantizar mecanismos seguros de denuncia y promover una justicia con perspectiva de género.
Finalmente, la organización afirmó que la condena envía un mensaje de que el acoso sexual constituye un delito y que no debe existir tolerancia hacia ninguna forma de violencia contra las mujere