27/04/2026
Es alarmante ver cómo, en el ejercicio del derecho, nos topamos con actuaciones fiscales difíciles de comprender. No es posible que un ciudadano, un campesino que cuenta con título de propiedad adjuntado a la carpeta fiscal y que ostenta el dominio y la posesión legítima por años, deba atravesar este tipo de atropellos procesales.
Como abogados, nos indigna la evidente disparidad de criterios: mientras en el día a día enfrentamos dilaciones y excusas técnicas cuando buscamos proteger los derechos de las víctimas o de nuestros defendidos, en casos como este, la fiscalía actúa con una agilidad sorprendente, ignorando pruebas documentales contundentes.
El derecho penal debe ser un límite al abuso de poder conforme al principio de legalidad, no una herramienta para vulnerar derechos preexistentes. Brindamos apoyo y reconocimiento a la colega que nos demuestra, con argumentos firmes, que litigar con dignidad es defender la verdad. Esto nos obliga a reflexionar sobre el papel de los agentes fiscales y la necesidad de una justicia que sea realmente objetiva y garantista, especialmente con los más vulnerables.
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