09/10/2026
El 8 de octubre de 2026, el Tribunal de Primera Instancia, sala superior de San Juan (TPI), denegó la moción solicitando la paralización del lanzamiento presentada por el Proyecto DeCiudad, quien asumió la representación legal de Doña María Magdalena, luego de que se dictara sentencia de desahucio en rebeldía en su contra. En la solicitud de paralización presentada el 7 de octubre de 2026, se le solicitó al TPI que acogiera la recomendación del Departamento de la Familia (DF) en su moción presentada en la misma fecha.
De acuerdo con el DF, Doña María Magdalena, una mujer octogenaria retirada, demostró que había sido diligente en la búsqueda de un hogar, tanto en lo privado como en el Departamento de Vivienda, pero a la fecha no ha conseguido un lugar asequible. En consecuencia, el DF recomendó la posposición del lanzamiento para darle oportunidad de hacer una transición a un nuevo hogar. Esta recomendación estuvo fundamentada en la política pública en favor de la protección de las personas adultas mayores.
Sin embargo, el TPI, luego de evaluar la moción del Proyecto DeCiudad suscrita por la Lcda. Sofía Vázquez Laureano y la oposición de la parte demandante, declaró sin lugar la solicitud de paralización y, en consecuencia, ordenó que se ejecutara el lanzamiento, según programado.
Los artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil requieren que, en casos que involucren personas adultas mayores en estado de insolvencia, se notifique al Departamento de la Familia, al Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA) y se les requiera a cada una de estas agencias la presentación de informes sociales. Estos informes deben contener los servicios disponibles para la familia que enfrenta el proceso de desahucio y los que recibirá.
El Departamento de la Vivienda se limitó a informar que Doña María Magdalena tiene derecho a solicitar vivienda pública y que fue orientada sobre ello.
A pesar de lo ordenado, el alguacil a cargo de ejecutar el lanzamiento se vio en la obligación de posponerlo ante el reclamo de la representación legal del Proyecto DeCiudad a los efectos de que no estaban presentes les representantes de todas las agencias pertinentes, según requiere la ley.
En el Proyecto DeCiudad creemos y trabajamos para lograr que se le reconozca a todas las personas el derecho a una vivienda digna y a tener acceso a la justicia, libre de discrimen e independientemente de su condición social.