04/08/2026
El problema no son los notarios
CADA HERENCIA QUE SE POSPONE REPRESENTA UNA PROPIEDAD MENOS DISPONIBLE PARA UNA FAMILIA, OPINA GIANCARLO GONZÁLEZ
3 de julio de 2026 - 6:00 PM
El Nuevo Día
Cada vez que Puerto Rico enfrenta un problema, nuestra primera reacción parece ser la misma: aumentar tarifas. En vez de preguntarnos cómo hacer un proceso más eficiente, más digital y más accesible, terminamos trasladando el costo al ciudadano. Eso es precisamente lo que ocurre con el Proyecto del Senado 1033.
Seamos justos. Los aranceles notariales prácticamente no se revisaban desde 1987. En casi cuatro décadas aumentó el costo de vida, la renta, los seguros, la tecnología y el personal. Es razonable reconocer que la práctica notarial necesitaba una actualización. El problema no es que se quiera remunerar mejor al profesional. El problema es que el proyecto solo atiende cuánto cobra el notario, sin preguntarse por qué cuesta tanto producir ese servicio y qué puede hacer el Estado para reducir ese costo.
Hoy un notario hace mucho más que redactar y autorizar una escritura. Una vez termina la compraventa comienza un largo recorrido burocrático. Debe presentar la escritura al Registro de la Propiedad, completar la Planilla Informativa sobre la Compraventa de Bienes Inmuebles en Hacienda, gestionar el cambio de titularidad ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y, dependiendo del caso, registrar documentos adicionales en SIGNOS, el sistema de los Tribunales, para asuntos como capitulaciones matrimoniales o determinadas gestiones sucesorales. En otras palabras, una sola transacción puede requerir registrar prácticamente la misma información en hasta cuatro sistemas distintos.
Ese trabajo administrativo cuesta dinero. Requiere tiempo, personal y aumenta la posibilidad de errores. Lo más frustrante es que no genera ningún valor adicional para el ciudadano. Es simplemente el resultado de un gobierno donde cada agencia construyó su propio sistema sin pensar en cómo compartir información con las demás.
Argumento sobre este problema desde que dirigí la Oficina del CIO ["Chief Information Officer"] del gobierno, en 2013. El problema nunca ha sido que existan muchos sistemas. El problema es muchos no hablen entre sí.
La solución tampoco consiste en reemplazarlos todos por una plataforma gigantesca, basta con el ejemplo del Single Business Portal para comprender por qué ese modelo ha demostrado ser costoso, lento e ineficiente. La respuesta está en la interoperabilidad. Mediante APIs —interfaces de programación que permiten intercambiar información de forma segura— las agencias pueden compartir datos automáticamente sin que el ciudadano o el profesional tengan que introducir la misma información una y otra vez.
No hace falta sustituir el Registro, Hacienda, CRIM o SIGNOS. Hace falta una capacidad central para extraer, transformar, normalizar y compartir información entre ellos. Esa infraestructura reduciría costos operacionales, eliminaría duplicidad de trabajo y aceleraría miles de transacciones todos los años. Sin embargo, el PS 1033 no aborda nada de eso. Simplemente encarece un proceso que ya era lento y complicado. Y ahí es donde aparece el verdadero costo escondido.
En Puerto Rico llevamos décadas acumulando propiedades cuyos títulos nunca se aclaran. Herencias que permanecen sin liquidarse. Casas vacías cuyos dueños fallecieron hace años y que nadie puede vender, hipotecar o rehabilitar. En el episodio 69 del Urbital Podcast, el notario Dennis Martínez compartió un dato revelador: apenas una cuarta parte de las transacciones en Puerto Rico involucran personas que otorgaron testamento. Si con los costos actuales muchas familias ya posponen esos trámites, ¿qué ocurrirá cuando un testamento pase de $150 a $400?
No veremos más actividad económica. Veremos menos.
Cada herencia que se pospone representa una propiedad menos disponible para una familia. Cada título sin aclarar es una vivienda que no entra al mercado. Cada compraventa que no ocurre reduce la movilidad residencial y limita la creación de riqueza.
Existe además otro problema del que poco se habla. Analizando datos del Registro de la Propiedad encontramos enormes diferencias entre el tiempo que distintos notarios tardan en presentar escrituras. Mientras muchos presentan documentos en semanas, existen casos donde permanecen sin presentarse durante meses y años. Eso no implica necesariamente conducta impropia, pero sí evidencia un sistema opaco donde el ciudadano rara vez puede verificar en tiempo real si su escritura fue presentada, si tiene defectos o quién es responsable de un atraso.
La verdadera reforma debería perseguir dos objetivos al mismo tiempo: compensar justamente al profesional y reducir radicalmente el costo de producir ese servicio mediante tecnología y simplificación de procesos. Puerto Rico necesita crear valor, no extraerlo. Si el costo operacional disminuye gracias a la interoperabilidad, los notarios pueden atender un mayor volumen de transacciones, generar más ingresos y ofrecer servicios más accesibles. Es el mismo principio que aplicamos cuando digitalizamos el CESCO: reducir el costo por transacción permitió atender a más ciudadanos con mejores resultados.
El problema nunca ha sido el notario.
El problema es un gobierno que sigue obligando a repetir el mismo trabajo cuatro veces porque sus sistemas todavía no saben hablar entre sí. Hasta que entendamos eso, seguiremos encareciendo el papeleo mientras seguimos preguntándonos por qué en Puerto Rico hay tantas propiedades que nunca cambian de manos.
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