02/09/2026
ABOGADO : “UNA VEZ EXTINGUIDA LA CAUSAL DE , EL REASUME DE PLENO ”
El abogado del Estudio Jurídico - LEX FIRMA Walter Guerrero se pronunció sobre el político y jurídico que atraviesa la región Tumbes y la situación generada tras la temporal del gobernador regional Segismundo Cruces, señalando que, desde el punto de vista jurídico, la desaparición de la causal que originó la suspensión permitiría el retorno de la autoridad a sus funciones.
Guerrero explicó que el Acuerdo de Consejo Regional N.° 089-2026 dispuso la suspensión temporal del gobernador por la causal contemplada en el artículo 31, numeral 2, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, relacionada con la privación de la libertad mediante mandato judicial.
Sin embargo, destacó que el propio acuerdo establece que la suspensión se mantiene “mientras exista la causal legal que la origine”. Por ello, sostuvo que, al haberse revocado la prisión preventiva y recuperado la libertad, la causal que motivó la suspensión habría desaparecido.
“El acto administrativo tiene efectos mientras se encuentre vigente la causa que lo motiva”, explicó el abogado, señalando que, bajo esta interpretación, el acuerdo de suspensión dejaría de producir efectos cuando desaparece la condición que le dio origen.
Guerrero también hizo referencia al artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, según el cual, una vez extinguida la causal de suspensión, el titular reasume de pleno derecho. En términos prácticos, explicó que esto significa que no sería necesario un nuevo procedimiento de rehabilitación o autorización para que el gobernador retome sus funciones.
¿DEBE NOTIFICAR EL PODER JUDICIAL AL CONSEJO REGIONAL?
Respecto al pedido de algunos consejeros de esperar una comunicación oficial de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Guerrero precisó que el órgano jurisdiccional no tendría la obligación de notificar directamente al Consejo Regional de Tumbes, debido a que este no sería parte procesal en la investigación penal.
Según explicó, las notificaciones judiciales corresponden a los sujetos procesales, como el Ministerio Público, el imputado, su defensa y la procuraduría correspondiente.
No obstante, señaló que el Consejo Regional sí podría oficiar a la Corte Superior de Justicia de Tumbes para corroborar la autenticidad y contenido de la resolución mediante la cual se habría revocado la prisión preventiva.
“Si el Consejo quería ser muy formal, podía preguntarle a la Corte Superior de Justicia de Tumbes si era verdad la resolución que se estaba presentando”, sostuvo.
“DOS PERSONAS QUE MANDAN GENERAN INGOBERNABILIDAD”
Finalmente, el abogado consideró que la actual situación política podría estar generando un escenario de ingobernabilidad en Tumbes, especialmente si existen dos autoridades que pretenden ejercer funciones o impartir órdenes dentro de la administración regional.
“En una empresa, cuando uno está trabajando y tiene dos jefes, o dos personas que mandan órdenes, la pregunta sería: ¿a quién le haces caso?”, cuestionó.
Guerrero indicó que una eventual responsabilidad penal por omisión de funciones dependerá del análisis concreto de los hechos y de la existencia de los elementos que exige el tipo penal.
EL CASO DEL CALLAO Y EL PRECEDENTE DE TACNA
El abogado también citó casos similares ocurridos en otras regiones.
Mencionó el caso del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, quien, tras la revocatoria de una medida de prisión preventiva, comunicó la situación al Consejo Regional y posteriormente retomó sus funciones sin que se iniciara un nuevo procedimiento de rehabilitación.
Asimismo, recordó un caso ocurrido en Tacna en 2023, donde el Jurado Nacional de Elecciones del Perú intervino debido a que se había otorgado una credencial a la vicegobernadora mientras el gobernador se encontraba impedido de ejercer funciones. Tras la desaparición de la medida restrictiva, el JNE verificó la información con la Corte y adoptó las decisiones correspondientes.
Guerrero remarcó que, a diferencia de ese caso, en la situación de Tumbes la credencial del gobernador continuaría vigente, según la información pública disponible en el portal del Jurado Nacional de Elecciones.
El debate continúa abierto y coloca al Consejo Regional de Tumbes frente a una decisión que podría tener importantes consecuencias políticas y jurídicas para la administración regional.
