23/01/2026
*LA DESTITUCIÓN DE DELIA ESPINOZA: ENTRE PODER Y LEGALIDAD*
Creemos que la decisión de la Junta Nacional de Justicia de destituir a la Dra. Delia Espinoza no es solo un acto disciplinario: es un espejo que refleja las tensiones más hondas de nuestro sistema de justicia. En ella se cruzan la letra fría de la ley y el pulso ardiente de la política, la exigencia de obediencia institucional y la tentación del poder personal.
EL PRINCIPIO QUE SOSTIENE LA REPÚBLICA
Desde nuestro punto de vista, en el corazón de este episodio late una verdad constitucional: nadie está por encima de la norma. La negativa de Espinoza a cumplir con la reposición de Patricia Benavides no fue un simple desacuerdo administrativo, sino una ruptura con el principio de legalidad que sostiene la estructura del Estado. La JNJ, al sancionarla, reafirma que la disciplina no es un capricho burocrático, sino el cemento que mantiene en pie la arquitectura republicana.
LA FRAGILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO
Para nadie es un secreto que la Fiscalía de la Nación se ha convertido en un escenario de pugnas internas, donde las rivalidades personales han debilitado la confianza ciudadana. La destitución de Espinoza es un recordatorio de que la justicia no puede ser rehén de disputas de poder. Sin embargo, también revela la fragilidad de una institución que debería ser el baluarte de la defensa de derechos y que hoy aparece desgastada, expuesta y vulnerable.
UNA LECCIÓN PARA EL FUTURO
En G&H creemos que más allá de la sanción, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de justicia. La ciudadanía necesita ver que las instituciones actúan con firmeza, pero también con transparencia y vocación de servicio. La destitución de Espinoza será inútil si no se acompaña de una reforma profunda que devuelva al Ministerio Público su esencia: ser guardián de la legalidad y defensor de los más débiles.
REFLEXIÓN FINAL
Este episodio nos recuerda que el poder sin límites se convierte en arbitrariedad, y que la obediencia a la ley es la primera forma de respeto a la dignidad humana. La JNJ ha cumplido con su deber, pero la tarea no termina allí: reconstruir la confianza ciudadana exige más que sanciones, exige un compromiso renovado con la justicia como servicio, no como trinchera. Pero también nos permitimos pensar que la JNJ debe de sacudirse de ese partidismo de sus miembros para que los peruanos podamos creer con certeza que sus decisiones son las más justas.
