19/01/2026
¿Por qué en el Perú hay tantos egresados sin título, tanto a nivel de pregrado como de posgrado?
La existencia de un elevado número de egresados universitarios que no culminan con la obtención del título profesional o del grado académico, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, constituye una problemática persistente y multifactorial dentro del sistema educativo peruano. Esta situación evidencia una brecha entre la formación académica formal y la titulación efectiva, reflejando deficiencias tanto estructurales como normativas, así como también aspectos culturales, personales e institucionales que inciden directamente en el proceso.
Uno de los factores centrales es la débil exigencia institucional, especialmente en el ámbito laboral. Durante años, el mercado profesional —particularmente el público— no ha establecido una diferencia sustancial entre egresados titulados y no titulados. Por ejemplo, la diferencia en la puntuación otorgada entre quienes poseían un grado académico completo y aquellos que solo contaban con estudios concluidos era mínima.
Asimismo, la exigencia del grado de magíster como requisito obligatorio para ejercer la docencia universitaria ha sido, hasta hace poco, un elemento formal más que práctico. La Ley Universitaria N.º 30220 estableció la necesidad de contar con un grado de maestría para ejercer como docente universitario a tiempo completo, en el marco de una reforma para elevar la calidad académica. Sin embargo, esta disposición ha sido debilitada recientemente con la promulgación de la Ley N.º 32551 (2023), la cual autoriza de manera excepcional que profesionales sin grado de maestría o doctorado puedan ejercer la docencia universitaria en programas de pregrado. Esta medida, presentada como transitoria, responde a un supuesto déficit de docentes con grado, especialmente en regiones fuera de Lima.
No obstante, el impacto de esta ley es significativo. Al permitir que egresados sin grado académico accedan a la docencia universitaria, se debilita uno de los pocos incentivos institucionales que impulsaban la culminación del posgrado. En otras palabras, se envía un mensaje contradictorio: mientras se busca fortalecer la calidad educativa, se flexibilizan los estándares que debieran garantizarla. Para muchos profesionales, esta apertura representa una oportunidad inmediata de inserción laboral, postergando —una vez más— el objetivo de obtener un grado académico formal.
Además, históricamente, el sistema universitario peruano ha sido flexible en cuanto a los plazos para titularse. Muchos egresados postergaban la obtención del grado durante años sin que ello tuviera un efecto negativo directo en sus posibilidades de empleo. Esta posibilidad de dilatar el proceso, combinada con un entorno donde el grado no es estrictamente exigido, ha generado una cultura de postergación crónica.
Sin embargo, en los últimos años algunas universidades han comenzado a establecer plazos máximos para titularse, fijando entre cinco y ocho años después del egreso como límite para completar el proceso. De no hacerlo dentro de ese tiempo, el estudiante pierde la validez de sus estudios y se ve obligado a llevar nuevamente ciertos cursos o, incluso, a reiniciar el programa. Esta medida, aunque busca incentivar la titulación oportuna, puede resultar contraproducente si no se acompaña de un soporte académico adecuado y de condiciones flexibles para quienes enfrentan barreras externas, como el empleo o las cargas familiares.
En esa línea, también es necesario reflexionar sobre los incentivos económicos y laborales que podrían promover una mayor tasa de titulación. Si bien obtener el título puede representar ventajas a mediano o largo plazo —como ascensos, mejores remuneraciones o acceso a cargos públicos—, en el corto plazo, muchos egresados priorizan trabajos inmediatos que no exigen título, lo cual desincentiva el esfuerzo que supone culminar una tesis o completar un trabajo académico. Este desequilibrio entre esfuerzo e incentivo tangible impide que la titulación sea percibida como una necesidad prioritaria.
A ello se suman las barreras estructurales propias del proceso de titulación. El estudiante debe cumplir con requisitos formales que muchas veces no están debidamente articulados: elaboración y sustentación de tesis, acreditación de idiomas, publicación de artículos (en posgrado), entre otros. Estos requisitos no solo exigen un alto nivel de dedicación, sino también recursos económicos y tiempo, elementos que se tornan escasos una vez que el egresado se encuentra trabajando o asumiendo responsabilidades familiares. Así, la sobrecarga laboral y personal impide muchas veces avanzar en un proceso que requiere concentración, constancia y asesoría adecuada.
En este sentido, el posgrado merece un análisis particular. Se hace necesario que las universidades incorporen con mayor rigor la exigencia del manejo de idiomas, no solo como un requisito complementario, sino como una condición previa para obtener la calidad de egresado. La formación a nivel de maestría o doctorado debe estar vinculada con una competencia mínima en lenguas extranjeras, especialmente en inglés, dado el acceso a fuentes jurídicas internacionales. No debe permitirse que el estudiante pueda considerarse egresado sin haber cumplido este criterio. De igual modo, debe fortalecerse la materialización efectiva de la publicación de artículos científicos, exigencia presente en algunas casas de estudio pero que en la práctica muchas veces se resuelve de forma superficial. La publicación debe ser parte de un proceso formativo real y no un simple trámite, vinculando al estudiante con revistas académicas, seminarios de investigación y docentes que lo guíen en la producción de conocimiento relevante.
En este contexto, también debe señalarse que el sistema universitario, en muchos casos, no ofrece un acompañamiento suficiente al estudiante en el proceso de tesis. La ausencia de asesores preparados, la falta de cursos metodológicos en los últimos años de carrera, y la escasa cultura investigativa en el pregrado contribuyen a que el estudiante perciba la tesis como una carga aislada e innecesaria, más que como una culminación lógica de su formación.
Por ello, resulta urgente repensar los mecanismos de titulación y generar políticas educativas que promuevan, desde los primeros ciclos, la investigación académica, el pensamiento crítico y el acompañamiento metodológico. Los cursos de tesis o los cursos para optar el grado deberían ser obligatorios en el último año de estudios, permitiendo que el estudiante desarrolle su proyecto con el apoyo docente necesario y bajo criterios institucionales claros.
En suma, la gran cantidad de egresados sin título en el Perú es producto de una confluencia de factores normativos, institucionales y personales. La reciente Ley N.º 32551, si bien busca resolver un problema inmediato, corre el riesgo de debilitar aún más la cultura de la titulación, al reducir los incentivos académicos para concluir el proceso formativo. La solución, por tanto, requiere no solo voluntad política, sino una visión estratégica e integral del rol que cumple la educación superior en el desarrollo profesional y social del país.
