14/08/2026
Comparto el resumen que elaboré acerca de los aspectos fundamentales del Informe Defensorial N° 286, “Lavado de activos: cuando la investigación se convierte en condena: ‘Muertos en Vida’. Una afrenta de un sistema que vulnera derechos fundamentales”.
Estoy segura que será de utilidad para quienes litigan en este sistema y para quienes siguen siendo investigados. La Defensoría del Pueblo recomienda, entre otros:
La realización de un pleno jurisdiccional que trate 3 temas fundamentales:
a) La evaluación de la presunción de inocencia y su vinculación con la determinación de la procedencia delictiva de los activos, frente a decisiones judiciales en las que prevalece una determinación genérica y no vinculada a un delito precedente.
b) La determinación de si es necesaria o no la pericia contable.
c) El análisis sobre la ignorancia deliberada y si puede aplicarse o no en nuestro ordenamiento sin vulnerar el principio que proscribe la responsabilidad objetiva.
Asimismo, el informe contiene importantes recomendaciones, tanto para el legislador (analizar posibles modificaciones al DL 1106, el plazo de investigación preparatoria previsto en el 342.2 CPP), para la Junta Nacional de Justicia, como por ejemplo considerar el respeto del plazo razonable en los procesos por lavado de activos y la aplicación de criterios jurídicos correctos; para la autoridad de control del MP: instaurar un mecanismo que controle el cumplimiento de los plazos por parte de los fiscales que tienen a cargo este tipo de procesos, así como la correcta gestión de la carga procesal y aplicación normativa correcta del tipo penal de lavado.
La Defensoría advierte las graves vulneraciones sobre todo del derecho al plazo razonable, ya que se han podido identificar procesos que han durado más de 10 años y hasta 24 años. Situación que contraviene la jurisprudencia de la CIDH sobre el plazo razonable, que determinan que un plazo más allá de los 6 años resulta excesivo.
También analiza cómo los procesados por lavado por tantos años ven afectados no solo sus derechos fundamentales, sino también su actividad económica, mediante medidas como el congelamiento administrativo de fondos, la incautación, el bloqueo de préstamos y otros por parte de las entidades financieras, la imposibilidad de realizar operaciones con el exterior, entre otras.
Advierte también como el congelamiento de fondos se ha aplicado a una gran cantidad de personas naturales y jurídicas, sin que se cumpla siempre la motivación y sin que exista un mecanismo para levantar o cuestionar esta medida de forma eficaz.
De igual forma recomienda que no debe confundirse la informalidad con operaciones de lavado de activos, más aún en el contexto nacional donde la economía informal representa un porcentaje alto del PBI, empleo e ingresos en el país; sin que necesariamente se vincule a fondos ilícitos.
Entre otros aspectos, desarrollados en el video.
