Ronny De La Cruz Guerra - Abogado

13/03/2026

09/03/2026

🚨 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐋𝐈𝐌𝐀 𝐘 𝐂𝐀𝐋𝐋𝐀𝐎: 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐆𝐈𝐎𝐒 𝐓𝐄𝐍𝐃𝐑𝐀́𝐍 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐄𝐒 𝐕𝐈𝐑𝐓𝐔𝐀𝐋𝐄𝐒

El Ministerio de Educación dispuso que las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana y el Callao dicten clases en modalidad remota hasta el 14 de marzo de 2026.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU, en el contexto de la emergencia por el suministro de gas natural.

Esto significa que miles de estudiantes deberán continuar sus actividades escolares de manera virtual durante este periodo.

⚠️ Solo de manera excepcional, los colegios que no cuenten con conectividad o plataformas digitales podrán mantener clases presenciales.

¿𝑪𝒓𝒆𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒂𝒚𝒖𝒅𝒂𝒓𝒂́ 𝒂 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏?

08/03/2026

𝐃𝐈́𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐌𝐔𝐉𝐄𝐑 – 𝐇𝐎𝐌𝐄𝐍𝐀𝐉𝐄 𝐀 𝐌𝐈 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐄

𝐇𝐨𝐲 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐨 𝐞𝐥 𝐃𝐢́𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫.

Hoy recuerdo a la mujer que sostuvo mi vida cuando todo parecía derrumbarse.

Mi madre, Elsa Guerra Gave, quien desde 1989 asumió el doble rol de madre y padre, luego de que mi padre, Walter De La Cruz Sánchez, perdiera la vida el 24 de julio de 1989 enfrentando a terroristas en Acobamba, Huancavelica.

Tenía ap***s 38 años y aun así sacó adelante a sus hijos con fortaleza, dignidad y amor.

Fue profesora, una mujer valiente cuyo ejemplo me permitió convertirme en abogado.

Hoy ya no está físicamente, pero su legado vive en cada paso que doy.

𝐏𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐚𝐧 𝐯𝐢𝐝𝐚…
𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐡𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐥𝐚.

Gracias por todo, mamá🕊️.
Tu amor vive para siempre.

05/03/2026

𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐋𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐈𝐎 𝐏𝐎𝐑 𝐒𝐔𝐂𝐄𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐀


Es el procedimiento registral (SUNARP) para inscribir los bienes inmuebles o muebles del causante a nombre de los herederos reconocidos.

Se realiza tras la anotación de la sucesión intestada, requiriendo solicitar el cambio de titularidad en las partidas de los bienes (inmuebles/vehículos) para perfeccionar la propiedad.

𝑨𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐:

Finalidad: Actualizar el Registro de Propiedad Inmueble (o vehicular) para que los herederos aparezcan como dueños en lugar del fallecido.

Requisitos: Formato de solicitud (SPH) de SUNARP, parte notarial/judicial de la sucesión inscrita, copia de DNI y pago de tasas registrales.

Costo: La tasa registral es de aproximadamente S/ 46.00 por cada bien inmueble (puede variar según normas vigentes).

Plazo: La calificación e inscripción suele tardar unos siete días hábiles.

Lugar: Se presenta en la oficina registral de SUNARP donde está inscrito el inmueble.

𝑬𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒂𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆𝒅𝒆𝒓𝒐𝒔; 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓, 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒄𝒂𝒓 𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒉𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒅𝒂.

01/03/2026

𝙄𝙣𝙙𝙞𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙖𝙡 𝙫𝙤𝙡𝙖𝙣𝙩𝙚: 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙝𝙪𝙞𝙙𝙖 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚́𝙣 𝙢𝙖𝙩𝙖

El caso de Adrián Villar y la muerte de Lizeth Marzano, no solo expone un presunto homicidio culposo agravado por la fuga, sino que revela un problema más profundo: la normalización social de la irresponsabilidad y la desconexión emocional frente al daño causado. En términos jurídicos, la discusión girará en torno a la velocidad, el deber objetivo de cuidado y la omisión de auxilio. Pero limitar el análisis al tipo penal sería reducir un fenómeno que es, ante todo, estructural.

Desde la criminología, este hecho encaja en el perfil del infractor vial no habitual que, ante una situación crítica, toma la decisión de huir para evitar las consecuencias. No se trata necesariamente de un sujeto con trayectoria delictiva, sino de alguien socializado en una cultura donde la probabilidad de sanción es percibida como baja y donde el automóvil se convierte en un espacio de poder y anonimato. La fuga no es solo un acto jurídico: es un acto revelador de la ruptura del vínculo con el otro.

La psicología jurídica aporta otra clave: la conducta posterior al hecho. La huida evidencia un mecanismo de evitación, una respuesta primitiva frente al miedo a la sanción, pero también un déficit de empatía inmediata hacia la víctima. Ese momento —no el impacto— es el que transforma un accidente en un hecho de mayor reproche social y moral.

Este caso interpela al sistema penal, pero también a la política pública. No bastan p***s más altas si la fiscalización es débil, las licencias se obtienen sin estándares rigurosos y la educación vial es inexistente. La verdadera prevención no está en el Código Penal, sino en la construcción de una cultura de responsabilidad. Porque en el Perú de hoy el problema no es solo cómo se conduce un vehículo, sino cómo se valora la vida del otro.

Por 𝙍𝙤𝙣𝙣𝙮 𝘿𝙚 𝙇𝙖 𝘾𝙧𝙪𝙯 𝙂𝙪𝙚𝙧𝙧𝙖
Aʙᴏɢᴀᴅᴏ ᴇɢʀᴇsᴀᴅᴏ ᴅᴇ ʟᴀ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴅᴀᴅ Nᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Mᴀʏᴏʀ ᴅᴇ Sᴀɴ Mᴀʀᴄᴏs
Mᴀɢɪ́sᴛᴇʀ ᴇɴ Gᴇsᴛɪᴏ́ɴ Pᴜ́ʙʟɪᴄᴀ

01/03/2026

⚖️𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐀 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐓𝐀 𝐐𝐔𝐄 𝐑𝐄𝐃𝐄𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐑 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐋

𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐨 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐠𝐫𝐞𝐦𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚: 𝐞𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞.

El resultado de la primera vuelta en el Colegio de Abogados de Lima no solo ha definido a dos candidaturas. Ha puesto en evidencia la existencia de dos visiones sobre el presente y el futuro del gremio jurídico más influyente del país. La segunda vuelta entre Delia Espinoza y José Humberto Abanto no es, por tanto, una competencia personal. Es la confrontación de dos modelos de conducción institucional.

𝙀𝙡 𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝘼𝙇 𝙝𝙖 𝙚𝙣𝙫𝙞𝙖𝙙𝙤 𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙨𝙖𝙟𝙚 𝙘𝙡𝙖𝙧𝙤: 𝙚𝙡 𝙩𝙞𝙚𝙢𝙥𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖𝙨 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙞𝙙𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙨 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙞𝙢𝙤𝙣𝙞𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙤́. 𝙀𝙡 𝙫𝙤𝙩𝙤 𝙪́𝙩𝙞𝙡 𝙨𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙪𝙨𝙤 𝙮 𝙡𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤́ 𝙚𝙣 𝙡𝙖𝙨 𝙙𝙤𝙨 𝙤𝙥𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙤𝙜𝙧𝙖𝙧𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙩𝙖𝙧 𝙚𝙡 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙫𝙞𝙫𝙚 𝙡𝙖 𝙖𝙗𝙤𝙜𝙖𝙘𝙞́𝙖. 𝙀𝙣 𝙪𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙭𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙖𝙧𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙚𝙟𝙚𝙧𝙘𝙞𝙘𝙞𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡, 𝙨𝙤𝙗𝙧𝙚𝙘𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙢𝙖 𝙙𝙚 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙞𝙖 𝙮 𝙘𝙧𝙚𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙚𝙡 𝙘𝙤𝙡𝙚𝙜𝙞𝙖𝙙𝙤 𝙮 𝙨𝙪 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖, 𝙚𝙡 𝙖𝙗𝙤𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙝𝙖 𝙤𝙥𝙩𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙛𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙣𝙙𝙤.

De un lado se encuentra una propuesta que representa la gestión institucional, el perfil técnico y la articulación orgánica con el sistema de justicia. Del otro, una candidatura que recoge el voto del litigante independiente, del abogado joven y de quienes consideran que el Colegio debe asumir un rol más activo y confrontacional en la defensa de la profesión.

Esta polarización no es negativa. Por el contrario, evidencia que el CAL ha recuperado centralidad. Hoy el Colegio vuelve a ser un espacio de poder real. Lo que está en juego no es únicamente la administración de servicios gremiales, sino la capacidad de representación política del abogado en el debate nacional sobre la reforma judicial, el equilibrio de poderes y las condiciones del ejercicio profesional.

La segunda vuelta se definirá en un terreno distinto al de la primera. Los votos de las candidaturas que quedaron fuera tendrán que reubicarse, y lo harán en función de afinidades institucionales, redes profesionales y, sobre todo, de la percepción de quién puede conducir un Colegio con mayor capacidad de incidencia. Pero hay un factor que históricamente ha sido decisivo en el CAL: la participación. Quien logre movilizar a sus electores el día de la votación tendrá una ventaja determinante.

El nuevo decano no solo administrará una institución. Tendrá en sus manos la representación del colegio profesional más numeroso del país, su presencia en la Junta de Decanos y su voz frente a los poderes públicos. En un escenario de crisis de legitimidad de las instituciones, el liderazgo que emerja de esta elección deberá equilibrar la defensa firme del abogado con la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho.

La segunda vuelta del CAL es, en realidad, una elección sobre el modelo de gremio que la abogacía peruana quiere para los próximos años. Un colegio que administre o un colegio que represente. Un colegio que acompañe o un colegio que incida. Esa es la verdadera decisión.

Por 𝗥𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗗𝗲 𝗟𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮
Aʙᴏɢᴀᴅᴏ ᴇɢʀᴇsᴀᴅᴏ ᴅᴇ ʟᴀ Uɴɪᴠᴇʀsɪᴅᴀᴅ Nᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Mᴀʏᴏʀ ᴅᴇ Sᴀɴ Mᴀʀᴄᴏs
Mᴀɢɪ́sᴛᴇʀ ᴇɴ Gᴇsᴛɪᴏ́ɴ Pᴜ́ʙʟɪᴄᴀ

28/02/2026

⚖️ 𝔼𝕃 ℙℝ𝕀ℕℂ𝕀ℙ𝕀𝕆 𝔻𝔼 𝕀𝔻𝕆ℕ𝔼𝕀𝔻𝔸𝔻 ℕ𝕆 𝕊𝔼 ℝ𝔼𝔼𝕄ℙ𝕃𝔸ℤ𝔸 ℂ𝕆ℕ ℂ𝕀𝔽ℝ𝔸𝕊

El anuncio de la incorporación de 6,000 “efectivos” para reforzar la seguridad ciudadana vuelve a colocar en debate un problema que no es numérico, sino constitucional: el ejercicio de la función policial sin el cumplimiento del principio de idoneidad.

La función policial supone el uso legítimo de la fuerza, la intervención directa sobre derechos fundamentales y la garantía del orden interno. En un Estado constitucional de derecho, estas competencias solo pueden ser ejercidas por personal plenamente formado y habilitado para ello. No es una exigencia administrativa; es un mandato constitucional derivado del artículo 39, que obliga a que el ejercicio de la función pública esté al servicio de la Nación bajo estándares de capacidad y responsabilidad.

𝙇𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙜𝙪𝙣𝙩𝙖 𝙚𝙨 𝙞𝙣𝙚𝙫𝙞𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚:
¿𝙨𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙖́ 𝙞𝙣𝙘𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙘𝙞́𝙖 𝙉𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙤 𝙨𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙖́ 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙧𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤, 𝙪𝙣𝙖 𝙫𝙚𝙯 𝙢𝙖́𝙨, 𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙨𝙥𝙡𝙞𝙚𝙜𝙪𝙚 𝙙𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙚𝙣 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙘𝙪𝙗𝙧𝙞𝙧 𝙚𝙡 𝙙𝙚́𝙛𝙞𝙘𝙞𝙩 𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙚𝙛𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙤𝙨?

Si lo segundo es cierto, el problema trasciende lo operativo. Se produce una relativización del principio de mérito, se debilita la calidad del servicio público y se expone al Estado a responsabilidad por eventuales excesos, errores de intervención o vulneraciones de derechos fundamentales.

La seguridad ciudadana no depende de la cantidad de uniformes en las calles. Depende de inteligencia operativa, logística, equipamiento, distribución estratégica de efectivos en actividad y planificación anticipada. Sustituir estos elementos por medidas de impacto inmediato genera una percepción momentánea de control, pero no resuelve el problema estructural.

Desde la perspectiva de la gestión pública, además, se institucionaliza la improvisación. Los procesos electorales y los fenómenos naturales no son hechos imprevisibles. Son escenarios recurrentes que deben ser afrontados mediante políticas sostenibles: incremento progresivo de efectivos egresados, fortalecimiento de la carrera policial y mejora de las condiciones del servicio.

Existe también un efecto de mediano plazo que suele quedar fuera del debate. La formación policial es un proceso de construcción de cultura institucional. Cuando el aprendizaje se produce en escenarios de urgencia y con responsabilidades propias del servicio activo, se transmite un mensaje contrario a la profesionalización: que la precariedad es parte normal del ejercicio de la autoridad. Esa lógica erosiona la institución desde dentro.

El Estado no puede enfrentar la inseguridad ciudadana con respuestas que comprometen sus propios estándares constitucionales. Hacerlo no solo debilita la eficacia de la política pública, sino que deteriora la legitimidad de la autoridad.

La seguridad no se construye con cifras.
Se construye con instituciones profesionales, planificación y respeto al principio de idoneidad en el ejercicio de la función pública.

Lo demás es una respuesta aparente a una crisis real.

Por 𝑹𝑶𝑵𝑵𝒀 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑪𝑹𝑼𝒁 𝑮𝑼𝑬𝑹𝑹𝑨
𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐 – 𝑼𝑵𝑴𝑺𝑴
𝑴𝒂𝒈𝒊́𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒆𝒏 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐́𝒏 𝑷𝒖́𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂

26/02/2026

⚖️ ℂ𝕦𝕒𝕟𝕕𝕠 𝕝𝕒 𝕒𝕪𝕦𝕕𝕒 𝕗𝕒𝕞𝕚𝕝𝕚𝕒𝕣 𝕤𝕖 𝕧𝕦𝕖𝕝𝕧𝕖 𝕕𝕖𝕝𝕚𝕥𝕠: 𝕖𝕝 𝕖𝕟𝕔𝕦𝕓𝕣𝕚𝕞𝕚𝕖𝕟𝕥𝕠 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕖𝕟 𝕖𝕝 𝕔𝕒𝕤𝕠 𝕃𝕚𝕟𝕒𝕣𝕖𝕤

La reciente decisión del Ministerio Público de investigar a la periodista Marisel Linares por el presunto delito de encubrimiento personal introduce un giro jurídico relevante en un caso que, hasta hace poco, se analizaba únicamente desde la responsabilidad del conductor del vehículo que protagonizó el atropello fatal.

Es fundamental precisar que no se le atribuye participación en el accidente, sino una conducta posterior al hecho. En términos del artículo 404 del Código Penal, 𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒚𝒖𝒅𝒂 𝒂𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒕𝒐 𝒂 𝒆𝒍𝒖𝒅𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂. No se trata de una sospecha mediática ni de una valoración moral: se requieren actos concretos, conocimiento del delito y la finalidad de sustraer al responsable de la persecución penal.

Aquí aparece el 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒚 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒑𝒖́𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂. Estar con una persona, conversar con ella o mantener un vínculo afectivo no constituye delito por sí mismo. La Fiscalía deberá acreditar que existió una ayuda real y eficaz orientada a evitar la intervención de la autoridad.

El 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒃𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒔 𝒂𝒖́𝒏 𝒎𝒂́𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐: 𝒆𝒍 𝒂́𝒎𝒃𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂. Nuestro ordenamiento reconoce que el encubrimiento entre parientes cercanos puede quedar exento de pena, porque el Derecho no puede exigir conductas heroicas contra el propio entorno familiar. Sin embargo, el caso plantea una discusión contemporánea: ¿puede un hijastro ser considerado parte de ese núcleo protegido? La respuesta no será mediática, sino jurídica y constitucional.

Desde el punto de vista procesal, esta nueva calificación no implica culpabilidad, sino la apertura formal de una línea de investigación que deberá sostenerse con pruebas.

𝑬𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒑𝒊𝒔𝒐𝒅𝒊𝒐 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒂́𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐: 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍, 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒋𝒖𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒚 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏 𝒋𝒖𝒆𝒛. 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒎𝒂́𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒆𝒏𝒆𝒄𝒆 𝒂𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐́𝒏.

Por 𝙍𝙤𝙣𝙣𝙮 𝘿𝙚 𝙇𝙖 𝘾𝙧𝙪𝙯 𝙂𝙪𝙚𝙧𝙧𝙖 – 𝘼𝙗𝙤𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙚𝙜𝙧𝙚𝙨𝙖𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙐𝙉𝙈𝙎𝙈
𝙏𝙞𝙩𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙞𝙧𝙢𝙖 𝙇𝙚𝙜𝙖𝙡

25/02/2026

𝕃𝕒 ℂ𝕒́𝕞𝕒𝕣𝕒 𝔾𝕖𝕤𝕖𝕝𝕝 𝕖𝕟 𝕖𝕝 ℙ𝕖𝕣𝕦́: 𝕡𝕣𝕦𝕖𝕓𝕒 𝕪 𝕘𝕒𝕣𝕒𝕟𝕥𝕚́𝕒 𝕖𝕟 𝕖𝕝 𝕡𝕣𝕠𝕔𝕖𝕤𝕠 𝕡𝕖𝕟𝕒𝕝

La entrevista única en Cámara Gesell se ha consolidado como una herramienta esencial para proteger a las víctimas vulnerables en el proceso penal. Su valor probatorio, sin embargo, no es automático y depende del respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

En el proceso penal peruano, 𝒍𝒂 𝑪𝒂́𝒎𝒂𝒓𝒂 𝑮𝒆𝒔𝒆𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒎𝒂́𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒏𝒊𝒏̃𝒐𝒔, 𝒏𝒊𝒏̃𝒂𝒔, 𝒂𝒅𝒐𝒍𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒚 𝒗𝒊́𝒄𝒕𝒊𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂. Su finalidad es evitar la revictimización mediante la realización de una entrevista única, registrada en audio y video, con la intervención de un psicólogo especializado y bajo control de las partes. No se trata de un medio probatorio autónomo, sino del soporte técnico de una declaración testimonial que luego será valorada por el juez.

La Corte Suprema ha sido clara al establecer que esta diligencia constituye una prueba preconstituida y que puede ser utilizada en el juicio oral incluso sin la presencia física de la víctima. Sin embargo, también ha precisado que no tiene valor automático ni genera por sí sola una condena. Para que pueda enervar la presunción de inocencia debe cumplir con criterios de credibilidad: coherencia del relato, persistencia en la incriminación, ausencia de móviles espurios y corroboraciones periféricas.

El aspecto más sensible es el respeto al derecho de defensa. La protección de la víctima no excluye la participación del imputado y su abogado, quienes deben tener la posibilidad real de formular preguntas a través del entrevistador. Esta contradicción mediata es la que otorga validez constitucional a la prueba. Cuando no se garantiza, se afecta el debido proceso y se debilita su eficacia probatoria.

La Cámara Gesell no debe ser vista como un mecanismo para asegurar condenas, sino como una herramienta para obtener un testimonio de calidad en condiciones de respeto a la dignidad de la víctima y a las garantías del imputado. Su correcta aplicación fortalece la legitimidad de la justicia penal.

Por 𝙍𝙤𝙣𝙣𝙮 𝘿𝙚 𝙇𝙖 𝘾𝙧𝙪𝙯 𝙂𝙪𝙚𝙧𝙧𝙖 – 𝘼𝙗𝙤𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙚𝙜𝙧𝙚𝙨𝙖𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙐𝙉𝙈𝙎𝙈
𝙏𝙞𝙩𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙞𝙧𝙢𝙖 𝙇𝙚𝙜𝙖𝙡

23/02/2026

ℝ𝕖𝕗𝕝𝕖𝕩𝕚𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕒 𝕡𝕣𝕠𝕡ó𝕤𝕚𝕥𝕠 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕊𝕖𝕟𝕥𝕖𝕟𝕔𝕚𝕒 𝕕𝕖𝕝 𝕋𝕣𝕚𝕓𝕦𝕟𝕒𝕝 ℂ𝕠𝕟𝕤𝕥𝕚𝕥𝕦𝕔𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝕣𝕖𝕔𝕒í𝕕𝕒 𝕖𝕟 𝕖𝕝 𝔼𝕩𝕡. 𝟘𝟚𝟡𝟛𝟡-𝟚𝟘𝟚𝟝-ℙℍℂ/𝕋ℂ (𝕊𝕖𝕟𝕥. 𝟜𝟜/𝟚𝟘𝟚𝟞)

"𝐒𝐢 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐣𝐮𝐳𝐠𝐚𝐛𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨, 𝐡𝐨𝐲 𝐔𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐍𝐎 𝐬𝐚𝐥𝐝𝐫í𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜á𝐫𝐜𝐞𝐥: 𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢ó 𝐥𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐌𝐏𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃."

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) reabre, con particular intensidad, un dilema clásico del Estado constitucional: hasta dónde puede llegar el poder punitivo cuando el paso del tiempo y la técnica de calificación jurídica se convierten en variables decisivas del proceso penal.

El fallo, emitido por mayoría, declara la demanda de hábeas corpus fundada en parte, anula la condena dictada en 2023 y la resolución suprema confirmatoria de 2024, y dispone la inmediata libertad del condenado Daniel Belizario Urresti Elera. En la sentencia penal se le atribuyó el delito de as*****to —bajo circunstancia agravada— en agravio de Hugo Bustíos Saavedra, y además as*****to en grado de tentativa en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce.

El razonamiento central de la mayoría se apoya en un punto: no corresponde calificar hechos ocurridos en 1988 como crímenes de lesa humanidad con base en el Estatuto de Roma, por ser un instrumento vigente para el Perú desde 2002. Sobre esa premisa, concluye que debe aplicarse el régimen interno de prescripción y que la potestad punitiva estatal se encontraba extinguida al momento de dictarse la condena.

La decisión, desde el plano estrictamente constitucional, rescata un principio que ninguna democracia debería relativizar: la prohibición de retroactividad desfavorable y la exigencia de previsibilidad normativa. El Estado no puede sostener una condena si para ello necesita reconfigurar, ex post, la categoría jurídica del hecho o su régimen temporal, especialmente cuando la persecución penal se prolongó durante décadas. En un Estado de Derecho, la garantía de legalidad no es una formalidad: es un límite al poder.

Pero el mismo razonamiento expone un problema mayor: cuando el aparato estatal investiga tarde, acusa tarde y sentencia tarde, el Derecho termina sancionando —en los hechos— la ineficiencia pública. El costo no se agota en un expediente; se proyecta en la confianza ciudadana, en la expectativa legítima de justicia de las víctimas y en la autoridad del sistema penal. Si el mensaje práctico es que la tardanza puede convertirse en libertad por prescripción, el incentivo institucional se distorsiona y la legitimidad del Estado se erosiona.

A ello se suma una dimensión que no debería pasar desapercibida. El propio TC exhibe una fractura argumentativa: existe voto singular que sostiene que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad se ancla en el ius cogens y en la costumbre internacional, por lo que no dependería únicamente de la adhesión a tratados. Esta divergencia no es menor: anticipa escenarios de litigio futuro donde, ante hechos similares, el debate se tornará imprevisible y altamente controvertido.

Este caso deja, por lo menos, tres lecciones. Primero, la necesidad de estándares más altos de diligencia y gestión del tiempo en investigaciones complejas. Segundo, si se va a invocar lesa humanidad, ello exige motivación reforzada, coherencia normativa y rigor probatorio, no fórmulas funcionales para superar barreras temporales. Tercero, el control constitucional debería aspirar a criterios más estables y consistentes, porque la incertidumbre doctrinal alimenta la politización y debilita la confianza pública.

En síntesis, el TC ha privilegiado la legalidad penal como límite infranqueable; y, en esa defensa, ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: cuando el Estado llega tarde, no solo arriesga perder un caso, arriesga perder autoridad. El desafío nacional es evitar que la prescripción sea el epitafio de la justicia: no mediante atajos interpretativos, sino mediante instituciones capaces de investigar, juzgar y decidir con oportunidad, rigor y legitimidad.

Por Ronny De La Cruz Guerra
𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐨𝐫
𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥

Descarga la sentencia aquí👇
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2026/02939-2025-HC.pdf

22/02/2026

¡𝙃𝙤𝙮 𝙚𝙨 𝙙𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜𝙤 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧… 𝙮 𝙪𝙣 𝙝é𝙧𝙤𝙚 𝙣𝙤 𝙫𝙤𝙡𝙫𝙞ó 𝙖 𝙘𝙖𝙨𝙖!

El 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐡𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐨 𝐬𝐮 𝐯𝐢𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐝í𝐚 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫 𝐚𝐲𝐮𝐝𝐚.

𝑵𝒐 𝒇𝒖𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒖𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓: 𝒇𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝑳𝒆𝒚 𝑵º 𝟑𝟎𝟒𝟎𝟕, 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒄𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏.

𝐀𝐛𝐫𝐚𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐦á𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞.
𝐀𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐳𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬.
Y 𝐧𝐨 𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚, 𝐡𝐚𝐲 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚.

𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐲 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚.

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐳, 𝐡é𝐫𝐨𝐞. 🕊️🇵🇪
𝐃𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐳, 🐕🕊️

19/02/2026

𝕃𝕒 𝕝í𝕟𝕖𝕒 𝕕𝕖 𝕤𝕦𝕔𝕖𝕤𝕚ó𝕟 𝕟𝕠 𝕡𝕦𝕖𝕕𝕖 𝕤𝕖𝕣 𝕝𝕒 𝕡𝕦𝕖𝕣𝕥𝕒 𝕕𝕖 𝕚𝕟𝕘𝕣𝕖𝕤𝕠 𝕕𝕖 𝕥𝕣𝕒𝕪𝕖𝕔𝕥𝕠𝕣𝕚𝕒𝕤 𝕔𝕦𝕖𝕤𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕕𝕒𝕤 𝕒 𝕝𝕒 ℙ𝕣𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖𝕟𝕔𝕚𝕒 🇵🇪

El Perú no puede seguir normalizando lo inaceptable.

Hoy el país tiene como Presidente de la República —por mandato de la sucesión constitucional— a una persona cuya trayectoria está marcada por procesos disciplinarios, por su separación del Poder Judicial en 2006, por su expulsión del Colegio de Abogados de Lambayeque e investigado por presuntos delitos de estafa y fraude. Y esto no es opinión: es información pública.

Aquí no estamos ante un debate político.
Estamos ante un problema de estándares.
Porque la pregunta de fondo es brutalmente simple: ¿𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐥í𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥?

La Mesa Directiva no es un espacio ceremonial. Es la antesala del poder. Quien la integra debe tener una trayectoria intachable, no una hoja de vida que obligue al país a mirar hacia atrás con preocupación. La sucesión constitucional asegura continuidad del Estado, pero no puede convertirse en un mecanismo para que la más alta magistratura de la Nación sea ocupada por figuras cuya legitimidad está erosionada por sanciones, cuestionamientos y decisiones que ya fueron evaluadas por los propios órganos de control institucional.

Porque entonces el mensaje es devastador:
- No importa la conducta funcional.
- No importa la ética profesional.
- No importa la idoneidad.

Solo importa el cálculo político de los votos.
Eso destruye la confianza pública.

𝐔𝐧 𝐩𝐚í𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐥 𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐚𝐜𝐞 𝐝é𝐛𝐢𝐥 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥.

Aquí no se discute la legalidad de la sucesión. Se discute su legitimidad. Y cuando el Congreso elige su Mesa Directiva sin mirar la trayectoria de quienes la integran, no solo elige a sus autoridades internas: elige, potencialmente, al próximo Presidente del Perú. Si ese filtro falla, no estamos ante un accidente político. Estamos ante una forma de gobierno que ha renunciado a la meritocracia, a la ética pública y al respeto por la investidura presidencial.

El Perú no necesita reemplazos automáticos.

Necesita autoridades con autoridad.
Y esa autoridad no la da el cargo.
La da la trayectoria.

"𝐍𝐨 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐚í𝐬."