04/07/2026
El sistema de la administración de justicia está en una crisis terminal, es obligación del gobierno entrante tratar de resolver los problemas y hacer una reforma total. Esta noticia nos muestra a los niveles a los que ha llegado la putrefacción. EL MODUS OPERANDI DEL CLAN TINCO Y ELEONORA YNTUSCA: ASÍ FUNCIONABA LA MAQUINARIA DE CORRUPCIÓN EN LA CORTE DE APURÍMAC
La caída del presidente de la Corte de Justicia y su esposa desnuda la podredumbre de un feudo judicial donde las sentencias se transaban, los puestos se vendían y la fe se instrumentalizaba para el cobro de diezmos.
La Dircocor y el Ministerio Público desmontan una presunta red criminal enquistada en la alta magistratura regional. Con un expediente sostenido por testigos protegidos, las autoridades rastrean cómo el juez José Tinco Luján, su esposa Eleonora Intusca y tres funcionarios habrían convertido la administración de justicia en un negocio de favores y designaciones a dedo.
La madrugada del 2 de julio, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y la DIVITCO, en coordinación con la Fiscalía Suprema, ejecutaron el megaoperativo que sacudió los cimientos del Poder Judicial. Con 21 allanamientos simultáneos desplegados en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno, las autoridades desarticularon a la presunta organización criminal denominada por los investigadores como 'Las Corbatas Negras'.
La operación decantó en la detención preliminar de cinco personas clave, encabezadas por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, y su esposa, Eleonora Intusca Janampa. Junto a ellos cayeron el coordinador de Recursos Humanos, Alexander Puma Valer, el jefe de Imagen Institucional, Marco Antonio Cerrón Trujillo, y Mario Ramos Janampa.
A diferencia de otras intervenciones mediáticas, este caso cuenta con un armazón probatorio robusto. La investigación penal se sostiene firmemente sobre las declaraciones de testigos protegidos y una densa recopilación de elementos de convicción que dan cuerpo a un pliego de 14 hechos delictivos imputados.
La estructura del presunto esquema criminal
El expediente fiscal detalla una presunta estructura delictiva orientada a instrumentalizar las decisiones administrativas y jurisdiccionales dentro de la Corte de Apurímac. Según las pesquisas, el modus operandi se dividía en tres ejes comerciales plenamente definidos:
1. Venta de plazas y copamiento administrativo
Utilizando la influencia de la presidencia de la Corte y el control operativo del área de Recursos Humanos mediante Alexander Puma Valer, la presunta red habría montado una aduana laboral. El ingreso o permanencia de servidores administrativos y la contratación de personal judicial específico —como Lisbeth Gianella Torres Alvitres, Priscilla Noemi Rojas Terán y Heiner Oscar Jacinto Benites— se habrían condicionado a prebendas económicas y directivas particulares.
2. Designación irregular de magistrados "a la carta"
Uno de los puntos más graves de las 14 imputaciones gira en torno a la manipulación del cuerpo de magistrados. La hipótesis del Ministerio Público señala que la red ejercía presiones y represalias contra los jueces independientes que no se alineaban a sus directivas.
El caso testigo es el del juez superior provisional Andrés Abelino Flores Aguilar, expectorado arbitrariamente de la Sala Mixta de Andahuaylas y Chincheros. En su reemplazo, Tinco Luján nombró al abogado Ronald Atahui Ramos como juez supernumerario, pese a que este no figuraba en el registro oficial de abogados hábiles para asumir la judicatura. Las pesquisas apuntan a que este movimiento se dio a cambio de un directo beneficio económico.
3. El brazo financiero y la instrumentalización de la fe
Dentro de la presunta red, Eleonora Intusca Janampa ocupaba un rol medular en la captación de activos. De acuerdo con las fuentes judiciales y los testimonios protegidos, Intusca inducía y presionaba al personal de la Corte para que depositaran sumas de dinero en sus cuentas bancarias personales. El vehículo de coacción era sutil pero efectivo: se exigían como "aportes voluntarios" bajo el pretexto de las celebraciones de la Virgen de las Cocharcas; sin embargo, quienes no cumplían con el desembolso arriesgaban la continuidad de sus contratos de trabajo.
Presiones, direccionamiento y el blindaje previo
El objetivo final del entramado delictivo no era solo el control de las planillas públicas, sino el direccionamiento de los fallos judiciales. La Dircocor identificó un patrón de favorecimiento en las resoluciones dictadas desde la Corte de Apurímac para beneficiar las causas patrocinadas por abogados vinculados a la organización, mencionándose específicamente en las pesquisas a Edwin Manuel Torres Espinoza y a la propia Eleonora Intusca.
La permanencia de Tinco Luján en el cargo supremo de la región ya arrastraba serios cuestionamientos legales. Previamente, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANCPJ) lo había sancionado con una suspensión de seis meses. No obstante, el magistrado logró recuperar el sillón presidencial de la Corte gracias a una polémica medida cautelar otorgada por César Almanza Barazorda, juez del Primer Juzgado Civil de Andahuaylas, un hecho que hoy vuelve a estar bajo la estricta lupa de los investigadores.
Con la incautación de material tecnológico y documental realizada en la sede central de la Corte en Abancay, el módulo penal y el módulo básico de Andahuaylas, los peritos de la DIVITCO iniciaron el deslacrado de la información. El caso, bajo la estricta reserva de la fiscalía suprema, entra en una etapa decisiva donde el levantamiento del secreto bancario de los involucrados terminará por delimitar el alcance real de la privatización de la justicia en Apurímac.
Mientras los litigantes de las provincias más postergadas de Apurímac mendigaban justicia, en las cuentas bancarias de la presunta red criminal se tejía una realidad paralela de opulencia, viajes y propiedades. En nuestra próxima entrega, revelamos al detalle el rastro financiero, los bienes no declarados y los gastos de lujo del clan familiar que pretendió privatizar el derecho en la región.
Fuente: La Opinión Apurimac
