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23/06/2026
15/06/2026

CASACION 131-2016/ CALLAO
En el delito de peculado en la modalidad de utilización no es necesario que se practique una pericia contable para establecer el perjuicio patrimonial que se causó al Estado (que se requiere cuando se trata de la modalidad de peculado por apropiación), pues se sanciona al agente por usar el bien de la administración pública ilegalmente (y sin el ánimo apropiatorio), independientemente de la producción de un perjuicio patrimonial. Constituye un presupuesto de imputación a título de autor, que exista una relación funcional entre el agente infractor del delito (funcionario o servidor público) y el objeto apropiado o utilizado. Ese deber extrapenal del funcionario o servidor público que lo vincula con la administración o custodia de los caudales o efectos tiene que estar contenido en la ley o reglamentos de corte administrativo, pues es indispensable que esa competencia funcionarial se encuentre plasmada para establecer la titularidad de dicha esfera.

29/05/2026

RECURSO DE AMPARO en el expediente 02530-2025-0-1801-SP-DC-03 DRA. DELIA MILAGROS ESPINOZA VALENZUELA.

El recurso de amparo en el Expediente 02530-2025-0-1801-SP-DC-03 presentado por Delia Milagros Espinoza Valenzuela trata sobre la presunta vulneración de sus derechos constitucionales por parte del Congreso de la República, luego de que fuera inhabilitada para ejercer función pública y se autorizara la formación de causa penal en su contra.

Según la demanda, Delia Espinoza solicitó mediante proceso de amparo:

Que se declare la nulidad e inaplicabilidad de las Resoluciones Legislativas del Congreso N.° 007-2025-2026-CR y 008-2025-2026-CR.
Que se deje sin efecto su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
Que se anule la decisión del Congreso que autorizó el inicio de proceso penal en su contra por presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y posible instigación a usurpación de funciones.
Que se ordene su reposición como fiscal suprema titular y, en parte de su pretensión, también como fiscal de la Nación.

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundada en parte la demanda el 26 de mayo de 2026 y ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público, dejando sin efecto para su caso las resoluciones legislativas cuestionadas.

Jurídicamente, el proceso gira alrededor de varios derechos constitucionales alegadamente vulnerados:

derecho al debido proceso,
derecho al ejercicio de la función pública,
derecho a la debida motivación de las resoluciones,
tutela procesal efectiva,
y límites del control político del Congreso frente a derechos fundamentales.

Además, el caso tiene relevancia constitucional porque enfrenta competencias entre:

el Congreso,
el Poder Judicial,
la Junta Nacional de Justicia,
y el Ministerio Público,
respecto a la destitución, reposición e inhabilitación de altos funcionarios del sistema de justicia peruano.

28/05/2026

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