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Especialidad en Derecho Penal | Derecho Procesal Penal | Derecho Administrativo

12/10/2026

La Corte Suprema, en el recurso de nulidad n.° 1398-2018/Callao, advirtió que una decisión judicial no puede sustentarse en aparentes contradicciones originadas por una transcripción defectuosa de una entrevista en cámara Gesell. Cuando existen dudas sobre su fidelidad, corresponde contrastarla con el registro audiovisual original para determinar qué fue realmente declarado.

En el caso analizado, la Corte Suprema declaró nula la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio oral, disponiendo expresamente la reproducción del CD que contenía la entrevista.

10/10/2026

La Corte Suprema, en la casación n.° 3696-2023/Junín, reafirma que las irregularidades administrativas o la existencia de un perjuicio económico no bastan, por sí solas, para acreditar el delito de colusión. La concertación debe demostrarse mediante prueba suficiente y, cuando se recurre a indicios, estos deben permitir construir una inferencia racional sobre la existencia del pacto ilícito.

En el caso analizado, la insuficiencia de la prueba sobre la concertación llevó a la Corte Suprema a casar la sentencia condenatoria y absolver a los recurrentes.

07/10/2026

Cerramos la jornada con un importante resultado favorable en segunda instancia. La Sala Penal de Apelaciones declaró fundado nuestro recurso de apelación contra el auto de enjuiciamiento y dispuso su nulidad. Asimismo, pese a la oposición del Ministerio Público, declaró fundada nuestra excepción de prescripción por el delito de negociación incompatible, disponiendo el sobreseimiento de la causa respecto de nuestro patrocinado.

06/10/2026

La Apelación n.° 77-2025/Lima aborda una cuestión relevante para la defensa durante la investigación preliminar: ¿el vencimiento del plazo determina automáticamente la nulidad de las actuaciones fiscales realizadas con posterioridad? La Corte Suprema precisa que el control de plazo busca verificar el vencimiento del término establecido y distingue entre plazos propios e impropios, señalando que la inobservancia de estos últimos no genera, por sí sola, preclusión ni invalidez automática de las actuaciones posteriores.

En el caso concreto, mientras se encontraba pendiente la apelación, el Ministerio Público formalizó y continuó la investigación preparatoria. Por ello, la Sala Penal Permanente declaró que carecía de objeto emitir pronunciamiento sobre el recurso por haberse producido sustracción de la materia. El criterio resulta relevante porque diferencia el vencimiento del plazo, sus posibles consecuencias disciplinarias y la validez de los actos de investigación realizados posteriormente.

03/10/2026

La casación n.° 1977-2022/Puno aborda una cuestión procesal relevante: si la entrevista única en cámara Gesell pierde validez cuando no fue actuada como prueba anticipada. La Corte Suprema precisó que esa omisión no genera, por sí sola, una nulidad automática, siempre que la diligencia haya sido incorporada válidamente al proceso y no exista una afectación sustancial al derecho de defensa.

El criterio pone el foco en la contradicción, el control de la defensa y la existencia de otros elementos de corroboración, distinguiendo entre una irregularidad procesal y una verdadera vulneración de garantías fundamentales.

30/09/2026

Nuestro estudio jurídico asumió la defensa de nuestros patrocinados en un proceso penal seguido por los delitos de usurpación de funciones y uso de documento público falso, frente a una acusación formulada por el Ministerio Público que sostenía que habrían ejercido funciones municipales sin contar con vínculo alguno con la entidad y elementos con apariencia institucional.

Durante el desarrollo de la defensa se cuestionó que la sola posesión de dichos objetos pudiera ser equiparada automáticamente al ejercicio de una función pública o al uso penalmente relevante de un documento falso, exigiéndose que la imputación fuera contrastada con prueba objetiva y suficiente.

24/09/2026

La casación n.° 3320-2022/Junín precisa que el estado de ebriedad, por sí solo, no justifica una disminución de pena. Para aplicar una eximente imperfecta por grave alteración de la conciencia, debe acreditarse que la intoxicación afectó significativamente las facultades cognitivas o volitivas del agente; el dosaje etílico constituye un elemento relevante, pero debe valorarse junto con las circunstancias concretas del caso y el comportamiento desplegado.

En este caso, la Corte Suprema consideró que el sentenciado conservó orientación, memoria, capacidad de desplazamiento e interacción, por lo que descartó una grave alteración de la conciencia. En consecuencia, declaró fundado el recurso de casación del Ministerio Público y restableció la pena de 20 años de privación de libertad impuesta en primera instancia.

22/09/2026

Defensa penal especializada para casos que exigen análisis riguroso, criterio jurídico y una respuesta técnicamente sólida.

18/09/2026

¿PUEDE SER CONDENADO POR ROBO QUIEN NO PARTICIPÓ EN EL ASALTO, PERO ENCARGÓ LOS VEHÍCULOS QUE DEBÍAN SER SUSTRAÍDOS?
La Corte Suprema analizó si una persona que no intervino materialmente en los asaltos podía responder penalmente por robo agravado cuando era quien solicitaba determinados modelos de vehículos, sabiendo que serían obtenidos mediante violencia o amenaza. El punto central fue determinar si esa conducta constituía coautoría, receptación o una forma distinta de intervención delictiva.

En el recurso de nulidad n.° 1588-2023/Lima Norte, la Corte Suprema descartó la coautoría por ausencia de dominio del hecho, pero concluyó que la conducta encajaba en la instigación prevista en el artículo 24 del Código Penal, al considerar acreditado que el acusado determinaba a los ejecutores a cometer los robos solicitando vehículos específicos. Por ello, reformó el título de intervención de coautor a instigador y mantuvo la pena de diez años de privación de libertad.

15/09/2026

La casación n.° 1440-2022/Puno desarrolla un criterio relevante sobre los límites de la valoración probatoria en segunda instancia. La Corte Suprema precisó que la Sala de Apelaciones no puede sustituir libremente la valoración de una prueba personal actuada bajo inmediación en primera instancia, salvo que exista una razón objetiva y jurídicamente suficiente que habilite apartarse de dicha apreciación.

En el caso concreto, la Sala Superior revocó una condena por trata de personas agravada y absolvió a la acusada, pero la Corte Suprema advirtió que la declaración de la menor agraviada había sido revalorada sin identificar un error manifiesto, una contradicción grave ni prueba nueva que justificara modificar su credibilidad. Asimismo, cuestionó el análisis fragmentado de las corroboraciones periféricas y el uso aislado de rasgos psicológicos para debilitar el testimonio. Por ello, casó la sentencia absolutoria y ordenó que otro Colegiado Superior realice un nuevo juicio de apelación.

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