Estudio Mendoza Malpartida & Asociados

Casa
Peru
Lima
Estudio Mendoza Malpartida & Asociados

Somos una firma legal que cuenta con abogados expertos en Derecho penal económico y de la empresa.

25/08/2026

El caso de Hui Ka Yan evidencia cómo la manipulación financiera, el desvío de recursos y el abuso de una posición de poder pueden desencadenar consecuencias penales de máxima gravedad. La justicia determinó responsabilidad por prácticas de falsificación financiera, captación fraudulenta de fondos, sobornos y apropiación indebida de activos vinculados a Evergrande.

Más allá de la magnitud económica del caso, la decisión plantea una reflexión jurídica sobre la responsabilidad penal en la alta dirección empresarial, el fraude corporativo y los límites del poder dentro de las organizaciones. Un caso que pone bajo la lupa la relación entre gobierno corporativo, criminalidad económica y protección del sistema financiero.

21/08/2026

El caso de Bashar al Assad plantea una cuestión central del Derecho Penal Internacional: ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad de quien ocupa la máxima posición de poder dentro de un aparato estatal? Según el fallo descrito, el exmandatario fue considerado responsable por haber utilizado las estructuras militares, de inteligencia y estatales para ejecutar una política de represión sistemática contra la población civil, incluyendo asesinatos, torturas y privaciones ilegales de la libertad.

La decisión también destaca la relevancia de la responsabilidad de los altos mandos, la calificación de los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad y las particularidades de un proceso desarrollado en ausencia de los principales acusados. El caso abre, además, un importante debate sobre los límites del poder estatal, la justicia penal frente a graves violaciones de derechos humanos y la responsabilidad individual de quienes dirigen estructuras capaces de ejecutar políticas criminales.

20/08/2026

¿Discurso político o discurso de odio? Los límites penales en una campaña electoral

Cuando la confrontación política abandona el terreno de las propuestas y recurre a expresiones homofóbicas, misóginas o acusaciones falsas, puede afectar no solo el honor y la dignidad de una persona, sino también la participación política en condiciones de igualdad. En este contexto, el uso sistemático de estos discursos podría generar consecuencias jurídico-penales por discriminación, conforme al artículo 323 del Código Penal, y por difamación, de acuerdo con el artículo 132, especialmente cuando se difunden imputaciones falsas capaces de perjudicar gravemente la reputación del adversario.

El debate electoral debe permitir la crítica y la confrontación de ideas, pero estas libertades no pueden convertirse en herramientas para hostigar, excluir o desacreditar a un contendiente mediante ataques basados en características personales o acusaciones carentes de sustento. La política no puede convertirse en un espacio donde la dignidad y la igualdad sean sacrificadas en nombre de la competencia electoral.

18/08/2026

¿Puede un juez fundamentar una decisión en una norma derogada?

La Apelación N.° 23-2018, Áncash analiza los límites de la discrecionalidad judicial y la responsabilidad de los magistrados de conocer la vigencia de las normas que aplican. En el caso, una jueza concedió una medida cautelar sustentándose en una disposición que ya no se encontraba vigente, generando una base normativa ficticia para amparar la pretensión de una cooperativa.

La Corte Suprema consideró que el uso de una norma derogada puede comprometer el correcto funcionamiento de la administración de justicia y ser relevante para la configuración del delito de prevaricato. La posterior revocación de la decisión por una instancia superior no elimina, por sí misma, la relevancia penal de la conducta, especialmente cuando la decisión se sustentó en una norma sin vigencia.

14/08/2026

¿Puede sancionarse la omisión de asistencia familiar cuando cumplir es materialmente imposible?

La Casación N.° 3104-2023, Lambayeque aborda los límites de la responsabilidad penal en los delitos de omisión, bajo el principio ad impossibilia nemo tenetur: nadie puede ser obligado a realizar aquello que materialmente no puede cumplir. En el caso, la discapacidad severa y la enfermedad progresiva del procesado comprometían objetivamente su capacidad para generar ingresos y cumplir con el pago de las pensiones devengadas.

La Corte Suprema resalta que, para que exista responsabilidad penal por omisión de asistencia familiar, debe acreditarse la capacidad individual de acción. No basta presumir que el obligado podía obtener ingresos mediante conjeturas o indicios insuficientes. Sin embargo, la absolución penal por imposibilidad de cumplimiento no elimina ni modifica la obligación alimentaria ni la deuda acumulada, cuya exigibilidad puede mantenerse en la vía civil.

13/08/2026

¿Puede un juez ejercer la docencia sin comprometer su imparcialidad?

La Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 165-2026 analiza los límites entre la libertad de cátedra y el deber de imparcialidad judicial. El caso plantea un punto central: la justicia no solo debe ser imparcial, sino también aparentar serlo, evitando cualquier conducta que pueda generar dudas razonables sobre la neutralidad del magistrado.

El Tribunal destaca que la proyección de imágenes de procesados dentro de un organigrama vinculado a actos de corrupción, mientras se encontraba pendiente una decisión judicial sobre ellos, podía constituir un adelanto de opinión incompatible con la equidistancia exigida a todo juez. La libertad de cátedra no es absoluta cuando su ejercicio puede comprometer la confianza en la administración de justicia.

13/08/2026

La actividad probatoria mínima constituye una garantía esencial del debido proceso. En el Recurso de Nulidad N.º 814-2025, Lima, la Corte Suprema enfatiza que una sentencia condenatoria no puede sustentarse en elementos que no fueron incorporados y debatidos válidamente durante el juicio oral, pues ello afecta los principios de oralidad, inmediación, contradicción y presunción de inocencia.

El caso también resalta la importancia de la oralización de los medios probatorios y de una valoración rigurosa del testimonio de la víctima. Sin una corroboración periférica debidamente actuada en juicio, la prueba resulta insuficiente para enervar la presunción de inocencia. Una sentencia penal exige no solo pruebas, sino prueba válida, actuada y sometida a contradicción.

10/08/2026

⚖️ RECONOCEMOS LA DESTACADA PARTICIPACIÓN DE NUESTRO SOCIO FUNDADOR, HUGO MENDOZA

Felicitamos a nuestro socio fundador, Hugo Mendoza, por su destacada participación como jurado en el I Moot Nacional de Derecho Penal Económico – Lavado de Activos, desarrollado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Este importante certamen académico reunió a destacados equipos de distintas partes del país en rigurosos debates jurídicos sobre la problemática del lavado de activos, promoviendo la excelencia académica, el pensamiento crítico y el desarrollo de la dogmática penal económica. Desde Mendoza Malpartida & Asociados, celebramos estos espacios que contribuyen a la formación de nuevas generaciones de profesionales del Derecho.

05/08/2026

⚖️ CASO PAVEL DUROV: PRIVACIDAD DIGITAL, MODERACIÓN DE CONTENIDOS Y RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS

El caso de Pavel Durov evidencia uno de los debates jurídicos más complejos del derecho digital contemporáneo: el equilibrio entre la protección de la privacidad mediante el cifrado de extremo a extremo y las facultades de los Estados para investigar delitos graves. Mientras Rusia atribuye al fundador de Telegram una presunta colaboración con actividades terroristas por no eliminar determinados canales y bots, en otras jurisdicciones como Francia y Australia también se cuestiona la responsabilidad de la plataforma por la insuficiente moderación de contenidos y el incumplimiento de obligaciones legales de cooperación con las autoridades.

Más allá de las particularidades de cada proceso, el caso plantea interrogantes sobre los límites de la responsabilidad penal de los proveedores de servicios digitales, el alcance del deber de colaboración con la justicia y la tensión permanente entre la libertad, la privacidad y la seguridad pública. Un debate que continúa redefiniendo el futuro de la regulación de las plataformas digitales y del derecho penal en el ciberespacio.

04/08/2026

⚖️ CASO LILI PINK: LAVADO DE ACTIVOS, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DEBIDO PROCESO

El denominado caso Lili Pink constituye uno de los procesos más relevantes en materia de criminalidad económica en Colombia. La investigación comprende presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando, con un supuesto entramado de empresas fachada utilizado para ocultar el origen de los recursos. Como consecuencia, el Estado intervino cientos de establecimientos comerciales mediante la figura de extinción de dominio, mientras la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la administración de la compañía con el objetivo de preservar la continuidad de sus operaciones y los puestos de trabajo.

Sin embargo, el proceso también pone de relieve la importancia del debido proceso en la persecución penal. Una jueza declaró ilegales diversas pruebas obtenidas durante los allanamientos al advertir irregularidades procesales atribuibles a la Fiscalía, decisión que podría impactar significativamente la estrategia de la acusación. El caso evidencia que, incluso frente a investigaciones de gran magnitud, el respeto de las garantías procesales constituye un presupuesto indispensable para la validez de la prueba y la legitimidad de la actuación penal.

Dirección

Avenida Las Camelias 406/San Isidro
Lima

Teléfono

+51973397206

Página web

https://www.mendozamalpartida.com/

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Estudio Mendoza Malpartida & Asociados publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.