14/04/2026
Habiendo concluido el proceso electoral, el cual se desarrolló con serias deficiencias organizativas, resulta inevitable advertir una serie de situaciones que generan preocupación en torno al rol que han venido desempeñando las encuestadoras.
Uno de los aspectos más llamativos ha sido la marcada discrepancia entre los resultados difundidos por diversas encuestadoras y los resultados reales obtenidos en las urnas. En efecto, se observó cómo determinados candidatos fueron posicionados de manera reiterada en lugares expectantes —incluso dentro de los primeros puestos— sin que ello reflejara un respaldo ciudadano efectivo.
Tal es el caso de César Acuña, quien fue ubicado constantemente en el tercer o cuarto lugar en distintos sondeos, pero que finalmente no logró superar la valla electoral. Situación similar ocurrió con José Luna (Pepe Luna), a quien se le atribuía un quinto lugar competitivo, sin embargo, los resultados evidenciaron que tampoco alcanzó representación. Del mismo modo, el general Williams no logró superar la valla electoral, pese a haber sido considerado dentro de escenarios con cierta viabilidad electoral.
Estas diferencias no pueden ser consideradas simples márgenes de error, sino que plantean serias interrogantes sobre la metodología, objetividad y transparencia de las encuestadoras. En contextos democráticos, la información que estas difunden tiene un impacto directo en la formación de la voluntad popular, pudiendo incluso influir en el denominado “voto útil” o en la percepción de viabilidad de los candidatos.
En ese sentido, resulta legítimo cuestionar si estamos frente a errores técnicos reiterados o si, por el contrario, existe un problema más profundo vinculado a la falta de independencia de ciertas encuestadoras, lo que podría derivar en la distorsión del proceso democrático.
La gravedad del asunto radica en que estas prácticas, lejos de contribuir a una ciudadanía informada, podrían estar induciendo a error al electorado, afectando la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
Por ello, se hace necesario abrir un debate serio sobre la regulación, supervisión y responsabilidad de las encuestadoras en el país, a fin de garantizar que su actuación responda a criterios técnicos, éticos y verdaderamente independientes.
