Dr. Irvin Márquez Canales

02/04/2026

15/02/2026

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Lo ocurrido hoy en la caleta Centeno constituye un hecho grave e inaceptable que ha afectado la institucionalidad democrática y el respeto entre autoridades y prensa local.

Se ha evidenciado una actitud hostil y provocadora por parte de periodistas provenientes de la provincia de Islay en contra del alcalde provincial de Camaná y de los periodistas locales, en un contexto que genera serias sospechas sobre una posible injerencia política externa en asuntos que competen exclusivamente a la jurisdicción de Camaná.

Resulta inadmisible que se pretenda alterar el clima de diálogo y respeto institucional mediante actos de confrontación que manchan la investidura del alcalde provincial de Camaná y afectan la honra y el ejercicio profesional de los periodistas camanejos, quienes cumplen su labor con responsabilidad y arraigo territorial.

Ante la gravedad de los hechos, exijo que las autoridades competentes inicien de inmediato las investigaciones correspondientes, a fin de determinar:
• Quiénes promovieron y financiaron estas acciones,
• Si se han utilizado recursos públicos para actividades fuera de la jurisdicción correspondiente,
• Y si existe responsabilidad política, administrativa o penal de funcionarios o autoridades involucradas.

De comprobarse que autoridades de otra provincia han intervenido indebidamente en territorio ajeno, corresponde ver la aplicación estricta de las sanciones que la ley establece, en defensa del principio de legalidad, la autonomía municipal y el respeto entre jurisdicciones.

Camaná no permitirá intromisiones ni prácticas que vulneren su institucionalidad, su territorio ni la dignidad de sus autoridades y periodistas.

14/02/2026

Las niñas primero: ni propaganda política ni presión ideológica

Lo que se está viendo no es una defensa de las niñas, sino una instrumentalización del dolor para empujar una agenda ideológica.
En el Perú, los refugios que acogen a niñas víctimas de violación salvan vidas y existen porque el Estado no siempre llega a tiempo. Criminalizar esa labor solidaria es irresponsable.

Hasta hoy no existen pruebas de que se haya impedido un ab**to terapéutico, pero sí existe una campaña de presión que busca confundir ab**to terapéutico con ab**to voluntario para abrirle paso a este último por la vía mediática.

Eso no significa que todo valga: la exposición pública de menores es un error que debe condenarse, venga de quien venga.
Pero equivocarse en la forma no convierte en delito una labor de protección, ni justifica un linchamiento político.

Defender a las niñas implica más refugios, más supervisión del Estado y menos manipulación ideológica.
Usar su sufrimiento como bandera para imponer agendas ajenas no es justicia, es oportunismo.

Las niñas no son propaganda.
Ni para la política, ni para el ab**to.