25/06/2026
Hoy en ATV analizamos la reciente aprobación de la ley que modifica los alcances del fuero militar-policial y establece cadena perpetua para policías y militares vinculados con bandas u organizaciones criminales.
Mi posición es clara: el Estado debe sancionar con máxima severidad a quienes, desde la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, traicionan su función y colaboran con el crimen organizado.
Sin embargo, esa finalidad legítima no puede justificar una ampliación indebida del fuero militar-policial.
Cuando el bien jurídico afectado es la vida, la integridad, la libertad o los derechos de civiles, la competencia debe mantenerse en la justicia penal ordinaria. El uniforme no convierte un delito común en delito de función.
Casos como Colcabamba evidencian el riesgo de permitir que muertes de civiles ocurridas durante operativos estatales sean tratadas como asuntos internos de la institución.
La justicia militar-policial debe ser excepcional. No puede convertirse en una jurisdicción paralela ni en una vía para archivar procesos sin audiencia, sin recurso y sin reparación civil.
No se combate el crimen organizado debilitando al juez natural.
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