07/08/2026
“El desafuero no es cacería política, es cumplimiento de la ley”: Dr. Alejandro Lagunes Toral
Xalapa-Enríquez, a jueves 06 de marzo de 2026
De acuerdo con la opinión del Dr. Alejandro Lagunes Toral, especialista en Ciencias Penales y Juicios Orales, nos brinda su opinión más objetiva en esta columna de análisis exclusiva de CAMPAING:
El desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván ha generado diversas reacciones en el ámbito público; sin embargo, es importante que este hecho se analice con objetividad y apego al Estado de derecho, evitando convertir un procedimiento legal en un debate de carácter político. El Congreso del Estado cuenta con las facultades constitucionales y legales para conocer, analizar y resolver este tipo de procedimientos. Para emitir una determinación de esta naturaleza, deben existir elementos jurídicos que sustenten la decisión dentro del marco de las atribuciones que la ley le confiere al Poder Legislativo. Aunado a eso, resulta relevante señalar que los suplentes que asumirán las responsabilidades municipales pertenecen al mismo partido que los alcaldes desaforados.
Este hecho por sí mismo debilita la narrativa de que se trate de una persecución o una cacería política, ya que no existe un cambio en la fuerza política que gobierna los municipios.
En un sistema democrático nadie debe estar por encima de la ley. Los servidores públicos, independientemente de su afiliación partidista, tienen la obligación de responder por sus actos cuando las instituciones competentes así lo determinen, siempre con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
“ᴇʟ ᴅᴇꜱᴀꜰᴜᴇʀᴏ ʀᴇᴄɪᴇɴᴛᴇ ᴅᴇ ʟᴏꜱ ᴅᴏꜱ ᴀʟᴄᴀʟᴅᴇꜱ ᴅᴇʙᴇ ᴀɴᴀʟɪᴢᴀʀꜱᴇ ᴅᴇꜱᴅᴇ ʟᴀ ʟᴇɢᴀʟɪᴅᴀᴅ, ɴᴏ ᴅᴇꜱᴅᴇ ʟᴀ ᴘᴏʟíᴛɪᴄᴀ”.
- Exclamó el Dr. Alejandro Lagunes Toral en un apunte clave expresado durante la entrevista concedida a este medio.
Por ello, es fundamental que este tipo de resoluciones no se utilicen para polarizar a la sociedad; politizar un procedimiento legal únicamente debilita la confianza ciudadana en las instituciones y desvía la atención del verdadero objetivo: garantizar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del servicio público. La justicia debe actuar sin distingos partidistas y las decisiones institucionales deben evaluarse con base en los hechos, las pruebas y el marco jurídico aplicable, no desde intereses políticos o discursos que busquen confrontar a la sociedad.
Fotografía: Team Campaign