23/02/2026
Hoy, con el acuerdo del de Puebla, se repite la misma historia que ya vivimos con la Reforma al Poder Judicial Federal: decisiones tomadas sin consulta previa, sin una reforma formal, y sin respetar el libre albedrío y la autonomía judicial. Ahora, los juzgados municipales de Puebla están en proceso de liquidación, un cambio que se toma con un simple acuerdo, como si fuera una “ayuda al pueblo”, cuando en realidad solo está concentrando aún más el poder en una sola institución, debilitando el sistema judicial.
Esto me recuerda mi paso como titular del Poder Judicial, cuando intentaron callarme,amenazarme y exiliarme por no coincidir políticamente con el ejecutivo municipal en turno. Fue entonces cuando obtuve una sentencia de amparo favorable, ya que mis derechos humanos fueron violados.
La justicia pronta y expedita, así como el acceso directo a la misma para la ciudadanía, siempre han sido elementos clave para proteger los derechos humanos de todos. Los juzgados municipales jugaron un papel crucial en este sentido. Aunque, como en cualquier sistema, hubo excepciones, en jueces que deberían no llamarse jueces y que solo vieron esa oportunidad y la Institución como un negocio. (omito nombres). La función de los Juzgados Municipales fue vital en la defensa de los derechos de las personas, sobre todo en comunidades más alejadas.
Ahora, con la decisión de cerrar estos juzgados y trasladar los casos a las cabeceras distritales judiciales, lo que se logrará es aumentar el rezago judicial y la corrupción, afectando directamente a la ciudadanía. La "justicia pronta y expedita" se convertirá en una utopía, y el acceso a la justicia se hará más distante para aquellos que más lo necesitan. Aún más, la capacidad para dictar resoluciones de manera eficiente se verá limitada, lo que, lejos de mejorar el sistema, lo hará más lento y menos efectivo.
Es fundamental que reconozcamos la importancia de mantener un sistema judicial independiente y cercano a la gente, tal como fueron concebidos los juzgados municipales. Esta decisión, lejos de ser una mejora, representa un paso atrás en la lucha por una justicia accesible y equitativa.
