Asesores Migratorios

18/03/2026

25/02/2026

Dañados por Quien Debería Protegerlos.

En México, particularmente en Tapachula, Chiapas, se observa una preocupante tendencia en la que ciertos juzgados federales niegan sistemáticamente la protección del amparo a los migrantes solicitantes de refugio.

Esta denegación se basa en argumentos que exceden las competencias jurisdiccionales de los jueces, quienes rechazan la concesión de la justicia federal bajo la presunción de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) enfrenta una sobrecarga operativa que impide su atención oportuna.

Sin embargo, conforme a la Ley de Amparo, en su Artículo 1, este instrumento jurídico está diseñado para resolver controversias derivadas de actos u omisiones de autoridades que vulneren derechos humanos, sin permitir que el juzgador presuponga la inocencia de la autoridad responsable alegando mera saturación administrativa.

El Artículo 73 de la misma ley establece que el análisis debe centrarse en la existencia de una violación real, no en excusas operativas. Asimismo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido reiteradamente que la sobrecarga administrativa no constituye un fundamento válido para denegar la protección, como se ha evidenciado en tesis relacionadas con rechazos de solicitudes de refugio por “abandono” forzado.

Esta práctica deja a los migrantes en una situación de vulnerabilidad extrema, expuestos a riesgos sin posibilidad de movilidad o integración laboral. Es imperativo que el sistema judicial cumpla estrictamente con la normativa vigente y priorice la salvaguarda de los derechos humanos. Invitamos a reflexionar sobre esta problemática y a promover acciones que garanticen una justicia equitativa.

No permitas que tus derechos sean violentados. ¡Llámanos al 9621933118!

Tu tranquilidad y la de los tuyos es nuestro compromiso.

Asesores migratorios.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Tribunales Colegiados Del Vigésimo Circuito Tribunales Colegiados Del Vigésimo Circuito Corte Interamericana de Derechos Humanos Secretaría de GobernaciónUNHCR, the UN Refugee Agency ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados

15/02/2026

En mi calidad de abogado migratorio y especialista en derechos humanos, manifiesto mi profunda preocupación por el diseño y operación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que parece priorizar el rechazo sistemático en lugar de la protección efectiva de migrantes y solicitantes de asilo.

Estas prácticas contravienen la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al revictimizar a los solicitantes mediante la prolongación de su exposición a riesgos y traumas.

La dilación en los trámites, con esperas que exceden meses o años en Tapachula, viola el principio de celeridad procesal y el derecho a una resolución oportuna. Esto deja a miles en un limbo jurídico, sin acceso a empleo, educación o salud, exponiéndolos a violencia y pobreza, en infracción al non-refoulement y estándares de la CIDH y ONU. Tales demoras perpetúan el trauma de la persecución original, revictimizando a los afectados.

Las entrevistas grabadas, realizadas frecuentemente sin representación legal adecuada ni sensibilidad cultural, generan intimidación y sesgos en los testimonios, violando el debido proceso y la privacidad.

Además, solicitar al migrante autorización para consultar a la embajada o consulado de su país no solo expone a riesgo al solicitante, sino que expone a sus familiares en el país de origen a represiones de carácter civiles y penales, violando la confidencialidad y principios de protección internacional.

Informes de HRW y CIDH destacan cómo esto socava la confidencialidad y un procedimiento justo, revictimizando mediante la exposición forzada de traumas.

Los rechazos arbitrarios, con variaciones por nacionalidad y tasas elevadas en ciertos casos, ignoran riesgos de persecución y facilitan deportaciones masivas, contraviniendo tratados internacionales. Esto revictimiza al retornar a entornos peligrosos sin evaluación adecuada.

Urge que México reforme su sistema para alinearse con el derecho internacional, garantizando protección digna.

La revictimización no puede ser tolerada.

Marco Alfonso Viaña
Mtro. en Gestión Gubernamental y Mtro. en Derecho Migratorio.

05/02/2026

¿ENTREVISTA O INTERROGATORIO POLICIAL?

¡Atención a todos! Como abogado migratorio con años de experiencia acompañando a cientos de solicitantes de refugio en México, he presenciado de primera mano el calvario que representan las entrevistas grabadas de la COMAR. Estas no solo revictimizan a personas ya traumatizadas, sino que los entrevistadores, en su afán por hallar inconsistencias o causales de negativa, los llevan al límite emocional, cuestionando detalles minuciosos que solo agravan el sufrimiento. Vamos a desglosarlo desde una perspectiva jurídica y humanitaria, basada en lo que he vivido en innumerables sesiones.
1. La obligación de revivir traumas bajo presión: Los solicitantes son forzados a relatar con lujo de detalles los horrores que los obligaron a abandonar su país, familia y patrimonio: violencia, persecuciones, torturas o amenazas de muerte. En mi práctica, he visto cómo los entrevistadores insisten en preguntas repetitivas y agresivas, buscando cualquier grieta para cuestionar la credibilidad, lo que desencadena crisis de pánico, TEPT o colapsos emocionales. Esto no es solo inhumano; viola el principio de no revictimización establecido en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, que México ha ratificado. Organizaciones como Human Rights Watch han reportado estos abusos en el sistema mexicano, donde el proceso se convierte en una cacería de “inconsistencias” en lugar de una evaluación compasiva.
2. Violación a la dignidad humana y la integridad personal: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 5) prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención contra la Tortura refuerza esto al considerar la tortura mental como inaceptable. Sin embargo, en estas entrevistas, sin apoyo psicológico adecuado, los solicitantes son empujados al borde: “Repita eso, ¿está seguro? ¿Por qué no lo mencionó antes?” –frases que he oído una y otra vez, diseñadas para desestabilizar y justificar negaciones. Amnesty International ha documentado cómo estas prácticas en México agravan la vulnerabilidad de víctimas de violencia de género o persecución política, convirtiendo el asilo en un segundo tormento.
3. Impacto en la salud, privacidad y acceso a la justicia: El derecho a la salud (Artículo 25 de la DUDH) y a la privacidad se pisotean cuando las grabaciones no garantizan confidencialidad, exponiendo a los solicitantes a riesgos adicionales si regresan o si hay filtraciones. En mi experiencia, muchos abandonan el proceso por el agotamiento mental, o reciben negativas basadas en “falta de evidencia” tras horas de interrogatorio exhaustivo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones sobre omisiones en COMAR, pero persisten demoras y presiones que obstruyen el debido proceso.
Es imperativo reformar urgentemente: implementar protocolos sensibles con psicólogos presentes, opciones de testimonios escritos o no grabados cuando haya riesgo de trauma, y capacitar a entrevistadores para priorizar la protección sobre la denegación. Los refugiados no son sospechosos; son sobrevivientes que merecen empatía y justicia.

¡Difundamos esto para presionar cambios! ¿Has vivido o conocido un caso similar? Comparte en comentarios.

Secretaría de Gobernación Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados UNHCR, the UN Refugee Agency Corte Interamericana de Derechos Humanos



Imagen realizada con AI, solo para fines ilustrativos.