21/09/2026
Seguimos compareciendo diariamente en audiencias iniciales de formulación de imputación y vinculación a proceso y es lamentable que hasta este momento no haya sido discutido ni aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 678/2022, elaborado bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, cuyo estudio se relaciona directamente con la constitucionalidad de los artículos 261, párrafo primero, y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como con el estándar probatorio exigible para dictar un auto de vinculación a proceso.
La propuesta plantea incorporar el estándar denominado “probabilidad inductiva prevaleciente”, conforme al cual ya no debería ser suficiente la existencia aislada de datos de prueba, sospechas o afirmaciones ministeriales para someter formalmente a una persona a proceso penal. La Fiscalía tendría que presentar una hipótesis de imputación completa (en sus dimensiones fáctica, probatoria y jurídica) y demostrar que, a partir de datos relevantes y fiables, la existencia del hecho delictivo y la probable intervención del imputado resultan razonablemente más probables que su negación.
Asimismo, el proyecto exige que el juez de control realice tres operaciones mínimas: identificar concretamente los datos de prueba; valorar su relevancia, fiabilidad y peso; y explicar la inferencia racional que permite relacionarlos con el hecho atribuido y con la probable participación del imputado. Cuando la defensa presente una hipótesis alternativa respaldada por elementos propios, el juzgador deberá confrontarla con la versión ministerial y determinar cuál posee un mayor grado de confirmación.
La falta de discusión de este proyecto mantiene vigente un margen excesivamente amplio para que continúen dictándose vinculaciones sustentadas en motivaciones aparentes, datos aislados o inferencias insuficientes. Su análisis no pretende elevar el estándar al nivel exigido para una sentencia condenatoria ni favorecer la impunidad; busca impedir que la mera sospecha se convierta en proceso penal y garantizar que toda vinculación sea una decisión racional, verificable y respetuosa de la presunción de inocencia.
La justicia penal mexicana necesita que este debate se retome con seriedad, transparencia y responsabilidad constitucional.
