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28/04/2026

ESCUELAS BAJO ALERTA
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!
Puebla llega al umbral del Día del Niño con sus escuelas bajo una doble alerta: mientras la Secretaría de Educación Pública de Puebla pide no difundir mensajes de amenazas de tiroteo que circulan en redes —ya investigadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla como parte de un reto viral—, y el caso del “cuarto oscuro” en el Colegio Carrusel Magone escala a movilización de padres, el propio gobernador Alejandro Armenta Mier ha llamado a no minimizar estas amenazas, en un contexto donde incluso reacciones como la del presidente municipal de Huejotzingo evidencian tensiones entre autoridades y comunidad escolar sobre cómo enfrentar la alarma.

En ese escenario, el tema permanece fuera del espacio donde debería explicarse con mayor amplitud y claridad: la conferencia de prensa del gobernador. En esta ocasión, en las llamadas mañaneras de Puebla, las problemáticas se reconocen parcialmente, pero no se explican de manera integral como un asunto real y central; no se ha incentivado su cuestionamiento por parte de los reporteros a quienes se les permite formular preguntas, ni se ha instruido a los titulares de la SEP estatal, Manuel Viveros Narciso; de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt; y de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, a rendir un informe público. En un contexto donde la incertidumbre crece en aulas y familias, la omisión no es menor: convierte un problema que exige explicación en un tema que se administra por silencio.

LO QUE SABEMOS DE LAS AMENAZAS Y EL COLEGIO CARRUSEL

En Puebla, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la apertura de investigaciones por la difusión del reto viral conocido como “tiroteo mañana”, detectado en mensajes que circularon en redes sociales y chats escolares durante las últimas semanas de este mes. De acuerdo con reportes publicados en medios locales, al menos seis casos de alertas se registraron en municipios como Puebla capital, Atlixco y Huauchinango, con episodios específicos como el ocurrido en el CENHCH, donde mensajes en sanitarios detonaron protocolos de revisión. Aunque no se ha confirmado la materialización de ataques, las consecuencias han sido tangibles: suspensión de clases, activación de protocolos preventivos y presencia de cuerpos de seguridad en inmediaciones de planteles.

En este contexto, el propio gobernador Alejandro Armenta Mier ha llamado a no minimizar estas amenazas, mientras que instancias de seguridad han reconocido la existencia de reportes y han impulsado acciones preventivas.

A este escenario se suma la reacción de autoridades municipales, como el caso del presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, quien, ante la difusión de mensajes de amenaza en planteles, lanzó un llamado en tono de reproche a padres de familia para no generar alarma. El posicionamiento, que trascendió a medios nacionales, evidenció otro ángulo del problema: la tendencia de las autoridades a responsabilizar la difusión antes que explicar el origen y alcance de las amenazas, trasladando la carga de la incertidumbre a la propia comunidad escolar.

Sin embargo, en paralelo, la Secretaría de Educación Pública de Puebla ha centrado su postura en exhortar a no difundir estos mensajes para evitar alarma social, lo que evidencia una narrativa institucional dividida entre el reconocimiento del problema y su contención comunicativa.

En paralelo, el caso del Colegio Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla, pasó de la denuncia a la movilización. Padres de familia hicieron público el hallazgo de un presunto “cuarto oscuro” dentro del plantel, señalado como un espacio de castigo hacia alumnos, lo que derivó en la intervención de autoridades educativas y ministeriales. La situación escaló con manifestaciones a las afueras de la escuela y la difusión de testimonios en video por parte de estudiantes y familiares, quienes han buscado posicionar su versión de los hechos ante medios de comunicación.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se ha presentado un informe público integral que esclarezca plenamente los hechos. Mientras tanto, ambos casos —las amenazas y el colegio— comparten un mismo denominador: la incertidumbre que persiste entre la comunidad escolar ante la falta de información clara, oportuna y suficiente por parte de las autoridades.

EL PROBLEMA EN SILENCIO.
El fondo del problema no radica únicamente en la existencia de amenazas o en la denuncia de prácticas internas, sino en la forma en que se está gestionando la información pública. Mientras los mensajes sobre supuestos tiroteos siguen apareciendo en redes y chats escolares —identificados por la Fiscalía como parte de un fenómeno asociado a retos virales—, y el caso del Colegio Carrusel Magone se encuentra bajo investigación, la respuesta institucional ha sido fragmentaria: llamados a no difundir, operativos reactivos y ausencia de una explicación integral.

En ese contexto, la responsabilidad recae de manera directa en quien encabeza el sistema educativo estatal, Manuel Viveros Narciso, cuya trayectoria pública ha estado marcada por su identidad como hablante de la lengua náhuatl y por sus poses de cercanía con las comunidades indígenas. Precisamente por ello, el momento exige algo más que su presumido lenguaje autóctono: requiere comunicación clara, accesible y suficiente, capaz de llegar a madres, padres, docentes y estudiantes en términos que generen tranquilidad y confianza real.

No se trata sólo de informar, sino de explicar: qué está ocurriendo, cómo se están atendiendo los casos, qué protocolos existen y qué garantías hay de que los entornos escolares son seguros. Porque cuando la autoridad se limita a pedir que no se difunda, pero no ofrece una narrativa completa que sustituya la incertidumbre, deja espacio a que otros —redes, rumores, grupos organizados— ocupen ese lugar.

El caso Carrusel Magone es ilustrativo: la ausencia de una postura pública suficientemente clara permitió que la comunidad escolar se organizara, convocara a medios y difundiera su propia versión de los hechos. No es un hecho aislado, sino la consecuencia de un vacío comunicativo que, en un tema tan sensible como la infancia, se amplifica con rapidez.

En paralelo, las amenazas de tiroteo —aunque no se hayan materializado— han tenido efectos reales: suspensión de clases, temor en familias y presión sobre autoridades escolares. La reacción institucional, centrada en desactivar la difusión, no resuelve la inquietud de fondo: qué tan preparados están los planteles para enfrentar un escenario de riesgo, qué medidas concretas se han implementado y quién está evaluando esos riesgos.

En ese punto, la exigencia ya no es mediática, es estructural. La Secretaría de Educación no sólo administra escuelas: garantiza condiciones de seguridad, confianza y certidumbre. Y cuando esos tres elementos empiezan a debilitarse, lo que está en juego no es la imagen institucional, sino la tranquilidad de toda una comunidad educativa.

El problema, entonces, no es que no se hable.
Es que se habla por partes…
y ninguna termina de explicar el todo, aun cuando se interprete o traduzca incluso en náhuatl.

Porque cuando la alerta circula más rápido que la explicación,
la incertidumbre deja de ser percepción
y se convierte en el único mensaje que sí está llegando: nehyolpacholiztli (inquietud del corazón), dicho incluso en el idioma que presume comprender quien hoy despacha en la SEP… aunque lo que siga sin entender es el fondo del problema.

Y ante ese vacío, la pregunta se desplaza inevitable: ¿qué esperan los diputados del Congreso del estado para llamarlo a cuentas y exigirle una explicación que hoy no está dando?

27/04/2026

NIÑEZ SIN RESPUESTA
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!
La salud mental de niñas, niños y adolescentes es el ámbito al que menos atención se presta. La frase no provino de un sesudo diagnóstico académico, mucho menos de un informe técnico, sino de una respuesta oficial improvisada en conferencia de prensa la semana pasada.

La emitió Michelle Talavera Herrera, directora de Convenciones y Parques del gobierno estatal, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier la designara, de manera inesperada, para responder a una pregunta en apariencia simple: si los servidores públicos se sumarían a acciones directas en favor de la infancia —como visitas a escuelas o actividades de lectura— en el marco de la estrategia impulsada en días recientes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La escena, ocurrida el miércoles 22 de abril en la Ciudad de México, fue breve, pero reveladora.

—¿Sí me preguntó usted algo? —dudó la joven funcionaria al llegar al atril, visiblemente sorprendida y aún más distraída, actitud que incomodó al mandatario poblano, quien —por dentro— bien pudo estarse preguntando cómo es que llegó a integrar a su gabinete a perfiles tan improvisados como el de Talavera Herrera, quien no acredita haber concluido una carrera profesional y, sin embargo, ocupa una posición pública cuyo sustento, a juzgar por la escena, parece descansar en otros méritos.

El cuestionamiento era claro. La respuesta no lo fue.

Talavera Herrera transitó de la duda inicial a una exposición general sobre la importancia de atender a la niñez “desde el origen”, el papel de la familia y la escuela, y la necesidad de reforzar la atención institucional. En ese recorrido, dejó escapar una afirmación que, más allá de la forma, fijó el fondo: la salud mental infantil es, en los hechos, un tema tan relegado como el propio momento lo evidenció; pasa desapercibido, se subestima y, cuando irrumpe en la agenda, no siempre encuentra una respuesta a la altura de su urgencia ni de su exigencia.

El momento obligó al propio gobernador a intervenir. Retomó la palabra, amplió el diagnóstico y condujo la respuesta hacia los programas en marcha, los centros de atención existentes y la posibilidad de abrir foros para discutir, incluso, la regulación del acceso de menores a dispositivos móviles.

La transcripción del intercambio confirma el desplazamiento: de una pregunta concreta sobre acciones específicas, a una respuesta que derivó en diagnósticos generales y promesas a futuro. En los hechos, el tema aún no se traduce en acciones concretas. El contraste es evidente: mientras la atención a la niñez permanece en fase discursiva, otras agendas —como los apoyos a equipos y espectáculos deportivos, la organización de la Feria de Puebla, la conmemoración del 5 de mayo y los preparativos rumbo al Mundial de futbol— sí muestran ejecución inmediata y recursos definidos.

El episodio ocurrió en un contexto distinto. La conferencia de prensa no tenía como propósito abordar la situación de la niñez, sino promover actividades vinculadas a la Feria de Puebla y otras celebraciones próximas. Fue a partir de una pregunta expresa que el tema de la salud mental infantil irrumpió en la agenda del momento.

Ahí se produjo el contraste. Mientras la conferencia avanzaba sobre festividades, eventos y organización conmemorativa, la pregunta introdujo un tema de fondo que no formaba parte del guion. La respuesta, en consecuencia, no se ancló en acciones concretas y derivó en generalidades y planteamientos a futuro.

La pregunta no era menor.

Era directa: si los servidores públicos acudirán a atender a niñas y niños.

Y la respuesta, al final, confirmó que no la había: la atención a la niñez, pese a que este 30 de abril se le declare prioridad en un gobierno que mantiene la vista en las canchas, el ring y las celebraciones.

24/04/2026

DUELO CLAVE
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!
La verdadera feria en Puebla no es la exposición industrial, cultural y social que ayer se inauguró en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Esa es la oficial y más de lo mismo. La otra —la que realmente se destaca— es la política, la que ya se m***a con la vista puesta en 2027 y con destino al Palacio de Charlie Hall, donde comenzó la disputa por frenar —o confirmar— las aspiraciones reeleccionistas del morenista José Chedraui. En vísperas del 5 de mayo, mientras la ciudad se alista para la conmemoración histórica, dentro de Morena lo que se vive es otra cosa: una guerra sin declaratoria formal, pero con movimientos cada vez más visibles.

Y como en toda fiesta, habrá espectáculo. La inauguración, los eventos, los desfiles y las ceremonias no serán sólo actos públicos: serán pasarelas de señales. Políticos, analistas y periodistas estarán más atentos a los gestos que a los discursos, más pendientes de las ausencias que de los aplausos. Porque lo que realmente está en juego no es la celebración, sino la definición del “coordinador” de Morena en Puebla capital, antesala directa de la candidatura a la presidencia municipal poblana.

Lo que se vio en la inauguración de la Feria de Puebla no fue un destape —sería prematuro—, sino un ajuste fino: calendario, género… y contienda acotada. Sin decirlo, se perfiló un duelo no anunciado entre Olivia Salomón y Laura Artemisa. No hubo cartel previo, pero sí dirección. Y mientras en el ring de la expo se promociona la pelea de dos cartuchos quemados —Julio César Chávez y el Travieso Arce—, en la política poblana la verdadera pelea ya está planteada: dos figuras con peso, título y nombre…

La novedad no es un perfil en particular, sino el movimiento del tablero: Morena empezó a ordenar la conversación rumbo a 2027 bajo dos claves que ya operan sin estar escritas: será mujer… y no será cualquiera. Y ese mensaje, traducido desde el centro hacia lo local —con la intermediación del coordinador del gabinete estatal—, comenzó a hacer efecto inmediato: perfilar a unas y desdibujar a otros.

Por eso, la señal más clara no vino de quien levantó la mano, sino de quien decidió bajarla. La declinación anticipada de José Luis García Parra no cerró el juego: lo reconfiguró. Al descartarse, no sólo se retiró; confirmó la regla. Introdujo el argumento que hoy ordena la narrativa interna: el género como criterio de decisión. No como resultado de competencia, sino como punto de partida. A partir de ahí, el tablero se movió con rapidez: lo que antes era una baraja amplia, comenzó a reducirse a un carril definido.

Ese movimiento desplazó el eje de la discusión. La contienda dejó de ser una suma de aspiraciones para convertirse en un proceso de alineación. Y en ese nuevo terreno, los perfiles empezaron a acomodarse casi de manera automática. Por un lado, se consolida la ruta de Laura Artemisa García Chávez, con operación territorial, estructura institucional y narrativa social construida desde Bienestar. Su presencia no es estridente, pero sí constante; no es abierta, pero sí evidente. Su perfil encaja con precisión en el molde que se ha trazado: mujer, con territorio, con discurso y con tiempos alineados. Y en ese mismo trazo se ubica como la carta fuerte del gobernador Alejandro Armenta Mier, lo que no sólo la posiciona, sino que la respalda dentro de la lógica de control y definición que hoy domina el proceso.

En paralelo, pero en otra escala, se posiciona Olivia Salomón Vibaldo. Su nombre no se construye desde la operación local, sino desde la validación política. Aparece en columnas nacionales, vinculada a decisiones estratégicas y a su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso la coloca en una dimensión distinta: no sólo como opción, sino como referencia. No necesariamente compite por el mismo espacio inmediato, pero sí influye en cómo se define.

Pero su peso no se agota en la elección de 2027. En el tablero poblano, la figura de Olivia Salomón Vibaldo empieza a leerse también como proyección hacia 2030, lo que la convierte en una presencia que no sólo compite, sino que condiciona el horizonte político completo. Esa doble lectura —lo inmediato y lo sucesorio— es lo que la vuelve relevante… y, al mismo tiempo, una variable incómoda para la actual élite política estatal.

Cargando, además, con una historia política compleja: su impulso inicial vinculado al gobierno de Miguel Barbosa Huerta, un antecedente que en ciertos sectores sigue generando reservas, pero que ha buscado atenuar mediante una imagen renovada y una narrativa distinta. A ello se suma un elemento de identidad privada relevante: su vínculo con Rafael Moreno Valle Sánchez —su difunto esposo—, distinto al del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, cuya figura aún conserva reconocimiento en amplios sectores empresariales. En medio de esos referentes, Olivia Salomón Vibaldo también construyó una etapa propia al desempeñarse como secretaria de Economía durante la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, lo que le permitió consolidar perfil técnico y presencia pública. Entre esos antecedentes —uno que pesa, otro que respalda y una gestión que acredita—, configura hoy una posición que no depende sólo de su trayectoria, sino del lugar que ocupa en el equilibrio de fuerzas, cuestión fundamental para aspirar a gobernar la quinta ciudad más importante del país.

Del otro lado, en el Partido Acción Nacional, la escena es todavía más elocuente: no es que no tengan aspirantes, es que no llegaron a la fiesta. Y es literal. Mientras en Morena se leen señales, se alinean perfiles y se acotan reglas, en la oposición se enumeran nombres sin orden ni dirección: perfiles como diputada local, regidora capitalina, dirigente partidista, ex funcionaria municipal. Teresa Aranda Orozco (exsecretaria de Desarrollo Social), Mónica Rodríguez Della Vecchia (diputada local), Augusta Díaz de Rivera Hernández (dirigente estatal), Carolina Beauregard Martínez (diputada federal), Paola Angon Silva (exalcaldesa), Blanca Jiménez Castillo (exdiputada), Roxana Luna Porquillo (exdiputada federal). Este grupo de mujeres en el radar no construyen competencia; exhiben dispersión. No hay figura dominante, no hay narrativa, no hay momento. La mediocridad no está en la falta de perfiles, sino en la incapacidad de convertirlos en opción. Y en política, llegar tarde no es un accidente… es una forma de quedarse fuera.

De ahí que, en ese vacío de definición, incluso se recurra a fórmulas ya ensayadas. No como innovación, sino como repetición. El modelo híbrido que podría representar Blanca Alcalá Ruiz —ese intento de sumar pasado priista con presente opositor— no es novedad en Puebla. Ya se vio antes, con figuras como Rafael Moreno Valle Rosas y otros perfiles que cruzaron siglas y proyectos prometiendo eficacia por encima de ideología. El resultado es conocido: desencanto ciudadano. Por eso, más que alternativa, esa ruta suena a déjà vu político. Y cuando la oferta se parece demasiado a lo que ya falló, el problema no es de memoria… es de falta de opciones.

Y en ese ajuste fino, otros perfiles comienzan a quedar fuera sin que nadie tenga que decirlo. Levantar la mano ya no alcanza si no se está dentro del nuevo criterio. Ahí entran, por ejemplo, los intentos de reelección de José Chedraui Budib, que hoy se perfilan más como aspiración que como posibilidad real. No por falta de interés, sino por un cambio de reglas que ya fue delineado desde el centro: la definición de Claudia Sheinbaum de cerrar el paso a la reelección en cargos de elección popular dentro de Morena. Si bien su efecto constitucional se proyecta hacia 2030, en la práctica partidista el mensaje ya opera desde ahora y se aplicará en 2027. En ese contexto, insistir en la reelección no sólo es ir contra la corriente, es ignorar la señal. Algunos se adelantaron, otros se quedaron esperando y varios simplemente no entendieron el nuevo marco. Porque en este proceso no gana quien más insiste, sino quien ya estaba considerado desde el principio.

Así, entre festejos, desfiles y ceremonias, la política poblana envía su mensaje con claridad suficiente para quien quiera leerlo: no habrá competencia abierta, habrá selección. Y esa selección ya empezó. Como lo dijo semanas atrás el gobernador Alejandro Armenta Mier, en tono casi litúrgico: “quien tenga oídos, que oiga; y quien tenga ojos, que vea”. Porque en Puebla, a estas alturas, las señales no sólo se entienden… se anuncian como en feria: a la vista de todos, con música de fondo y la ganadora definida antes de que se abran las urnas… y antes de que las fajadoras se suban al ring. Que no distraigan: ni Julio César ni el Travieso; la pelea de verdad ya está decidida.

23/04/2026

Casi me arranco un dedo...

23/04/2026

DEDAZO VISIBLE
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!

El mensaje del gobernador Alejandro Armenta —“el que se mueve mucho sale borroso”— no fue casual ni improvisado: es la versión actualizada de aquella vieja consigna del priismo clásico, atribuida al viejo líder obrero Fidel Velázquez: “el que se mueve no sale en la foto”. Cambia la forma, no el fondo. En Puebla, la frase apunta a lo mismo: disciplina, control de tiempos y visibilidad regulada. Y el mensaje fue entendido por actores de primer orden. Nombres como Laura Artemisa García Chávez y José Luis García Parra disimuladamente le bajaron a sus espectaculares. No fue coincidencia ni prudencia espontánea: fue acatamiento. El problema es que, a estas alturas, lo que ya no les ayuda es construir visibilidad: sus postulaciones no han logrado prender en el ánimo del electorado; por el contrario, se perciben desgastados y evidencian que, si llegan a la candidatura, no será por arrastre propio, sino por la vía del dedazo. Y ese tipo de disciplina, más cercana al viejo PRI que a un movimiento abierto, tampoco necesariamente ayuda a construir liderazgo.

A la par, se instala una regla que ya nadie disimula: quien aspire en 2027 tendrá que dejar el cargo. La medida funciona como filtro político más que como principio de equidad. Y tiene una antesala clara: primero se disputa la coordinación, figura que en los hechos se convierte en la antesala automática de la candidatura. Ahí es donde la ecuación se complica: nadie quiere que la precampaña salga de su propio bolsillo, y el riesgo —cada vez más comentado— es que termine cargándose, directa o indirectamente, al presupuesto público, justo aquello que la consigna fundacional de Morena —impulsada por Andrés Manuel López Obrador— prometía erradicar: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En Puebla, las piezas ya se mueven: Olivia Salomón avanza sin confrontar; Rodrigo Abdala empuja presencia, inquieto al verse desplazado; y al alcalde José Chedraui Budib se le ha marcado un alto a sus intentos de reelección, pese a que insiste en sostenerse pagando encuestas que, más que consolidarlo, reflejan desaprobación ciudadana.

Fuera de la capital, el mismo patrón empieza a replicarse en las cabeceras clave. En Tehuacán, la dirigente estatal de Morena, Olga Romero García Crespo, se perfila como figura central… de absoluta y total desaprobación; en Atlixco, la secretaria de Agricultura del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, aparece en el radar… de quienes leen que la encomienda también sirve para jalar agua a su molino; mientras que en las Cholulas comienzan a moverse actores locales: en San Andrés, Raymundo Cuautli Martínez, con más de una década buscándola sin conseguirla; en San Pedro, el llamado efecto Tonantzin Fernández parece más de entrega que de contención; y en Izúcar de Matamoros, Pável Gaspar Ramírez repite la fórmula conocida: volver al territorio cuando toca ir por el voto. Se suman otros frentes: Juan Manuel Alonso y Norma Layón aparecen en versiones hacia el rumbo de San Martín Texmelucan; y en Cuautlancingo, Omar Muñoz mantiene el activo político de haber derrotado el cacicazgo panista, encaminado a buscar la reelección. Son plazas estratégicas: lo que ahí se defina marcará la pauta para el resto de los municipios.

A esto se suman versiones que corren con rapidez en círculos políticos: operadores que impulsan campañas adelantadas, estructuras que se mueven desde el erario y nombres que aparecen más por padrinazgos que por trayectoria. En ese clima, la política deja de ser sólo competencia y empieza a parecer administración de candidaturas. Y eso, inevitablemente, genera ruido incluso dentro del propio movimiento.

Así, Puebla entra a una etapa peculiar: mientras el poder busca ordenarse internamente, la realidad externa introduce ruido, cuestionamientos y competencia anticipada. No hay ruptura visible, pero sí tensiones acumuladas. Y en ese escenario, la advertencia inicial cobra otro sentido: no es sólo que “el que se mueve sale borroso”… es que, cuando la competencia se administra y la decisión se anticipa, ni moverse ni quedarse quieto garantiza claridad; apenas confirma quién ya estaba en la foto desde antes. Y así, quien se mantiene en el cargo para hacer campaña con cargo al presupuesto y llega por dedazo, deja una huella demasiado evidente como para llamarle liderazgo o legitimidad.

22/04/2026

REACOMODOS RUMBO 2027
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!

No hay un anuncio que lo declare.
Pero los hechos ya lo muestran.

En Puebla, la política dejó de estar en pausa. Entró, sin decirlo, en la fase previa a 2027. Y no por un evento aislado, sino por la coincidencia de movimientos que, en conjunto, dibujan un reacomodo.

La filtración del nombre de Olivia Salomón como posible aspirante a la presidencia municipal de Puebla no es un dato menor. No por la persona en sí, sino por el método: cuando los nombres empiezan a circular antes de los tiempos formales, lo que está en marcha no es una candidatura, sino un posicionamiento. Es el primer síntoma de que la competencia ya comenzó, aunque aún no se reconozca públicamente.

A la par, los movimientos dentro de la dirigencia de Morena confirman que la estructura partidista también se está ajustando. No se trata sólo de cambios orgánicos o administrativos. Se trata de ordenar el terreno: definir equilibrios, cerrar filas, y preparar la maquinaria que, llegado el momento, sostendrá decisiones que ya empiezan a perfilarse.

Pero el reacomodo no se limita al partido.

La operación de venta de e-Consulta introduce una variable adicional: el ecosistema informativo. No es un hecho menor que uno de los medios digitales más influyentes del estado cambie de manos en este contexto. En política, la disputa no es únicamente por el poder, sino por el relato. Y cuando un medio con capacidad de incidencia modifica su estructura de control, lo que se altera no es sólo su propiedad, sino su posición dentro del mapa de influencia.

En paralelo, los ajustes en el área de comunicación social del gobierno estatal apuntan en la misma dirección. Cambiar equipos de comunicación no es un acto neutro. Implica redefinir mensajes, prioridades y formas de interlocución. En otras palabras: reorganizar cómo se construye y se administra la narrativa pública.

Vistos de forma aislada, cada uno de estos hechos podría interpretarse como parte de la dinámica normal de gobierno. Pero en conjunto, adquieren otro significado.

Porque no ocurren en momentos distintos.
Ocurren al mismo tiempo.

Y cuando candidaturas se empiezan a mover, el partido se reordena, los medios cambian y la comunicación institucional se ajusta, lo que aparece no es una serie de hechos dispersos, sino un patrón: el paso de la gestión al proyecto político.

Esto tiene implicaciones concretas.

La primera es que el gobierno comienza a operar bajo una doble lógica: administrar el presente y construir la continuidad. La segunda es que el margen de decisión se concentra. Y la tercera, quizá la más relevante, es que la discusión pública deja de centrarse únicamente en resultados y empieza a girar alrededor de posiciones.

Nada de esto, por sí solo, configura una crisis.
Pero tampoco es intrascendente.

Es, en sentido estricto, un reacomodo.

Un momento en el que las piezas empiezan a moverse antes de que el tablero se declare abierto. Un momento en el que lo que no se dice pesa tanto como lo que se anuncia. Y un momento en el que la política deja de esperar el calendario para empezar a anticiparlo.
En Puebla, ese momento ya comenzó

21/04/2026

CONSENSO ANTICIPADO
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!

En San José Chiapa, el consenso se anunció antes de mostrarse.
La denominada “asamblea comunitaria” encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier presentó el Polo de Economía Circular como un proyecto con respaldo social; sin embargo, lo observado en su desarrollo sugiere otra cosa: la aceptación no se acreditó plenamente en el encuentro, sino que apareció como una conclusión previamente construida dentro de un ejercicio orientado más a informar y persuadir que a deliberar.

Bajo el formato de la llamada “mañanera poblana”, el evento combinó informe de ofrecimientos de obras y compromisos por parte de la administración estatal con una participación limitada de habitantes. Desde el arranque, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, fijó la narrativa al asegurar que, tras las asambleas realizadas en San José Ozumba, San José Morelos, San Isidro Ovando, Ojo de Agua, La Purísima y Nuevo Vicencio, “la mayor parte de la gente… apoya el proyecto”, dando por sentado un consenso previamente construido. La versión oficial sostiene que los pobladores “expresaron su aceptación” al proyecto de la recicladora; pero en la escena concreta, ese respaldo resulta más sugerido que comprobado. No hubo votación, ni acuerdo verificable, ni un mecanismo claro de validación colectiva.

En ese mismo encuadre, el gobierno estatal acompañó la presentación del proyecto con un paquete de acciones inmediatas. Durante la reunión se anunció la entrega de una ambulancia para el hospital comunitario, así como una serie de obras en materia de drenaje, caminos, electrificación, salud, educación y apoyos al campo. Estas intervenciones serían ejecutadas mediante el programa de obra comunitaria, bajo un esquema en el que los recursos serán entregados directamente a comités locales, con la instrucción expresa de que las mujeres funjan como tesoreras y administren el presupuesto. El planteamiento, reiterado por el propio gobernador, busca acelerar la ejecución de obras y generar participación comunitaria, aunque también se inscribe en la lógica del encuentro: vincular la socialización del proyecto con la atención inmediata de demandas históricas.

Las intervenciones ciudadanas incluidas —dos participaciones— permiten dimensionar ese matiz y contrastar la narrativa oficial con lo expresado en el propio encuentro. Margarita Martínez, de San José Ozumba, expresó su acuerdo con la instalación del polo, pero lo hizo en un tono condicionado: reconoció la necesidad del proyecto ante la problemática de residuos, al tiempo que subrayó el rezago en servicios de salud, atención a jóvenes y carencias estructurales en las comunidades, llamando a la empatía y a no reducir la discusión a la recicladora. En la misma línea, Clemente López, de San Isidro Ovando, respaldó la iniciativa como una oportunidad de empleo y limpieza, pero vinculó su viabilidad a problemas inmediatos como la insuficiencia en la recolección de basura, la necesidad de más unidades y mejoras en seguridad. En ambos casos, el apoyo no aparece como una adhesión plena, sino como una aceptación sujeta a condiciones no resueltas.

Ese contexto fue parcialmente reconocido por el propio gobernador Armenta Mier, quien enmarcó el proyecto como una corrección al modelo de desarrollo previo en la región, particularmente el asociado a la instalación de Audi. Señaló que los beneficios de ese esquema no alcanzaron a las comunidades locales y que el nuevo enfoque busca integrar a la población al desarrollo económico, recuperando lo que definió como una “ciudad perdida” en referencia a Ciudad Modelo.

Mientras tanto, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Samaniego Leyva, detalló que el proyecto contempla una planta con capacidad de procesamiento de 800 toneladas diarias y la generación de 500 empleos directos, con inicio de urbanización previsto para 2026 y operación total hacia 2027. También precisó que el desarrollo se encuentra aún en fase de diseño y pendiente de estudios de impacto ambiental.

El proceso descrito por las autoridades corresponde a una estrategia de socialización progresiva, donde la información del proyecto se difunde conforme avanza su definición técnica, más que a un esquema de consulta previa en sentido estricto. Es decir, la aceptación social no antecede al proyecto: se construye en paralelo.

El encuentro, en conjunto, deja ver un proceso donde la validación social no parte de una resolución colectiva explícita, sino de una narrativa institucional que la anticipa. Así, la “asamblea” funciona menos como un espacio de decisión y más como un mecanismo de comunicación pública orientado a consolidar respaldo en torno a una iniciativa ya en curso, cuyo desarrollo —lejos de estar resuelto— apunta a mantenerse como un foco de tensión tanto para el gobierno federal como para el estatal.

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