28/04/2026
ESCUELAS BAJO ALERTA
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!
Puebla llega al umbral del Día del Niño con sus escuelas bajo una doble alerta: mientras la Secretaría de Educación Pública de Puebla pide no difundir mensajes de amenazas de tiroteo que circulan en redes —ya investigadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla como parte de un reto viral—, y el caso del “cuarto oscuro” en el Colegio Carrusel Magone escala a movilización de padres, el propio gobernador Alejandro Armenta Mier ha llamado a no minimizar estas amenazas, en un contexto donde incluso reacciones como la del presidente municipal de Huejotzingo evidencian tensiones entre autoridades y comunidad escolar sobre cómo enfrentar la alarma.
En ese escenario, el tema permanece fuera del espacio donde debería explicarse con mayor amplitud y claridad: la conferencia de prensa del gobernador. En esta ocasión, en las llamadas mañaneras de Puebla, las problemáticas se reconocen parcialmente, pero no se explican de manera integral como un asunto real y central; no se ha incentivado su cuestionamiento por parte de los reporteros a quienes se les permite formular preguntas, ni se ha instruido a los titulares de la SEP estatal, Manuel Viveros Narciso; de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt; y de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, a rendir un informe público. En un contexto donde la incertidumbre crece en aulas y familias, la omisión no es menor: convierte un problema que exige explicación en un tema que se administra por silencio.
LO QUE SABEMOS DE LAS AMENAZAS Y EL COLEGIO CARRUSEL
En Puebla, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la apertura de investigaciones por la difusión del reto viral conocido como “tiroteo mañana”, detectado en mensajes que circularon en redes sociales y chats escolares durante las últimas semanas de este mes. De acuerdo con reportes publicados en medios locales, al menos seis casos de alertas se registraron en municipios como Puebla capital, Atlixco y Huauchinango, con episodios específicos como el ocurrido en el CENHCH, donde mensajes en sanitarios detonaron protocolos de revisión. Aunque no se ha confirmado la materialización de ataques, las consecuencias han sido tangibles: suspensión de clases, activación de protocolos preventivos y presencia de cuerpos de seguridad en inmediaciones de planteles.
En este contexto, el propio gobernador Alejandro Armenta Mier ha llamado a no minimizar estas amenazas, mientras que instancias de seguridad han reconocido la existencia de reportes y han impulsado acciones preventivas.
A este escenario se suma la reacción de autoridades municipales, como el caso del presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, quien, ante la difusión de mensajes de amenaza en planteles, lanzó un llamado en tono de reproche a padres de familia para no generar alarma. El posicionamiento, que trascendió a medios nacionales, evidenció otro ángulo del problema: la tendencia de las autoridades a responsabilizar la difusión antes que explicar el origen y alcance de las amenazas, trasladando la carga de la incertidumbre a la propia comunidad escolar.
Sin embargo, en paralelo, la Secretaría de Educación Pública de Puebla ha centrado su postura en exhortar a no difundir estos mensajes para evitar alarma social, lo que evidencia una narrativa institucional dividida entre el reconocimiento del problema y su contención comunicativa.
En paralelo, el caso del Colegio Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla, pasó de la denuncia a la movilización. Padres de familia hicieron público el hallazgo de un presunto “cuarto oscuro” dentro del plantel, señalado como un espacio de castigo hacia alumnos, lo que derivó en la intervención de autoridades educativas y ministeriales. La situación escaló con manifestaciones a las afueras de la escuela y la difusión de testimonios en video por parte de estudiantes y familiares, quienes han buscado posicionar su versión de los hechos ante medios de comunicación.
Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se ha presentado un informe público integral que esclarezca plenamente los hechos. Mientras tanto, ambos casos —las amenazas y el colegio— comparten un mismo denominador: la incertidumbre que persiste entre la comunidad escolar ante la falta de información clara, oportuna y suficiente por parte de las autoridades.
EL PROBLEMA EN SILENCIO.
El fondo del problema no radica únicamente en la existencia de amenazas o en la denuncia de prácticas internas, sino en la forma en que se está gestionando la información pública. Mientras los mensajes sobre supuestos tiroteos siguen apareciendo en redes y chats escolares —identificados por la Fiscalía como parte de un fenómeno asociado a retos virales—, y el caso del Colegio Carrusel Magone se encuentra bajo investigación, la respuesta institucional ha sido fragmentaria: llamados a no difundir, operativos reactivos y ausencia de una explicación integral.
En ese contexto, la responsabilidad recae de manera directa en quien encabeza el sistema educativo estatal, Manuel Viveros Narciso, cuya trayectoria pública ha estado marcada por su identidad como hablante de la lengua náhuatl y por sus poses de cercanía con las comunidades indígenas. Precisamente por ello, el momento exige algo más que su presumido lenguaje autóctono: requiere comunicación clara, accesible y suficiente, capaz de llegar a madres, padres, docentes y estudiantes en términos que generen tranquilidad y confianza real.
No se trata sólo de informar, sino de explicar: qué está ocurriendo, cómo se están atendiendo los casos, qué protocolos existen y qué garantías hay de que los entornos escolares son seguros. Porque cuando la autoridad se limita a pedir que no se difunda, pero no ofrece una narrativa completa que sustituya la incertidumbre, deja espacio a que otros —redes, rumores, grupos organizados— ocupen ese lugar.
El caso Carrusel Magone es ilustrativo: la ausencia de una postura pública suficientemente clara permitió que la comunidad escolar se organizara, convocara a medios y difundiera su propia versión de los hechos. No es un hecho aislado, sino la consecuencia de un vacío comunicativo que, en un tema tan sensible como la infancia, se amplifica con rapidez.
En paralelo, las amenazas de tiroteo —aunque no se hayan materializado— han tenido efectos reales: suspensión de clases, temor en familias y presión sobre autoridades escolares. La reacción institucional, centrada en desactivar la difusión, no resuelve la inquietud de fondo: qué tan preparados están los planteles para enfrentar un escenario de riesgo, qué medidas concretas se han implementado y quién está evaluando esos riesgos.
En ese punto, la exigencia ya no es mediática, es estructural. La Secretaría de Educación no sólo administra escuelas: garantiza condiciones de seguridad, confianza y certidumbre. Y cuando esos tres elementos empiezan a debilitarse, lo que está en juego no es la imagen institucional, sino la tranquilidad de toda una comunidad educativa.
El problema, entonces, no es que no se hable.
Es que se habla por partes…
y ninguna termina de explicar el todo, aun cuando se interprete o traduzca incluso en náhuatl.
Porque cuando la alerta circula más rápido que la explicación,
la incertidumbre deja de ser percepción
y se convierte en el único mensaje que sí está llegando: nehyolpacholiztli (inquietud del corazón), dicho incluso en el idioma que presume comprender quien hoy despacha en la SEP… aunque lo que siga sin entender es el fondo del problema.
Y ante ese vacío, la pregunta se desplaza inevitable: ¿qué esperan los diputados del Congreso del estado para llamarlo a cuentas y exigirle una explicación que hoy no está dando?