11/03/2026
¿Creen que $11 pesos por metro cuadrado es un pago justo por tierras ejidales?
Hace unos días me encontré con una nota en la que se informaba que un ejido del estado de Hidalgo fue afectado por un procedimiento de expropiación, estableciéndose un pago de $11.00 por metro cuadrado por las tierras afectadas.
Ante este escenario, surgen las siguientes preguntas:
¿Puede el gobierno pagar lo que quiera por las tierras ejidales?, ¿cómo debe fijarse el pago cuando las necesita para una obra pública?
El gobierno puede ocupar o quitar tierras (ya sean privadas, ejidales o comunales) cuando las necesita para realizar una obra que beneficie a la sociedad, como carreteras, presas o proyectos de infraestructura. Esta facultad está prevista en el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero esto no significa que el gobierno pueda pagar lo que quiera.
La Constitución establece que cuando el Estado expropia o afecta una propiedad debe pagar antes una indemnización, es decir, una compensación económica por la pérdida de la tierra.
Además, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 79/2017 ha señalado que ese pago debe ser justo, lo que significa que debe corresponder al valor real o comercial de la tierra en el momento en que se afecta.
Por esta razón, el monto que se pague no puede decidirse a gusto de la autoridad, sino que debe determinarse mediante un avalúo, es decir, un estudio técnico que calcule cuánto vale realmente la tierra.
En el caso de las tierras ejidales o comunales, reguladas por la Ley Agraria de México, esto significa que el gobierno no puede fijar cualquier cantidad, sino que debe pagar lo que realmente valga la tierra afectada.
En pocas palabras: si el gobierno necesita tierras ejidales para una obra pública, puede expropiarlas, pero está obligado a pagar un precio justo basado en el valor real de esas tierras.
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Atte. Francisco Muñoz Hoyos, abogado postulante en derecho agrario y constitucional, ex consultor en derecho de vía de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.