06/08/2026
🔴 Las instituciones de gobierno que operan con mayor estabilidad jurídica tienen algo en común: El criterio legal no llega después de las decisiones. Forma parte del proceso con el que se toman.
La LGRA establece entre las obligaciones de los servidores públicos registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad. Y cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones o prestación de servicios, de que no existe conflicto de interés con los contratistas.
Esas obligaciones no son responsabilidad exclusiva del servidor público que firma. Son responsabilidad de la institución que diseña los procesos dentro de los cuales ese servidor decide, autoriza y ejecuta.
Una institución que acompaña a sus funcionarios con criterio jurídico estratégico en el momento en que toman decisiones relevantes construye documentación que se sostiene ante cualquier auditoría, reduce la exposición individual de quienes ejecutan y genera condiciones para que el servicio público se ejerza con respaldo real.
El acompañamiento jurídico estratégico no es un gasto de operación.
Es la condición que determina si las decisiones de una institución se sostienen cuando alguien las revisa.
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