04/10/2026
¿Qué pasa cuando una sentencia “termina” el juicio… pero una apelación obliga a empezar otra vez desde atrás?
Les comparto un breve extracto de una resolución dictada en segunda instancia. Y quiero explicarlo en palabras sencillas, porque esto ayuda a entender por qué algunos asuntos familiares pueden durar años.
En este caso se impugnó una sentencia definitiva y la Sala advirtió violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento. Entre otras cuestiones, quedaron pendientes pruebas que resultaban relevantes para determinar el entorno más adecuado para el niño, incluyendo la evaluación de todas las personas señaladas como parte de sus redes de apoyo, petición que se ignoró en el juicio de origen.
¿El resultado? REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
¿Qué significa esto para quien no estudia Derecho? Que aunque ya existía una sentencia, la segunda instancia detectó una violación procesal que podía trascender al resultado y ordenó regresar el procedimiento hasta el punto en que ocurrió, dejar sin efectos la resolución y realizar correctamente las actuaciones necesarias.
Y aquí viene una de las partes más frustrantes para quienes intervienen en un juicio, ya sean las partes o los propios abogados:
¿Cómo es que vamos a regresar si el juicio ya había terminado?
Pues sí. Un juicio puede durar uno, dos o tres años, llegar a sentencia, apelarse y, si se detectan violaciones procesales relevantes, volver hacia atrás. Después habrá que desahogar lo pendiente y eventualmente dictar una nueva resolución.
Por eso una reposición del procedimiento no es un simple tecnicismo. Puede significar meses o incluso más tiempo de litigio, particularmente cuando están involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes.
Y hay otro punto de esta resolución que me parece especialmente importante: la Sala recuerda que el juzgador puede ordenar otras actuaciones o medios de prueba que considere necesarios para emitir una resolución que verdaderamente proteja los derechos del niño.
Aquí viene la pregunta incómoda:
¿Cuántas veces vemos realmente ejercidas esas facultades de manera amplia y eficaz?
Más allá de las ya conocidas pruebas de psicología y trabajo social, ¿cuántas veces vemos investigaciones verdaderamente exhaustivas de las redes de apoyo, entrevistas necesarias, inspecciones u otras diligencias que permitan conocer la realidad familiar antes de decidir sobre guarda, custodia o convivencias?
Porque las facultades existen. El verdadero debate es qué tan eficazmente se utilizan.
Y cuando no se agota correctamente el análisis desde primera instancia, las consecuencias no solamente aparecen en una sentencia de apelación: las viven las familias y, especialmente, las niñas y los niños involucrados.
Una sentencia rápida no necesariamente es una buena sentencia. Pero tampoco debería ser necesario llegar a segunda instancia para que se hagan pruebas que eran indispensables desde el principio.
En su experiencia, ¿qué tan frecuente es que un juez ordene pruebas de oficio realmente distintas y eficaces para conocer a fondo la dinámica familiar? Los leo.
