02/09/2026
Firmar un convenio no siempre es el final feliz con bandera blanca
⚠️ UN CONVENIO MAL CONSTRUIDO PUEDE CONVERTIRSE EN AÑOS DE LITIGIO.
Vamos a reflexionar sobre algo muy frecuente en litigación familiar y que suele comprenderse demasiado tarde. 👉🏼 UNA COSA ES QUE EXISTA UNA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN UN CONVENIO O RESOLUCIÓN JUDICIAL. OTRA, QUE POSTERIORMENTE SE DETERMINE JUDICIALMENTE UN SALDO MEDIANTE SU LIQUIDACIÓN. OTRA, QUE ESA LIQUIDACIÓN SEA REVISADA Y CONFIRMADA EN SEGUNDA INSTANCIA. Y OTRA MUY DISTINTA, QUE SE PROCEDA A SU EJECUCIÓN.
Cada una de esas etapas tiene una naturaleza, un objeto procesal y medios de defensa distintos. Pero antes de llegar a cualquiera de ellas hay que preguntarse ❓¿CÓMO NACIÓ ESA OBLIGACIÓN Y QUÉ ESTRATEGIA JURÍDICA EXISTIÓ DESDE EL PRINCIPIO?
El asunto que motiva esta reflexión parte precisamente de un convenio familiar aprobado judicialmente, del cual posteriormente derivaron obligaciones que fueron objeto de liquidación, revisión en segunda instancia y eventual ejecución.
Cuando años después discutimos una cantidad líquida, una sentencia interlocutoria o los alcances de una ejecución, muchas veces estamos observando únicamente la consecuencia procesal de una decisión tomada mucho tiempo atrás. ❗️EL ORIGEN IMPORTA❗️
Importa cómo fue redactado el convenio, qué elementos fácticos lo sustentaban, qué obligaciones asumió cada parte, qué tan claras eran sus cláusulas, si existía proporcionalidad, si el órgano jurisdiccional realizó un verdadero control sobre su contenido y, sobre todo, qué posibilidades procesales existían desde ese momento para prevenir futuras controversias.
🔺Posteriormente se promovió un incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y otras cantidades derivadas de aquella obligación.
🔺En primera instancia, el órgano jurisdiccional determinó que existía una cantidad a cargo del deudor alimentario y ordenó su pago.
🔺Esa sentencia interlocutoria fue recurrida.
🔺En segunda instancia se analizaron los agravios formulados por la parte obligada. Algunos fueron considerados infundados, Y OTROS, AUN RECONOCIÉNDOLES DETERMINADA RAZÓN JURÍDICA, FUERON DECLARADOS FUNDADOS PERO INOPERANTES.
🔺El resultado fue la confirmación de la sentencia.
Esto parece una “historia procesal sencilla”, se reclamó; se liquidó; se apeló; y se confirmó… Pero ahí está lo interesante. ❗️UNA SENTENCIA FAVORABLE NO ES LO MISMO QUE UNA SENTENCIA EJECUTADA❗️
👉🏼 Cuando un tribunal liquida pensiones vencidas está determinando, mediante resolución judicial, cuál es la cantidad que considera exigible dentro de los periodos y conceptos sometidos a su conocimiento.
Pero que exista una cantidad líquida y determinada no significa que el dinero haya sido entregado.
🚨Si la persona obligada no cumple voluntariamente, comienza otro problema jurídico, LA EJECUCIÓN.
👉🏼 Dependiendo de la legislación aplicable y de las circunstancias particulares, pueden resultar procedentes requerimientos de pago, medidas de apremio, retenciones de ingresos, investigación patrimonial, embargos, afectación de determinados derechos patrimoniales y, eventualmente, los mecanismos de realización de bienes que permita la legislación procesal correspondiente.
❗️Por eso existe una diferencia enorme entre obtener una resolución y obtener materialmente aquello que la resolución reconoce❗️
LIQUIDAR NO ES COBRAR. Y desde la perspectiva de la defensa existe otra afirmación importante. QUE EXISTA UNA LIQUIDACIÓN FIRME TAMPOCO SIGNIFICA QUE TODO LO QUE OCURRIÓ ANTES DE ELLA HAYA SIDO JURÍDICAMENTE CORRECTO ❌.
Ahí aparece el problema de origen. ‼️NO TODO CONVENIO APROBADO JUDICIALMENTE ES, POR ESE SOLO HECHO, MATERIALMENTE CONSTITUCIONAL‼️
Los convenios familiares son instrumentos extraordinariamente útiles. Pero su utilidad no puede convertirlos en zonas exentas de control constitucional.
⚠️ Cuando un convenio involucra alimentos, guarda y custodia, convivencia y derechos de niñas, niños y adolescentes, no estamos ante un contrato patrimonial ordinario en el que la autonomía de la voluntad sea absoluta.
👇🏼
Existen derechos indisponibles. Existen normas de orden público. Existe interés superior de la infancia. Existe el deber de proporcionalidad. Y existe una obligación jurisdiccional de verificar que aquello que se aprueba pueda sostenerse constitucionalmente.
⚠️ Por eso me parece preocupante que todavía encontramos con frecuencia: “LAS PARTES LO FIRMARON; POR TANTO, SE APRUEBA” ❌.
👉🏼 Y todavía más preocupante cuando la propia autoridad, con tal de validar una determinada posición o resolver rápidamente el conflicto, deja de ejercer un verdadero control de constitucionalidad y convencionalidad sobre el contenido del convenio, sin analizar si las cláusulas tienen sustento fáctico, si son proporcionales, si afectan derechos indisponibles o si resultan compatibles con el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Porque el problema no es solamente que las partes puedan equivocarse al convenir. El problema aparece cuando la autoridad judicial convalida esa construcción sin explicar por qué es constitucional, proporcional y jurídicamente ejecutable.
👁️ Y entonces, años después, las consecuencias de esa omisión reaparecen en incidentes, recursos, ejecuciones y nuevos procedimientos. NO BASTA CON APROBAR UN CONVENIO. HAY QUE SABER QUÉ SE ESTÁ APROBANDO Y POR QUÉ PUEDE SOSTENERSE CONSTITUCIONALMENTE.
✍🏼 El consentimiento no corrige por sí mismo una cláusula que carezca de sustento fáctico, que produzca una obligación desproporcionada, que sea ambigua o que afecte derechos fundamentales.
En el asunto que origina esta reflexión, desde la óptica de la defensa existen precisamente serios cuestionamientos constitucionales respecto de las bases fácticas sobre las cuales fue construido y aprobado el convenio original.
Y eso plantea una cuestión procesal ❓❓❓¿Qué sucede cuando años después otro órgano jurisdiccional advierte problemas que debieron haber sido observados desde el momento en que el convenio fue sometido a aprobación?
… mientras más tiempo transcurra, más resoluciones pueden construirse sobre aquella determinación.
🔺Puede existir cosa juzgada. Pueden haberse generado obligaciones sucesivas. Puede existir una liquidación. Puede haberse promovido una apelación. Y el litigante puede encontrarse intentando cuestionar en una etapa de ejecución algo que jurídicamente debió discutirse mucho antes.
📌 Ahí la estrategia se vuelve determinante.
UN AGRAVIO PUEDE TENER RAZÓN Y, AUN ASÍ, NO CAMBIAR LA SENTENCIA. Ésta es probablemente una de las enseñanzas procesales más interesantes de la segunda instancia que comparto. No todos los argumentos jurídicamente atendibles producen necesariamente la revocación de una sentencia.
UN TRIBUNAL PUEDE CONSIDERAR QUE DETERMINADA AFIRMACIÓN TIENE ALGÚN FUNDAMENTO Y, SIN EMBARGO, DECLARARLA INOPERANTE PORQUE YA NO TIENE APTITUD PROCESAL PARA MODIFICAR EL RESULTADO.
👉🏼 Porque existe una litis determinada. Porque existen momentos procesales. Porque determinadas cuestiones quedaron firmes. Porque aquello que pretende combatirse debía haber sido cuestionado mediante otra acción, otro incidente, otra prestación o en una etapa anterior.
Y eso nos conduce inevitablemente a la estrategia legal. UN EXPEDIENTE NO DEBERÍA LITIGARSE COMO UNA SUCESIÓN DE EMERGENCIAS.
❌ Demanda. Contestación. Incidente. Otro incidente. Apelación. Ejecución. Nuevo procedimiento. Otro expediente para convivencia. Otra controversia para modificar alimentos. Y eventualmente procedimientos adicionales derivados de las consecuencias de todo lo anterior.
Cuando observamos un litigio familiar después de varios años, muchas veces encontramos una colección de expedientes que en realidad cuentan una sola historia familiar. Pero procesalmente fueron fragmentados. Y cada fragmentación tiene consecuencias.
❌ Más tiempo. Más actuaciones. Más honorarios. Más recursos. Más riesgo de resoluciones contradictorias. Y, sobre todo, mayor dificultad para que un órgano jurisdiccional observe integralmente el conflicto.
POR ESO LA ECONOMÍA PROCESAL NO SIGNIFICA SIMPLEMENTE PRESENTAR MENOS ESCRITOS. 👉🏼 SIGNIFICA CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA IDENTIFICAR DESDE EL PRINCIPIO QUÉ PRETENSIONES DEBEN EJERCITARSE, CUÁLES PUEDEN ACUMULARSE, CUÁLES NECESARIAMENTE TENDRÁN QUE PLANTEARSE POR SEPARADO Y QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÁ NO HACERLO OPORTUNAMENTE. ❗️LAS PRESTACIONES IMPORTAN. Y MUCHO❗️
Un error frecuente consiste en concentrarse extraordinariamente en los hechos y muy poco en aquello que jurídicamente se está solicitando. Pero los hechos no sustituyen las prestaciones.
El juzgador no puede conceder indiscriminadamente cualquier solución imaginable porque determinado problema aparezca narrado dentro de un expediente.
👁️ La demanda delimita una controversia. Las prestaciones determinan qué tutela se solicita. Los hechos constituyen su sustento. Las pruebas deben acreditarlos. Y la sentencia debe guardar congruencia con aquello que fue sometido a decisión.
Por eso cuando una resolución señala: “SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS PARA QUE SE HAGAN VALER EN LA VÍA CORRESPONDIENTE”, jurídicamente puede existir una razón perfectamente válida.
Pero para el justiciable significa algo bastante menos abstracto, OTRO PROCEDIMIENTO. Y eso importa particularmente en conflictos familiares donde alimentos, convivencia, custodia, ejercicio de derechos parentales y ejecución terminan discutiéndose en expedientes distintos.
Lo que pudo parecer una decisión procesal pequeña en la demanda inicial puede convertirse años después en una nueva controversia completa…
👇🏼👇🏼👇🏼
Por otro lado, DEFENDER A UNA PERSONA QUE HA SIDO COLOCADA JURÍDICAMENTE EN LA CATEGORÍA DE “DEUDOR ALIMENTARIO” NO SIGNIFICA DEFENDER EL INCUMPLIMIENTO.
También es necesario analizar cómo se construyó esa obligación y si desde su origen existieron vicios de constitucionalidad, falta de proporcionalidad o deficiencias en el control judicial. Porque el propio sistema puede terminar generando, a partir de una obligación deficientemente construida y nunca corregida oportunamente, una situación de deuda que después pretende sancionar.
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE INFANCIA NO EXCLUYE EL DEBIDO PROCESO, LA PROPORCIONALIDAD NI EL DERECHO DE DEFENSA DE QUIEN ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR ALIMENTOS.
✅ Haré otra publicación exclusivamente sobre este tema, la responsabilidad del juez, los vicios constitucionales que pueden afectar un convenio familiar y las cláusulas que deberían evitarse desde su elaboración y aprobación judicial…
👉🏼👉🏼👉🏼 POR ESO LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA IMPORTA DESDE EL PRIMER DÍA. Una defensa adecuada no consiste únicamente en contestar promociones conforme van apareciendo, sino en comprender el conflicto de manera integral, identificar de dónde surge la obligación, revisar la constitucionalidad y proporcionalidad del convenio, determinar qué prestaciones fueron efectivamente ejercitadas, cuáles se omitieron, qué cuestiones deben promoverse por una vía distinta, qué determinaciones han adquirido firmeza y cuáles todavía admiten algún medio de defensa.
❌ La primera y la segunda instancia tampoco constituyen dos oportunidades para volver a litigar lo mismo, la apelación revisa una resolución dentro de los límites de los agravios formulados, por lo que aquello que no se pidió, no se probó, se consintió o no se combatió oportunamente puede limitar después incluso un argumento jurídicamente correcto.
De ahí expresiones como “FUNDADO, PERO INOPERANTE”, puede existir razón jurídica y, sin embargo, haber llegado procesalmente tarde. Una verdadera estrategia también debe prever desde el inicio qué habrá que preservar para una eventual modificación, ejecución, apelación o incluso control constitucional.
🚨 Y LA EJECUCIÓN ES PROBABLEMENTE UNA DE LAS ETAPAS MÁS DELICADAS. Que una liquidación haya sido confirmada no significa que el asunto haya terminado; significa que existe una determinación judicial susceptible de ser exigida conforme a las reglas procesales aplicables. A partir de ahí pueden promoverse requerimientos de pago, medidas de apremio, retenciones, investigación patrimonial, embargo de bienes, cuentas o derechos, y eventualmente actos encaminados a hacer efectiva la cantidad reconocida judicialmente. Además, un incumplimiento puede producir consecuencias en otros ámbitos jurídicos cuando se actualicen sus respectivos presupuestos, incluso registrales o penales; pero ninguna de ellas sustituye automáticamente a la ejecución familiar ni autoriza a desconocer pagos, duplicar conceptos o ejecutar más allá de lo efectivamente resuelto.
Por eso es indispensable revisar la cuantificación, acreditar cada pago, verificar el alcance del título ejecutivo, combatir actos de ejecución irregulares y, si las circunstancias que dieron origen a la obligación se modificaron sustancialmente, promover oportunamente la acción correspondiente.
ESPERAR HASTA QUE EXISTA UNA LIQUIDACIÓN FIRME, UN EMBARGO O UNA CONSECUENCIA EN OTRA MATERIA PARA REVISAR LA ESTRATEGIA PUEDE SER DEMASIADO TARDE.
Y ésa sería para mí la conclusión práctica de esta resolución, NO BASTA CON SABER DERECHO FAMILIAR; HAY QUE SABER LITIGARLO. Una representación jurídica efectiva debe anticipar, no solamente reaccionar. Debe saber qué pedir, cuándo pedirlo, qué probar, qué recurrir, qué dejar preparado para una instancia posterior y qué consecuencias tendrá una resolución si finalmente queda firme. Tener un buen argumento no garantiza un buen resultado si se hace valer en la vía equivocada o fuera del momento procesal oportuno. Por eso, antes de firmar un convenio, iniciar un incidente, consentir una resolución o decidir no recurrirla, es indispensable comprender no sólo lo que resuelve hoy, sino qué podrá producir mañana…
