31/08/2026
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PROCURADOR ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ PONE ESPECIAL ATENCIÓN A DENUNCIAS POR PRESUNTOS FRAUDES INMOBILIARIOS EN BCS
La PGJE mantiene diversas carpetas de investigación en La Paz y Los Cabos; algunos casos relacionados ya fueron judicializados
La Paz, Baja California Sur (BCS).— Con especial interés en proteger el patrimonio de las familias sudcalifornianas y dar seguimiento a las denuncias presentadas por ciudadanos, el procurador general de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, informó que la institución mantiene abiertas diversas carpetas de investigación por presuntos fraudes inmobiliarios registrados en distintos puntos de Baja California Sur.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) explicó, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, que existen investigaciones tanto en La Paz como en Cabo San Lucas y otras zonas del municipio de Los Cabos, algunas de las cuales han avanzado hasta su judicialización.
Entre los asuntos que han requerido atención se encuentran diversas carpetas relacionadas con terrenos ubicados en la colonias, donde ciudadanos denunciaron situaciones vinculadas con las condiciones de los predios adquiridos y su presunta idoneidad para uso habitacional.
“Ese tema nosotros tenemos varias carpetas manifestó López Rodríguez al explicar que las investigaciones surgieron a partir de inconformidades de compradores sobre las características y condiciones del terreno donde adquirieron su patrimonio.
El procurador dejó en claro que la atención de estos asuntos no se ha limitado exclusivamente a la investigación penal. La PGJE también ha buscado establecer mecanismos de coordinación con otras dependencias gubernamentales para encontrar alternativas que permitan brindar certeza y seguridad a quienes resultaron afectados.
Esta intervención refleja el interés de la institución, encabezada por Antonio López Rodríguez, de atender un problema particularmente sensible, debido a que detrás de cada operación inmobiliaria se encuentra, en muchos casos, el esfuerzo económico y patrimonio de familias que destinaron sus ahorros a la adquisición de un terreno o vivienda.
Sobre otros desarrollos habitacionales mencionados por ciudadanos, como Valle del Mezquite, el procurador precisó que en ese momento no tenía identificada una investigación específica relacionada con dicho caso. No obstante, explicó que cuando las características o calidad de una vivienda resultan diferentes a las ofrecidas durante una operación de compraventa, los hechos podrían, dependiendo de las circunstancias y pruebas, llegar a configurar el delito de fraude.
Uno de los datos más relevantes proporcionados por el titular de la PGJE es que algunas carpetas relacionadas ya fueron judicializadas, lo que demuestra que las investigaciones han avanzado más allá de la etapa inicial.
“Sí tenemos y hemos tenido varias carpetas, tanto en Cabo San Lucas como acá, de temas específicos”, declaró.
Y puntualizó: “Incluso tenemos algunas carpetas que se judicializaron”.
Respecto al número de personas que pudieran haber sido vinculadas a proceso, López Rodríguez señaló que en ese momento no disponía de la cifra precisa, por lo que evitó proporcionar información que no estuviera plenamente corroborada. Adelantó que posteriormente podrán darse a conocer datos más exactos sobre el estado procesal de cada expediente.
La actuación de la PGJE cobra especial importancia ante el crecimiento inmobiliario que experimenta Baja California Sur y la necesidad de ofrecer certeza jurídica a compradores e inversionistas, pero particularmente a las familias que destinan años de trabajo y ahorro para adquirir un terreno o una vivienda.
El seguimiento que personalmente ha mostrado el procurador Antonio López Rodríguez a estas denuncias envía un mensaje de atención institucional: los posibles fraudes inmobiliarios serán investigados y, cuando existan elementos suficientes, los expedientes serán llevados ante la autoridad judicial correspondiente.
Las investigaciones continúan y corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar, con base en las pruebas y respetando en todo momento la presunción de inocencia, las responsabilidades que pudieran derivarse de cada uno de los casos denunciados.
