06/10/2026
CUANDO EL ERROR JUDICIAL LO PAGA LA CIUDADANÍA
En un juicio, un error no siempre se queda en el expediente. Muchas veces se traduce en meses de espera, nuevas diligencias, recursos, gastos de abogados, traslados y, sobre todo, en el desgaste emocional y económico de quienes acuden a los tribunales buscando justicia.
Por eso, hablar de impartición de justicia también implica hablar de la responsabilidad de quienes hacen posible que ésta funcione.
Las personas servidoras públicas del Poder Judicial tienen en sus manos decisiones que pueden transformar la vida de las personas. Un acuerdo mal elaborado, una notificación defectuosa, una omisión procesal o una actuación realizada sin el debido cuidado puede obligar a las partes a asumir consecuencias que no provocaron.
Y aquí surge una pregunta necesaria: ¿quién asume el costo de los errores cometidos dentro de un proceso judicial?
La respuesta, muchas veces, es la ciudadanía.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial. No se trata solamente de resolver los asuntos; se trata de hacerlo correctamente y dentro de los parámetros que exige la propia Constitución.
La función jurisdiccional tampoco puede entenderse como un empleo burocrático más. La Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación establece principios como la excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia, y vincula la función judicial con la responsabilidad, la capacidad, la dedicación y la ética en el servicio público.
Además, la legislación vigente contempla mecanismos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal judicial, incluso con programas de capacitación y actualización permanente de carácter obligatorio para el personal de carrera judicial.
Esto nos lleva a una reflexión fundamental: la capacitación no puede ser un requisito para ingresar a un cargo y después convertirse en un asunto secundario. Debe ser una obligación permanente.
Quien trabaja en un tribunal debe comprender que detrás de cada expediente existe una persona, una familia, un patrimonio, un empleo, una libertad o un proyecto de vida.
Por supuesto, ningún servidor público está exento de equivocarse. Pero una cosa es reconocer que el error humano existe y otra muy distinta normalizar la negligencia, la falta de preparación o la ausencia de compromiso.
La justicia exige servidores públicos capacitados, actualizados y, sobre todo, comprometidos con la función que desempeñan.
Porque cuando un ciudadano pierde tiempo y dinero como consecuencia de una deficiencia institucional, no basta con decir que fue “un error”. También debemos preguntarnos qué mecanismos existen para evitar que vuelva a ocurrir y quién responde por sus consecuencias.
La confianza en las instituciones no se construye únicamente con discursos. Se construye con expedientes bien tramitados, resoluciones debidamente fundadas y motivadas, actuaciones oportunas y servidores públicos que comprendan la enorme responsabilidad que implica administrar justicia.
La justicia no solamente debe parecer correcta; debe serlo.
Y quizá por eso, antes de exigir excelencia a los demás, las instituciones encargadas de impartir justicia deben preguntarse todos los días si están cumpliendo con el estándar que la propia ley les impone.
Porque, al final, el buen JUEZ por su JUZGADO empieza.
🟣⚖️🫵🏻🎙️
