Mata Morales, Gómez Salazar & Peña Acosta. Abogados y Asociados.

Mata Morales, Gómez Salazar & Peña Acosta. Abogados y Asociados. Firma de abogados cuenta con una experiencia de más veinte años en asesoría legal y litigio.
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Nuestra firma de abogados cuenta con una experiencia de más veinte años en asesoría legal y litigio desde su nacimiento, ejerciendo en ese tiempo primordialmente nuestros servicios en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde se fundó en el año de mil novecientos noventa y cuatro, siendo desde entonces nuestro objetivo ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas de una manera eficiente,

oportuna y honesta. Lo anterior se ha logrado a través de un grupo de profesionistas altamente capacitados y especializados por las diversas áreas del derecho que oferta la firma, ofreciendo a nuestros clientes una asesoría legal sofisticada, de alto valor agregado, todo ellos con sustento en la experiencia, honorabilidad, capacidad, integridad y preparación académica continua que caracteriza a cada uno de nuestros integrantes. En sus inicios, sólo se prestaban servicios de Asesoría y Litigio en las áreas Civil, Corporativo, Mercantil y Familiar, sin embargo en atención a las necesidades de nuestros clientes, nos propusimos a prestar servicios en otras áreas del derecho como a la fecha ha ocurrido, a efecto de proporcionar una asesoría integral, destacando nuestra firma a la fecha sin duda alguna en todas las áreas del derecho que ahora oferta. Medimos nuestro éxito con base en la satisfacción de nuestros clientes y el logro de sus objetivos, logrando construir a lo largo de los años, relaciones sólidas y prósperas teniendo en cuenta los intereses y necesidades de nuestros clientes como propias.

25/03/2024
18/03/2024

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2028440
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A. J/5 A (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD. SU CONCEPTO Y ALCANCE EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.

Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de una sentencia dictada por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; seguidos los trámites legales, se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Posteriormente promovió un nuevo juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria del amparo anterior, impugnando la constitucionalidad de la normativa aplicada, sin haberla cuestionado en el momento procesal oportuno.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el principio de eventualidad consiste en la carga procesal que tienen las partes en un proceso jurisdiccional para hacer valer y aportar en la fase procesal oportuna todos los medios de ataque y de defensa, incluso ad cautelam, so pena de que concluya o se clausure el ejercicio de su derecho.

Justificación: Lo anterior, porque dicho principio busca la oportunidad, el orden, la claridad y rapidez en la marcha de cualquier proceso jurisdiccional; por tanto, su objetivo es agrupar todas las defensas o ataques que posean las partes para dar celeridad y definitividad al proceso. Asimismo, tiene como fundamento la premisa de que el proceso jurisdiccional se construye por un conjunto de etapas concatenadas y organizadas entre sí, de forma que cuando se cierra una de ellas, ya no es factible retroceder y volver a ésta, pues precisamente con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las partes y firmeza a cualquier proceso jurisdiccional, la ley establece los tiempos que permiten a las partes aportar y hacer valer, en la fase procesal oportuna, todos los medios de ataque y defensa, incluso ad cautelam, so pena de que concluya o se clausure el ejercicio de su derecho.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 448/2021. 31 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Arturo Ramírez Becerra.

Amparo directo 156/2022. 9 de junio de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Gallardo Vara. Secretaria: Irais Berenice Galicia Cruz.

Amparo directo 212/2022. 16 de junio de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Amparo directo 764/2022. 26 de enero de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.

Amparo directo 553/2023. 15 de noviembre de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Arturo Ramírez Becerra.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2024 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 19 de marzo de 2024, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

18/03/2024

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2028424
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materias(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a./J. 46/2024 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

DERECHO A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA. CUANDO EL QUEJOSO ALEGA QUE LA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DE SU COIMPUTADO FUE OBTENIDA COMO CONSECUENCIA DE QUE ÉSTE PADECIÓ UNA DETENCIÓN ARBITRARIA, PROCEDE ANALIZAR ESE ARGUMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO Y, EN CASO DE RESULTAR FUNDADO, EXCLUIR LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA.

Hechos: Una persona considerada penalmente responsable por el delito de secuestro promovió juicio de amparo directo contra el fallo definitivo por considerar que resultaba inválido que se hubieran valorado en su perjuicio pruebas ilícitamente obtenidas a partir de una detención efectuada contra sus coinculpados, en términos del artículo 144, párrafo tercero, inciso c), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua –vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis–, que regula la figura de flagrancia equiparada, norma que el quejoso consideró inconstitucional. Específicamente, él alegó que sus coimputados lo habían incriminado después de ser ilícitamente detenidos con fundamento en esa norma, y al rendir sus declaraciones ministeriales. El tribunal colegiado que tuvo conocimiento del asunto decidió que no era posible analizar la validez de la detención porque no se relacionaba con los derechos constitucionales de la parte quejosa.

Criterio jurídico: Toda persona inculpada cuenta con el derecho de no ser juzgada con base en pruebas ilícitas y, por tanto, procede la exclusión de la declaración incriminatoria de un coimputado que ha sido directamente obtenida a partir de una detención inconstitucional. Consecuentemente, la persona imputada, que acude al juicio de amparo, puede reclamar la invalidez de las pruebas obtenidas de ese modo y que han sido valoradas en su perjuicio.

Justificación: Una detención inconstitucional exige declarar la invalidez de cualquier material probatorio obtenido directamente y con motivo de ésta. Conforme al derecho de defensa adecuada, a los principios de presunción de inocencia y al debido proceso, la parte quejosa cuenta con el derecho de no ser juzgada con base en pruebas obtenidas ilícitamente, lo cual puede incluir las declaraciones emitidas por sus coimputados. Además, ante la aplicación de una norma declarada inconstitucional por regular la figura de flagrancia equiparada, procede la exclusión de cualquier prueba ilícita obtenida con motivo de ella. De este modo, se debe anular toda prueba, dato o información obtenida con motivo de la detención arbitraria y que hubiera afectado a quien ahora alega, pues ésta es una exigencia básica del debido proceso del quejoso. Varias razones apoyan esta idea. Primero: los tribunales que ejercen control constitucional no se conducirían de manera consecuente con el mandato que los legitima si ignoraran las consecuencias de un quebranto al orden fundamental y lo trataran de manera inconsecuente. Segundo: una detención arbitraria es un acto que, por sí mismo, genera la suspicacia fundada de que la persona que la padece ha sido expuesta a un contexto intimidatorio o incluso de coacción. Esos elementos permiten dudar de la fiabilidad de las declaraciones que se realizan a partir de una detención arbitraria. De manera análoga, en el amparo directo en revisión 6246/2017, la Primera Sala se pronunció sobre la invalidez de la declaración del coimputado obtenida mediante tortura. En ese sentido, la violación producida con motivo de una detención inconstitucional merece el mismo reproche que la violación producida con motivo de actos de tortura, pues no hay una razón constitucional para sostener un estándar distinto por tratarse de violaciones conceptualmente diferentes. La línea jurisprudencial de la Primera Sala demuestra, de manera inequívoca, que una detención inconstitucional siempre exige declarar la invalidez de cualquier material probatorio obtenido directamente y con motivo de ésta. En consecuencia, ante la violación al derecho humano a la libertad personal, se debe analizar la afectación directa, tangible y real en la esfera del procesado, con motivo de pruebas ilegalmente obtenidas. Resulta irrelevante si el quejoso procesado ha resentido esa misma violación o no, pues el derecho que sirve como parámetro de control no es el derecho a no sufrir detenciones ilegales, sino el derecho del procesado (quejoso) a ser juzgado con pruebas de origen lícito.

PRIMERA SALA.

Amparo directo en revisión 1375/2022. 4 de octubre de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Patricia del Arenal Urueta.

Tesis de jurisprudencia 46/2024 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de marzo de dos mil veinticuatro.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2024 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 19 de marzo de 2024, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Esta persona tomó su parte, no sacó ni más, ni menos de lo que tenía derecho.... pero afectó a otras personas. Ejerció s...
29/12/2023

Esta persona tomó su parte, no sacó ni más, ni menos de lo que tenía derecho.... pero afectó a otras personas. Ejerció su libertad, pero con injusticia.
La libertad no puede ser ejercida como todos quieren, ni separada de lo que es justo.
La justicia desaparece cuando se daña a los demás. No es cuestión de moralidad, es de mal ejercicio de la libertad.
Mi libertad termina cuando comienza la del otro es decir, eres libre hasta el punto de no causar ningún tipo de perjuicio a terceros o a la sociedad de una manera general.

30/09/2023

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2027326
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materias(s): Civil, Constitucional
Tesis: 1a./J. 127/2023 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS APLICABLE A LAS PERSONAS MAYORES.

HECHOS: Un adulto mayor demandó a una institución bancaria la reintegración de los recursos que habían sido depositados a su cuenta de ahorro para el retiro, luego de que el banco del que era cuentahabiente realizara una disposición con base en una deuda derivada de un contrato de apertura de crédito. El Juez del conocimiento absolvió a la demandada al considerar que había actuado conforme a las cláusulas acordadas por las partes. El actor promovió juicio de amparo directo en el que alegó que la resolución reclamada vulneraba el derecho al salario y a contar con un mínimo vital para una vida digna. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento negó el amparo porque estimó que no se afectaba el derecho al salario en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión.

CRITERIO JURÍDICO: LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RECONOCE LA NECESIDAD DE ADOPTAR UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS APLICADA A LAS PERSONAS MAYORES CONSISTENTE EN UN SISTEMA DE REGLAS Y PRINCIPIOS QUE RECONOZCA A LA EDAD AVANZADA COMO UNA CONDICIÓN QUE PUEDE GENERAR DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA, EN LA QUE LAS PERSONAS MAYORES PODRÍAN NO TENER ACCESO AL GOCE Y EJERCICIO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE EL RESTO DE LA POBLACIÓN. Al respecto, si bien el ser una persona mayor no es sinónimo de ser vulnerable, resulta innegable que dentro de este grupo existen personas con una multiplicidad de circunstancias de vida que podrían ameritar una protección jurídica especial. Esta perspectiva de derechos humanos de la persona mayor implica un deber jurisdiccional de conciliar los principios de autonomía personal y de protección al prestar un cuidado específico a los actos que pongan en riesgo su dignidad humana, especialmente a la vulneración de aquellos derechos más susceptibles durante la edad avanzada, COMO EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN ESTA ETAPA COMO LAS CONDICIONES DE SALUD Y LA EXISTENCIA DE REDES DE APOYO; así como de la intersección con otros factores como la condición socioeconómica, el género, la religión o el grupo étnico de pertenencia.

JUSTIFICACIÓN: ESTA PERSPECTIVA DE PERSONA MAYOR DERIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ADOPTADAS POR EL ESTADO MEXICANO ACERCA DE LA TUTELA ESPECIAL QUE PODRÍAN REQUERIR LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1O. CONSTITUCIONAL, 6 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, pues existe una demanda enfatizada de inclusión a fin de que las personas mayores puedan tener acceso a los servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía y dignidad.

PRIMERA SALA.
Amparo directo en revisión 1875/2022. Eduardo Aurelio Barenque Enríquez. 29 de marzo de 2023. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Disidente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios: Fernando Sosa Pastrana y Néstor Rafael Salas Castillo.
Tesis de jurisprudencia 127/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinte de septiembre de dos mil veintitrés.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2023 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de octubre de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

09/09/2023

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2027187
Instancia: Plenos Regionales
Undécima Época
Materias(s): Común, Administrativa
Tesis: PR.A.CS. J/12 A (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, ES SUSCEPTIBLE DE APLICARSE DESDE EL AUTO INICIAL CUANDO SE RECLAMA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD SOBERANA O DISCRECIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN LA DESIGNACIÓN DE PERSONAS MAGISTRADAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y CONSEJERAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA, POR SER MANIFIESTA E INDUDABLE.

Hechos: Dos Tribunales Colegiados analizaron la causa de improcedencia manifiesta e indudable del juicio de amparo en relación con el ejercicio de la facultad discrecional ejercida por el Congreso del Estado de Jalisco en la designación de funcionarios prevista en la Constitución de dicha entidad federativa, tema respecto del que asumieron posturas divergentes, ya que un órgano jurisdiccional calificó como infundado el recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de la demanda de amparo, en tanto que el otro Tribunal Colegiado estimó que para llegar a esa decisión se requiere de un análisis de mayor profundidad que corresponde a la sentencia del juicio.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, considera que para determinar si un caso concreto se ubica bajo la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, de manera manifiesta e indudable, basta un análisis de la normatividad que rige en cada caso concreto, por lo que el órgano jurisdiccional del conocimiento está en aptitud de desechar la demanda cuando se reclama el ejercicio de una facultad soberana y discrecional.

Justificación: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de la persona titular del Juzgado de Distrito que conozca de una demanda de amparo indirecto, de examinar si existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, caso en el que la desechará de plano, por lo que si el acto reclamado se hizo consistir en el ejercicio de la facultad soberana y discrecional del Congreso del Estado de Jalisco, consistente en la elección de funcionarios, en la que no es necesaria la aprobación o intervención de otra autoridad, como es el caso de las personas Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia y consejeras del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ambas autoridades de la entidad federativa de Jalisco), el análisis relativo responde a un examen de un punto meramente jurídico, que puede realizarse desde el auto inicial, o bien, una vez desahogada la prevención o prevenciones recaídas a la presentación de la demanda de amparo, es decir, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.

PLENO REGIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS.

Contradicción de criterios 24/2023. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 24 de mayo de 2023. Tres votos de las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Ana Luisa Mendoza Vázquez y del Magistrado Arturo Iturbe Rivas (presidente). Ponente: Magistrado Arturo Iturbe Rivas. Secretario: Benjamín Ciprián Hernández.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 322/2022, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 335/2020.

Nota: Esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de criterios 24/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2023 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de septiembre de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

08/09/2023

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2027189
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materias(s): Civil
Tesis: 1a./J. 67/2023 (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PROFORMA). NO LO TIENE LA PERSONA QUE RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron decisiones opuestas al determinar si tiene o no interés jurídico la persona que, al ostentarse como propietaria del inmueble, reclama la falta de llamamiento al juicio de otorgamiento y firma de escritura (acción proforma).

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no tiene interés jurídico en el juicio de acción proforma la persona que se ostenta como propietaria del inmueble para reclamar su falta de llamamiento, ya que no le genera ningún perjuicio, pues en el juicio no se está dirimiendo un derecho real de propiedad sobre el inmueble, sino un derecho personal para la formalización de un contrato de compraventa, a través de una escritura pública.

Justificación: La acción proforma prevista en los artículos 1833 y 2232 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en el diverso 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se refiere a la facultad que tienen cualquiera de las partes -si el consentimiento consta de manera fehaciente en un contrato-, a exigir que se le dé la forma legal a éste y en caso de que el demandado no lo haga, lo hará el Juez en su rebeldía. Esta acción es de naturaleza personal, ya que bajo ese título se pide el otorgamiento y firma del contrato -en el caso de compraventa de inmuebles-, porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho y para su ejercicio debe regir el principio jurídico res inter alios acta, que significa que el contrato base de la acción sólo obligaría a las partes contratantes y no a terceras ajenas; en tanto que el fin que se busca con su tramitación es únicamente dar forma al contrato con la obtención de la escritura relativa y obtener el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa, sino con base en el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para contar con un derecho real y poder ejercer otro tipo de acciones. Luego, si al tener conocimiento de alguna resolución dictada por autoridad judicial competente, una persona considera que le puede causar algún perjuicio y por ello pueda ser parte en un juicio de acción proforma, es necesario que se satisfaga el requisito de interés jurídico en dicho juicio, esto es, debe generarle algún perjuicio el acto reclamado; lo cual no sucede cuando ésta se ostenta como propietaria del inmueble, porque el fin que se busca con la tramitación de la acción proforma es que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura relativa, pero no que se reconozca un derecho real de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio.

PRIMERA SALA.

Contradicción de tesis 158/2021. Entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 1 de marzo de 2023. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto particular, y Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Tesis y/o criterios contendientes:

El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 79/2020, en el que determinó que la acción de otorgamiento y firma de escritura o proforma que faculta al perjudicado, por falta de título legal, para exigir del obligado la expedición del documento correspondiente, se trata de una acción personal que sólo afecta a las partes involucradas en el contrato; por lo que la propiedad del inmueble no constituye un elemento de la acción proforma, ni lo determinado sobre ella puede tener trascendencia sobre los derechos de terceras personas, ya que únicamente vincula a las partes involucradas con esa acción. En ese contexto, si en vía de amparo una persona se ostenta como tercero extraño, aduciendo que tiene interés jurídico porque en el juicio natural se demandó el otorgamiento y firma de la escritura sobre un bien que señala ser de su propiedad; entonces, el derecho de audiencia, que refiere no se respetó, radica en un derecho real distinto al que se persiguió con la acción personal proforma, propiedad que no podría analizarse dentro de la acción personal pues se desnaturalizaría; y,

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 271/2017, el cual dio origen a la tesis aislada I.3o.C.360 C (10a.), de título y subtítulo: "ACCIÓN PROFORMA. TIENE INTERÉS JURÍDICO LA PERSONA QUE, OSTENTÁNDOSE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE, RECLAMA SU FALTA DE LLAMAMIENTO AL JUICIO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo II, página 1017, con número de registro digital: 2021187.

Tesis de jurisprudencia 67/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecinueve de abril de dos mil veintitrés.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2023 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de septiembre de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

06/08/2023

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2026920
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: VI.1o.T.10 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE VINCULA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON EL OBJETO DE QUE SE EJECUTE UN LAUDO DE UN JUICIO LABORAL DONDE A SU VEZ ES PARTE DEMANDADA NO LE IRROGA PERJUICIO, DADA SU NATURALEZA AMBIVALENTE DE PATRÓN Y AUTORIDAD CON ATRIBUCIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 31/2014 (10a.) Y 2a./J. 79/2014 (10a.)].

Hechos: El Juez de Distrito tuvo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla como autoridad vinculada al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, con motivo de que el tribunal responsable le informó que giró oficio a la citada dependencia, demandada en el juicio laboral, a efecto de que aperturara una partida presupuestal destinada a cumplir un laudo firme. Inconforme con dicho proveído, esa secretaría adujo ilegalidad en la determinación, por no tomarse en cuenta que no es autoridad responsable, sino patrón demandado en el juicio laboral y, con tal carácter, se encuentra obligada a cumplir la ejecutoria de amparo, por lo que se le pretendía quitar su carácter de tercera interesada en el juicio de amparo y todos sus derechos procesales como parte demandada en el juicio laboral.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el auto del Juez de Distrito que vincula a la dependencia mencionada al cumplimiento de una sentencia de amparo, cuyo objeto es la ejecución de un laudo de un juicio laboral donde a su vez es parte demandada no le irroga perjuicio, dada su naturaleza ambivalente de patrón y autoridad con atribuciones en materia presupuestaria.

Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de títulos y subtítulos: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." y "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en relación con el tema de si la omisión de dar cumplimiento al laudo por parte de un órgano de gobierno demandado en un juicio burocrático es o no un acto de autoridad, resolvió que el plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, por lo que en esa etapa el organismo público demandado no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor; de manera que el incumplimiento a un laudo por parte de los organismos públicos que figuren como demandados en un asunto laboral, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los instrumentos legales que correspondan a ese fin. No obstante, tales criterios son inaplicables cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas demandada a la vez que es patrón tiene facultades de administración, recaudación y programación presupuestal para el ejercicio del erario público, como se colige del artículo 33, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, de cuyo contenido se advierte que le corresponde la atribución de efectuar los pagos de acuerdo con los programas y presupuestos aprobados, con cargo a las partidas correspondientes. En razón de dicha dualidad, su vinculación como autoridad en modo alguno la deja indefensa, pues conforme al ordenamiento indicado es la única que tiene la facultad de proveer lo necesario para que tramite, gestione y emita la partida presupuestal que cumpla con el laudo en que fue condenada, sin que ello desnaturalice su carácter de parte demandada, debido a la referida naturaleza de la que está legalmente dotada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

Queja 181/2022. Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. 15 de diciembre de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretario: Salvador Morales Moreno.

Recurso de reclamación 11/2023. Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. 4 de mayo de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: José Castillo Alva.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 6, Tomo II, mayo de 2014, página 966 y 9, Tomo II, agosto de 2014, página 699, con números de registro digital: 2006389 y 2007066, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2023 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

03/07/2023

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2026800
Instancia: Plenos Regionales
Undécima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: PR.L.CS. J/24 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Jurisprudencia

CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS TRABAJADORES. PARA RESOLVERLOS ES APLICABLE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diversas al analizar el tema relativo a cuál legislación es aplicable para resolver los conflictos laborales suscitados entre el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y sus trabajadores.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la legislación aplicable para dirimir los conflictos laborales que resuelve el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco con sus trabajadores, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con sus artículos 1o. y 2o.

Justificación: En términos de lo dispuesto por los artículos 148, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en relación con los diversos 56, 64 y 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los conflictos laborales que se susciten entre el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y sus trabajadores se resolverán por la Comisión Permanente determinada por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, mediante la emisión de un dictamen; ello a raíz de la reforma a la referida Constitución Local, que dotó de independencia al Poder Judicial del Estado de Jalisco, al otorgarle la facultad de resolver los conflictos laborales que se susciten con sus trabajadores, excluyendo de esa facultad al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para lo cual ante la ausencia de un procedimiento para la resolución de conflictos laborales previsto en dicha ley orgánica, éste se deberá sustanciar, tanto en su parte sustantiva como en su parte adjetiva, según lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que desde antes de la reforma ha regulado la resolución de los conflictos laborales de naturaleza individual conforme a los Capítulos "II. Del procedimiento" y "III. Del procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón", de su Título Quinto. Sin que sea un impedimento a lo anterior, lo previsto en el Capítulo V. "Del procedimiento en conflictos laborales", del Título Séptimo, "De la probidad, las responsabilidades y los conflictos laborales", de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco (artículos 214 a 221), específicamente en su artículo 219, toda vez que del análisis gramatical, teleológico y sistemático de ese capítulo, se desprende que éste no regula la resolución de conflictos laborales, como su nombre lo podría sugerir, sino un procedimiento en materia de responsabilidades administrativas, toda vez que deriva de una denuncia, que da lugar a que de oficio o a petición de parte se inicie un procedimiento, en el que se le da vista con la queja o el acta administrativa correspondiente al presunto responsable y se le permite rendir un informe sobre las posibles irregularidades que se le imputan, así como el ofrecimiento y desahogo de las pruebas correspondientes y la formulación de los alegatos respectivos, a efecto de que la resolución que le recaiga, determine si existe o no la irregularidad imputada; es decir, se trata de un procedimiento administrativo de responsabilidades, diverso a un conflicto laboral, que no versa sobre derechos laborales inherentes a los trabajadores, de los que inician con la presentación de una demanda laboral.

PLENO REGIONAL EN MATERIA DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Contradicción de criterios 14/2023. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de mayo de 2023. Tres votos de la Magistrada Rosa María Galván Zárate y de los Magistrados José Luis Caballero Rodríguez y Emilio González Santander. Ponente: Magistrado José Luis Caballero Rodríguez. Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona.

Tesis y criterio contendientes:

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 40/2017, el cual dio origen a la tesis aislada III.4o.T.40 L (10a.), de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SUSTANCIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS DE TRABAJO SUSCITADOS ENTRE ÉL Y SUS SERVIDORES PÚBLICOS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de febrero de 2018 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Tomo III, febrero de 2018, página 1400, con número de registro digital: 2016154, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 843/2021.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de junio de 2023 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de julio de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

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