28/03/2026
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⚖️🦉 DANIEL GARCÍA IRRUMPE ANTE LA CORTE: EXIGE DEBATE PÚBLICO SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA Y DENUNCIA AÑOS DE INJUSTICIA ⚖️
En un acto de alto impacto jurídico y social, Daniel García Rodríguez encabezó la entrega de una petición formal ante el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando la apertura de una audiencia pública para discutir la constitucionalidad y los efectos de la prisión preventiva oficiosa. Acompañado por figuras como Israel Vallarta, Reyes Alpízar, Simón Hernández y Mary Sáenz, García colocó en el centro del debate una exigencia clara: que la Corte escuche a las víctimas directas de esta figura antes de resolver un tema que ha marcado la vida de miles de personas privadas de la libertad sin sentencia.
La solicitud, respaldada por más de 600 firmas, se inserta en un contexto crítico en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales han condenado al Estado mexicano por el uso sistemático de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. En este escenario, Daniel García fue contundente al sostener que México sigue sin cumplir plenamente sus obligaciones internacionales, insistiendo en la necesidad de transitar hacia un modelo que respete la presunción de inocencia y elimine la automatización de la privación de la libertad.
Durante la entrega de la petición, García y los demás promoventes no solo plantearon una exigencia procesal, sino una denuncia estructural: la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una herramienta de castigo anticipado y presión institucional, alejándose de su carácter excepcional. En sus palabras, el objetivo es que la Corte abra un espacio real de deliberación donde participen universidades, barras de abogados, especialistas y familiares de personas encarceladas, evidenciando los efectos devastadores de una medida que permite encarcelar sin juicio previo, en abierta tensión con los estándares constitucionales y convencionales.
El trasfondo de esta exigencia es alarmante: más de 106 mil personas en México permanecen en prisión sin sentencia, lo que revela una crisis estructural del sistema penal. En este contexto, Daniel García, quien ha sido símbolo de los excesos de la prisión preventiva, insistió en que la discusión no puede resolverse sin escuchar a quienes han vivido años privados de la libertad sin condena. La audiencia pública solicitada busca precisamente cuestionar si el Estado mexicano debe mantener una figura que opera de forma automática o si debe migrar hacia un esquema de prisión preventiva justificada, basada en criterios individualizados y control judicial efectivo.
La intervención de Daniel García no es menor: representa la voz de quienes han sido afectados directamente por una política penal que ha sido cuestionada tanto a nivel nacional como internacional. Su posicionamiento coloca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a una decisión histórica que podría redefinir el alcance del Artículo 19 constitucional, la relación entre seguridad y derechos humanos, y el futuro del sistema de justicia penal en México. La exigencia es clara: abrir el debate, escuchar a las víctimas y garantizar que ninguna persona vuelva a ser encarcelada automáticamente sin que un juez justifique plenamente esa decisión.
