25/12/2025
Como abogada, REPRUEBO DE MANERA ENERGICA la detención del reportero Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, especialmente cuando ésta se vincula directamente con el ejercicio de su labor periodística.
La libertad de expresión y de prensa NO ES UNA CONCESIÓN DEL ESTADO, sino un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos obligan a las autoridades a proteger de manera reforzada a periodistas, en particular a quienes cubren temas sensibles como la nota roja y la violencia.
El uso de figuras penales graves como “terrorismo”, “encubrimiento” o “delitos contra las instituciones” contra un comunicador genera una alarma jurídica. Históricamente, estos tipos penales han sido utilizados de forma indebida para criminalizar la labor periodística, inhibir la crítica y enviar mensajes de intimidación a la prensa. Si los hechos imputados derivan del contenido informativo publicado, estaríamos frente a un abuso del poder punitivo del Estado.
Es indispensable recordar que informar no es delinquir. El periodista no es responsable de los hechos que documenta o da a conocer; su función es informar a la sociedad. Cualquier investigación en su contra debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y debido proceso, y nunca basarse en represalias por su trabajo informativo.
En un contexto como el de Veracruz, donde periodistas han sido históricamente vulnerados, el Estado tiene la obligación no sólo de investigar con rigor, sino de evitar toda acción que pueda interpretarse como censura o persecución. Detener a un reportero en el marco de su ejercicio profesional erosiona la confianza en las instituciones y debilita la democracia.
La justicia no puede ni debe utilizarse como herramienta de silenciamiento. La libertad de expresión es pilar del Estado de Derecho, y cualquier acción que la vulnere debe ser señalada, cuestionada y, en su caso, corregida conforme a la ley.