11/05/2026
🔴 Organizaciones nacionales e internacionales exigen frenar ataques y desplazamiento contra comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero
Flor Miranda Mayo / Guerrero
Más de un centenar de organizaciones sociales, colectivos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos y activistas de México y otros países denunciaron los ataques armados y el desplazamiento forzado que enfrentan comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en la región de la Montaña Baja de Guerrero, y exigieron al Estado mexicano detener “la guerra” contra estos pueblos.
A través de un pronunciamiento, las organizaciones señalaron que las agresiones ocurridas en comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez son atribuibles a grupos de la delincuencia organizada que operan bajo esquemas tácticos de carácter paramilitar.
De acuerdo con el documento, habitantes de las comunidades denunciaron ataques con armas de grueso calibre y drones utilizados para vigilancia y lanzamiento de explosivos, situación que ha provocado terror, desplazamiento forzado y riesgo para niñas, niños, mujeres y adultos mayores.
Las organizaciones denunciaron que, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares desde 2021 para las comunidades de Tula y Xicotlán, así como para integrantes del CIPOG-EZ, las autoridades estatales y federales han sido omisas en su cumplimiento.
En el pronunciamiento acusaron que existe permisividad y omisión de los tres niveles de gobierno frente a la violencia, e incluso señalaron presunta complicidad de autoridades municipales y corporaciones de seguridad.
Las organizaciones aseguraron que desde el pasado 6 de mayo el grupo criminal “Los Ardillos” realizó ataques contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, y denunciaron que el 9 de mayo ingresaron a las localidades provocando el desplazamiento forzado de más de 800 familias.
Según el comunicado, las familias desplazadas se encuentran refugiadas en otras comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, las cuales también enfrentan riesgo de sufrir ataques armados.
Los firmantes señalaron que estos hechos forman parte de un patrón sistemático de agresiones contra pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, además de acusar que las autoridades han negado o retrasado medidas de protección pese a conocer el contexto de violencia.
Entre las exigencias dirigidas al gobierno federal destacan el reconocimiento de la crisis de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas de Guerrero, la atención urgente a las familias desplazadas, la desarticulación del grupo criminal “Los Ardillos” y la investigación de posibles omisiones o complicidades de funcionarios públicos y corporaciones de seguridad.
También pidieron revisar la actuación del Ejército mexicano, al señalar que presuntamente presenció ataques y desplazamientos sin intervenir para detener a los agresores.
El pronunciamiento fue firmado por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Congreso Nacional Indígena, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, colectivos de derechos humanos, radios comunitarias y agrupaciones de países como Alemania, Suiza, Finlandia, Francia y el Estado Español.
Finalmente, advirtieron que “la defensa de los derechos humanos no debe costar la vida” y sostuvieron que el silencio institucional y la impunidad no pueden seguir siendo la respuesta frente a la violencia que padecen las comunidades indígenas de Guerrero.