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23/04/2026

El día de hoy, se llevó a cabo una reunión de trabajo clave para el sector hidroagrícola de nuestra región. El Lic. José Abel González Hidalgo, presidente de Productores Agrícolas "Misión Indios del Conchos", y el Abogado Eleazar Aguilar Dorado, representante legal de la organización, sostuvieron un encuentro estratégico con el Ing. Román Alcántar Alvídrez, Director de Conagua en Chihuahua.

En esta mesa de diálogo, que contó con la importante gestión y presencia del político chihuahuense Miguel Ángel Colunga Martínez, se sumaron diversos productores del Estado, para exponer las necesidades críticas sobre el recurso hídrico.

Temas centrales abordados:

Necesidades del Agua: Análisis de la disponibilidad y urgencia de infraestructura para asegurar el ciclo agrícola.

Derechos Agrarios: Seguimiento a la certeza jurídica de los productores.
Acciones de Dotación: Revisión de trámites y procesos para garantizar el acceso justo al agua y la tierra.

Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en unidad con las autoridades federales y representantes políticos para defender el sustento de nuestras familias y el desarrollo del campo chihuahuense.

¡Unidos por el agua y nuestra tierra!

23/04/2026

10/04/2026

México ante el espejismo populista: El desmantelamiento de la crítica y el secuestro de la razón de Estado.

El paisaje político en México ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, transitando hacia una estructura donde el populismo punitivo y la narrativa oficialista han alterado la esencia de la democracia.

En el México actual, la crítica constructiva y objetiva, fundamental para cualquier sociedad democrática, parece haber sido suplantada por una polarización que califica cualquier desacuerdo como traición o "conservadurismo".

La asfixia de la crítica objetiva se da por la búsqueda de una sociedad más justa, se ha distorsionado en un modelo donde el debate público carece de matices. La crítica constructiva, basada en datos, técnica y análisis, es desestimada por una narrativa populista que prioriza la simpatía popular sobre la racionalidad técnica. Como consecuencia, los espacios de análisis objetivos se contraen, cediendo el lugar a una confrontación constante que deslegitima el pensamiento crítico y objetivo.

Las instituciones son sometidas y la justicia bajo asedio, que es el pilar fundamental del Estado de Derecho, la división de poderes, enfrenta un desgaste sin precedentes. Las instituciones de impartición de justicia, incluyendo organismos electorales y judiciales, muestran signos de sometimiento al poder político central. La reforma al Poder Judicial de 2024, ha sido señalada como un retroceso que pone en duda la independencia de jueces y magistrados.

El miedo ha pasado a ser un factor determinante, funcionarios públicos, ante la posibilidad de represalias o con la intención de preservar sus cargos, emiten resoluciones motivadas por el interés político y no por la razón jurídica ni la ley. La justicia, en este contexto, se vuelve selectiva y utilitaria, obedeciendo a la voluntad del poder establecido más que al cumplimiento de la norma.

Libertad de pensamiento se encuentra bajo control y sometida al poder público del Estado. La libertad de pensamiento y expresión, reconocida constitucionalmente, enfrenta serios obstáculos. La persecución de voces disidentes, a menudo disfrazada de legalidad, genera un "efecto silenciador" que intimida a ciudadanos, periodistas y académicos. Informes del año 2024 señalaron restricciones en la libertad de prensa en México, ubicando al país en una categoría de alto riesgo.

La falta de objetividad en los razonamientos de la autoridad, se ha vuelto moneda corriente, donde los datos oficiales son cuestionados y la realidad se somete a la narrativa del líder en turno. La disidencia ya no solo se ignora, se criminaliza o se exhibe, reduciendo el espacio para el disenso razonado.

El populismo en México está redefiniendo la democracia, alejándola del modelo liberal de contrapesos y acercándola a un modelo de voluntad unipersonal. Al someter a las instituciones de justicia, anular la crítica constructiva y limitar la objetividad del razonamiento público, se debilita el Estado de Derecho. La verdadera justicia requiere independencia, razón y, sobre todo, la libertad de cuestionar sin miedo. Sin estos elementos, la justicia se convierte simplemente en la ley del más fuerte

El escenario político actual en México plantea una interrogante seria sobre el futuro de su democracia. El populismo, al desmantelar contrapesos, someter a la justicia y acallar la crítica, erosiona el Estado de Derecho. La verdadera justicia requiere independencia, razón y ley; elementos que hoy se encuentran bajo una profunda crisis, dejando al país en un escenario de incertidumbre sobre la preservación de sus libertades fundamentales.

09/04/2026

"El Ocaso del Debido Proceso: Crítica al Aval del Bloqueo de Cuentas por la UIF sin Control Judicial"

En una decisión que marca un antes y un después para la seguridad jurídica en México, el pleno de la SCJN, ha validado la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para congelar cuentas bancarias de forma discrecional, prescindiendo de una orden judicial previa. Aunque el objetivo declarado es el combate al lavado de dinero, el costo constitucional resulta alarmante: el sacrificio de la presunción de inocencia y la garantía de audiencia son claras.

El principio de legalidad exige que todo acto de molestia por parte de la autoridad esté fundado y motivado, y por lo que respecta a la garantía de audiencia, es el derecho fundamental a ser oído y defenderse ante cualquier autoridad antes de que esta emita un acto privativo de libertad, sobre las propiedades, posesiones o derechos de la persona. Su vulneración ocurre cuando se sanciona o afecta a un particular sin un procedimiento previo que incluya emplazamiento, defensa, pruebas y resolución fundamentada y motivada.

Ahora bien, es indiscutible que en un Estado de Derecho, la afectación al patrimonio como sucede en la orden de bloqueo de cuentas bancarias, que es un derecho fundamental, debe pasar por el tamiz de un juez de control. Al permitir que una autoridad administrativa (dependiente del Poder Ejecutivo), actúe como juez y parte, en primer lugar, se vulnera la división de poderes, que es un principio consolidado desde Montesquieu, que es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas, actuando como un freno mutuo indispensable en una república democrática.

El bloqueo "expedito" se convierte en una pena anticipada que no espera a la acreditación de un delito, sino que asume la culpabilidad para inmovilizar recursos.

La Constitución es clara: "nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio previo donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". La postura de nuestro máximo Tribunal, permite que el usuario se entere de que está bajo investigación hasta que su tarjeta es rechazada en un comercio o no puede pagar una nómina. Esta "audiencia posterior" es una ficción jurídica; el daño reputacional y financiero ya es irreversible para cuando el afectado logra acceder al expediente.

Bajo este criterio, la carga de la prueba se revierte. No es la autoridad quien debe demostrar ante un juez la procedencia ilícita de los fondos para bloquearlos; es el gobernado quien debe demostrar su "inocencia" ante la propia UIF, para recuperar su patrimonio. Esto rompe con el estándar internacional de derechos humanos, tratando a los usuarios del sistema financiero como culpables bajo sospecha administrativa.

México ignora los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). La Corte Interamericana ha sido enfática en que las medidas cautelares deben ser proporcionales, necesarias y, sobre todo, supervisadas judicialmente. Al delegar esta potencia en la UIF, el Estado mexicano se arriesga a condenas internacionales por violar el derecho a la propiedad y a la tutela judicial efectiva.

La eficiencia en la persecución del delito no puede ser un cheque en blanco para el autoritarismo administrativo. Al avalar estos bloqueos sin control judicial, la SCJN ha debilitado el muro de contención que protege al ciudadano frente a la arbitrariedad estatal. El mensaje es peligroso: la estabilidad patrimonial en México hoy depende más del criterio de un funcionario que de la solidez de la ley.

05/04/2026

México: "La patria de los desaparecidos y la impunidad del olvido."

En México, el paisaje ya no se define solo por sus montañas o sus playas, sino por las grietas de la ausencia. La desaparición de personas se ha consolidado no como una crisis coyuntural, sino como una tragedia estructural que devora el futuro del país, convirtiendo a miles de familias en buscadoras incansables frente a la indiferencia estatal.

La reciente ratificación por parte de organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, pone el dedo en la llaga: México sigue siendo un epicentro de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, con más de 660 acciones urgentes emitidas entre 2012 y 2024, una cifra que demuestra la continuidad de la crisis sin importar el color del partido en el poder.

Lo más desgarrador no es solo la cifra —que ya supera las cien mil ausencias—, sino la "desaparición dos veces" que sufren las víctimas: primero cuando son privadas de la libertad, y segundo, cuando sus expedientes son archivados o manipulados por fiscalías negligentes. El informe de la Red Lupa y diversas investigaciones activistas señalan que la crisis forense es un cuello de botella: miles de cuerpos esperan ser identificados en SEMEFOS, mientras las familias recorren el país en caravanas de búsqueda, haciendo el trabajo que las autoridades omiten.

El intento reciente de recalibrar las cifras oficiales, a menudo buscando "invisibilizar" la magnitud del problema, ha generado una fractura de confianza con los colectivos de búsqueda. Se necesitan diagnósticos fiables, no narrativas imaginarias. La Operatividad del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) sigue siendo una deuda pendiente que perpetúa la impunidad.

Mientras tanto, en lugares como Guerrero, Tamaulipas, Jalisco o el Estado de México, la desaparición es parte de la cotidianidad. La lucha de las madres, esposas e hijas, organizadas en movimientos nacionales, es el único faro de justicia ante una crisis que exige verdad, justicia y medidas de no repetición.
México no puede seguir siendo un territorio de cuerpos ausentes.

La verdadera transformación del país no vendrá de discursos, sino del regreso —con vida o en identidad— de quienes hoy, dolorosamente, son solo una fotografía en las manos de quienes no dejan de buscarles.

A las autoridades de nuestro país: escuchamos sus informes, escuchamos sus nuevas clasificaciones y sus promesas de fortalecer las instituciones. Pero les decimos con firmeza: no necesitamos "otros datos", necesitamos resultados.

La crisis de desapariciones no se minimiza reclasificando cifras, ni rechazar la ayuda internacional o cuestionar los informes de la ONU, ello no hace desaparecer el problema. El Estado Mexicano tiene la obligación constitucional de buscar, investigar y encontrar. La búsqueda es una responsabilidad de ustedes, no solo de las madres que con pala y pico recorren el desierto.

Exigimos desde este espacio, la verdad, justicia y protección real para quienes buscan a su familiar. No más simulación.

A ustedes, queridas compañeras buscadoras, madres, padres, hijos, hermanos: sé que el cansancio pesa, que la incertidumbre quema. Pero miren a su alrededor: no están solo(a)s. Su lucha ha transformado el dolor en una fuerza colectiva que ya es histórica.

Cada rastro encontrado, cada pedazo de tierra removido con amor, es un paso hacia la verdad.

Mantengamos la memoria viva, porque la memoria es el único lugar donde nuestros desaparecidos nunca pueden ser borrados.

La esperanza no es esperar a que algo pase, la esperanza es salir a buscarlo. Su dignidad es el faro que ilumina la oscuridad de este país.

"Que este mensaje llegue al cielo y a las conciencias de quienes tienen el poder. No nos rendiremos. Debemos seguir gritando sus nombres hasta que el eco de justicia llegue al último rincón de México."

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! .....

25/02/2026

¿Qué son los datos de prueba, medios de prueba y pruebas en el proceso penal mexicano?

En el sistema penal acusatorio mexicano no todo lo que “parece prueba” lo es jurídicamente. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), especialmente en su artículo 261, distingue tres conceptos fundamentales:

• Datos de prueba
• Medios de prueba
• Pruebas

Dominar esta diferencia es clave para litigar estratégicamente, ya sea desde el Ministerio Público, la defensa o la asesoría jurídica.

¿Qué son los DATOS DE PRUEBA?

Son referencias al contenido de un medio de prueba que aún no ha sido desahogado ante el juez, pero que resultan idóneas y pertinentes para establecer razonablemente:

• La existencia de un hecho delictivo.
• La probable participación del imputado.

Fundamento: Artículo 261 CNPP.

¿En qué etapa se usan?

Principalmente en:
• Investigación inicial.
• Investigación complementaria.
• Audiencia inicial (vinculación a proceso).
• Solicitud de medidas cautelares.
• Órdenes de aprehensión.

Ejemplo práctico:

• El MP dice: “Existe un testigo que vio al imputado salir del lugar de los hechos.”

Eso es un dato de prueba.

-Se menciona que existe un video de cámara de seguridad.

-También es dato de prueba (porque aún no se exhibe en juicio).

Importante:

Con datos de prueba NO se puede condenar. Solo sirven para justificar actos procesales preliminares.

¿Qué son los MEDIOS DE PRUEBA?

Definición:

Son las fuentes de información que permiten reconstruir los hechos, siempre que se respeten las formalidades legales.

Fundamento: Artículo 261 CNPP y reglas de ofrecimiento en etapa intermedia.

¿Cuándo aparecen?
• Se ofrecen en la audiencia intermedia.

• Deben ser admitidos por el juez.
• Se desahogan en juicio oral.

📚Tipos más comunes:

1.- Testimonial (testigos).
2.- Pericial (dictámenes técnicos o científicos).
3.- Documental (contratos, informes, fotografías).
4.- Material (objetos físicos).
5.- Declaraciones (víctima o imputado).

Ejemplo práctico:

• El video de la cámara de seguridad como archivo digital ofrecido formalmente.
• La testigo citada a declarar en juicio.
• El perito en genética con su dictamen.

Aquí ya no es solo referencia: es la fuente concreta que será debatida.

¿Qué son las PRUEBAS?

Definición:

Son los medios de prueba que han sido desahogados en juicio oral, bajo los principios de:

• Inmediación
• Contradicción
• Legalidad

Fundamento: Artículo 261 CNPP y principios del sistema acusatorio.

¿Cuándo se convierten en prueba?

Cuando:
1. Fueron ofrecidos.
2. Admitidos.
3. Desahogados ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
4. Sujetos a debate entre las partes.

Ejemplo práctico:

• La testigo declara en juicio.
• La defensa contrainterroga.
• El juez escucha directamente.

En ese momento el medio de prueba se convierte en prueba.

Si nunca se desahogó en juicio, jurídicamente no es prueba, aunque esté en la carpeta.

Principios Rectores en el Desahogo de la Prueba:

1.- Inmediación:

El juez debe presenciar directamente la producción de la prueba.

2.-Contradicción:

Toda prueba debe poder ser debatida y confrontada por la contraparte.

3.-Legalidad:

Si fue obtenida violando derechos fundamentales (vgr. tortura o cateo ilegal), puede ser excluida como prueba ilícita.

¿De dónde salen los datos de prueba?

De la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público:

• Entrevistas.
• Informes policiales.
• Dictámenes preliminares.
• Fotografías.
• Videos.

Pero mientras no se desahoguen en juicio, siguen siendo solo datos o medios, no pruebas.

Errores comunes en litigio penal:

1.-Pedir condena con datos de prueba.
2.- No ofrecer medios en etapa intermedia (se pierde el derecho).
3.-Argumentar con documentos no admitidos.
4.-No objetar pruebas ilícitas oportunamente.

¿Por qué es vital entender esta distinción?

Porque te permite:

✅ Evaluar la fortaleza real del caso desde la carpeta.
✅ Litigar estratégicamente en audiencia inicial.
✅ Ofrecer correctamente tus medios en etapa intermedia.
✅ Defenderte ante pruebas ilícitas.
✅ Entender qué puede y qué no puede valorar el juez.

Conclusión:

En el sistema penal acusatorio:
• El dato orienta.
• El medio se ofrece.
• La prueba se debate y decide.

Entender esta diferencia no es teoría académica, es herramienta estratégica de litigación penal. Lo anterior es así, dado que en materia probatoria, el Código Nacional de Procedimientos Penales
puntualmente señala que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, que existirá libertad
probatoria, ya que las partes podrán probar sus pretensiones por cualquier medio pertinente, producido e incorporado cumpliendo las formalidades establecidas en el propio ordenamiento. De igual forma
hace referencia y define los conceptos de datos de prueba, medios de prueba y prueba, en los siguientes términos:

a) Datos de prueba. Es la referencia al contenido de un
determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado;

b) Medio o elemento de prueba. Es toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; y

c) Prueba. Es el conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Los conceptos anteriores no requieren mayor explicación, ya que claramente señalan que los datos de prueba son las referencias que se hagan al contenido de los registros que obran en la carpeta de investigación, en tanto que los medios de prueba, es la forma o vehículo a través del cual las partes allegaran al juez la información que interesan acreditar para demostrar sus pretensiones y la prueba
como tal es la información que obtiene el juez después de los procesos de desahogado de los medios de convicción y valoración de la información obtenida.

25/02/2026

¿Puede utilizarse la imagen de una persona con fines comerciales sin su consentimiento?

El uso de imágenes y fotografías en publicaciones académicas es una práctica común, pero puede generar conflictos legales si no se respetan los derechos de las personas retratadas.

Cuando una imagen de una persona aparece en una publicación, como un libro o un artículo académico, sin su consentimiento expreso, se vulneran sus derechos de imagen.

Lo anterior es así, debido a que el derecho a la imagen es un derecho fundamental que protege la representación visual de una persona. Esto significa que cualquier uso de la imagen de alguien en medios de comunicación, publicaciones o cualquier formato público, debe contar con el consentimiento de la persona retratada.

En el contexto académico, donde se utilizan imágenes para ilustrar investigaciones o documentar eventos, es fundamental asegurarse de que la publicación de dichas imágenes cumpla con la normativa vigente para evitar infracciones legales.

Ahora bien, la Ley Federal del Derecho de Autor, regula entre otras cosas, el uso de la imagen de una persona a través de su Artículo 87, el cual establece que el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso. Esto significa que cualquier autor o editor que desee incluir una imagen en una publicación debe obtener el permiso escrito de la persona fotografiada, salvo algunas excepciones.

El artículo establece lo siguiente:

“El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. No será necesario el consentimiento cuando se trate del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos.”

Esto implica que, si una persona es el foco principal de una imagen utilizada en un libro o artículo, su autorización es obligatoria. En caso contrario, la persona puede exigir el retiro de la imagen o incluso demandar por daños y perjuicios.

Excepciones al consentimiento en el uso de imágenes:

El Artículo 87 de la de la referida Ley, también contempla algunas excepciones. Por ejemplo, no es necesario el consentimiento cuando la fotografía ha sido tomada en un lugar público y tiene fines informativos o periodísticos, o cuando la persona retratada forma parte de un grupo más amplio y su aparición es incidental. Esto es importante en contextos como conferencias, eventos académicos o manifestaciones públicas, donde las imágenes pueden mostrar a múltiples personas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión número 2808/2025, confirmó la constitucionalidad de la Ley Federal del Derecho de Autor y reiteró que la imagen de una persona sólo puede usarse o publicarse con su autorización, salvo excepciones informativas y de interés público.

Con ello, el Máximo Tribunal reforzó la protección del derecho a la propia imagen, la intimidad y la dignidad frente a usos lucrativos o no, sin la autorización.

La SCJN determinó la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establecen que el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso, excepto cuando forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos; así como la sanción administrativa cuando dicho uso se realiza con fines de lucro directo o indirecto.

El caso se originó por una multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a un medio de comunicación que utilizó, sin autorización, la imagen de una persona para promocionar una serie de televisión. La autoridad consideró que el material tenía un propósito predominantemente promocional, comercial o de explotación económica, por lo que actualizó la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, de la citada ley federal y aplicó una multa equivalente a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La resolución fue confirmada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente, se negó el amparo solicitado por la empresa.

El Pleno analizó dos aspectos principales. En primer lugar, examinó si la falta de un plazo específico en la Ley Federal del Derecho de Autor para iniciar el procedimiento administrativo o para sancionar la conducta infractora vulneraba la seguridad jurídica. La Suprema Corte concluyó que no existe tal violación porque, aunque la ley especial no fija un plazo expreso, la facultad sancionadora se sujeta al término de prescripción de cinco años previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En segundo lugar, la SCJN analizó si es válido restringir el uso del retrato de una persona sin su consentimiento, salvo en los supuestos de excepción previstos en el artículo 87, entre los que se incluye que la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos, supuesto en el que la empresa sostuvo encontrarse.

El Máximo Tribunal determinó que, los preceptos impugnados eran constitucionales en tanto que tienen por objeto proteger el derecho a la propia imagen y a la intimidad de la persona retratada y, que los límites a esos derechos solo son válidos cuando atienden a una cuestión de interés público, lo que no ocurre cuando la difusión no aporta valor alguno al debate democrático o a la vida comunitaria.

Además, la Corte consideró que la exigencia de que la fotografía haya sido tomada en un lugar público para no requerir del consentimiento de la publicación de la imagen de una persona, obedece a la protección reforzada del derecho a la intimidad. En consecuencia, se confirmó la sentencia y se negó el amparo a la empresa.

Otra normativa clave en este tema es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, que regula el derecho a la propia imagen y su protección frente al uso indebido. Según esta ley, el uso no autorizado de la imagen de una persona puede generar un daño moral, que da lugar a una demanda civil.

El Capítulo III de dicha ley, desde el artículo 16 en adelante, establece que el uso no autorizado de la imagen de una persona en publicaciones o medios puede dar lugar a compensaciones económicas si la persona afectada puede demostrar un daño moral. La afectación a la privacidad y el uso no consentido de la imagen son consideradas infracciones graves en esta normativa.

Obligación de rectificación o retiro de material.

Además de la compensación económica, la ley también prevé que la persona afectada puede exigir la rectificación o el retiro del material donde su imagen haya sido utilizada sin permiso.

Esto significa que, si una fotografía aparece en un libro o publicación sin el consentimiento expreso de la persona retratada, puede solicitar que el material sea retirado del mercado o modificado para eliminar su imagen.

Consecuencias del uso no autorizado de la imagen en publicaciones:

Demandas civiles por daño moral.

En situaciones donde se ha utilizado una imagen sin consentimiento, la persona retratada tiene derecho a presentar una demanda civil por daño moral. Esta demanda puede derivar en el pago de una compensación económica si se demuestra que el uso no autorizado de la imagen ha causado algún perjuicio o afectación a la privacidad de la persona.

Rectificación y retiro de la publicación.

Otra consecuencia legal del uso no autorizado de una imagen es la obligación de rectificación o el retiro del material publicado. Esto implica que el editor o autor del material deberá eliminar o modificar la publicación para cumplir con la normativa. En muchos casos, esta solución permite resolver el conflicto sin llegar a juicios prolongados.

Ley Olimpia: Cuando hay contenido Íntimo Sexual.

La llamada Ley Olimpia no es una ley única, sino un conjunto de reformas a los códigos penales estatales y federales que castigan la violencia digital.

El Delito: Se tipifica como "violación a la intimidad sexual" captar (fotografiar, grabar), difundir, compartir o comercializar imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo de una persona sin su autorización.

Sanciones: Las p***s varían por estado, pero a nivel nacional y en entidades como el Estado de México, oscilan entre 3 a 6 años de prisión y multas económicas significativas (hasta $86,000 MXN aproximadamente).

Consentimiento previo: El hecho de que la persona haya enviado la foto voluntariamente en el pasado no otorga permiso para difundirla después; hacerlo sigue siendo un delito, mucho menos su es menor de edad.

Conclusión:

No se puede utilizarse la imagen de una persona con fines comerciales sin su consentimiento expreso, según lo reafirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México. Usar fotos o videos de alguien para promocionar productos, servicios o series sin autorización, viola el derecho a la propia imagen y puede generar multas significativas y demandas.

Aspectos clave.

Consentimiento Expreso: El retrato o fotografía de una persona solo puede usarse con su consentimiento expreso o el de sus representantes legales.

Excepciones: El consentimiento no es necesario si la imagen forma parte menor de un conjunto (ej. una multitud) o si tiene fines estrictamente informativos/periodísticos y se tomó en un lugar público.

Consecuencias: Utilizar imágenes sin permiso para lucro comercial es ilegal, constituyendo una infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, que puede resultar en sanciones económicas de hasta medio millón de pesos o más.

Derecho a la Intimidad: La SCJN destaca que el uso de la imagen en publicidad no consentido viola el derecho a la propia imagen y la intimidad de la persona.

En resumen, la explotación comercial sin consentimiento es una práctica ilegal que conlleva riesgos legales importantes.

20/02/2026

"PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO."

Exigir la nulidad de la prueba ilícita, es una garantía que le asiste al imputado(a) durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (1) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (2) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (3) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior obedece a qué la fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales.

Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales.

Así, dicha regla no se limita al análisis de las pruebas recabadas con vulneración a los derechos fundamentales de quien comparece al juicio de amparo con el carácter de quejoso, sino que también alcanza a aquellos medios de convicción que, en cuanto a su fuente, violan directamente los derechos humanos del coinculpado del quejoso, aun cuando no sea parte en el juicio de amparo. Esto, siempre que de ellas se adviertan imputaciones o datos incriminatorios tomados en cuenta para el dictado del fallo reclamado, en perjuicio del peticionario, ya que por estar agregadas al proceso, al ser valoradas por el Juez para dictar sentencia, deben ser objeto de escrutinio constitucional en cuanto a su licitud.

Por lo que podemos validamente colegir que toda persona inculpada cuenta con el derecho de no ser juzgada con base en pruebas ilícitas y, por tanto, procede la exclusión de la declaración incriminatoria de un coimputado que ha sido directamente obtenida a partir de una detención inconstitucional.

Consecuentemente, la persona imputada, que acude al juicio de amparo, puede reclamar la invalidez de las pruebas obtenidas de ese modo y que han sido valoradas en su perjuicio.