03/10/2025
¡Peligroso retroceso en la protección constitucional! En una decisión que ha generado una profunda controversia, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Amparo con efectos retroactivos. Esto implica que todos los juicios de amparo en curso, incluidos los que se encuentren en diferentes etapas procesales, se regirán bajo las nuevas disposiciones, limitando de manera significativa la posibilidad de obtener suspensiones provisionales, uno de los mecanismos de protección más importantes que otorga la Constitución a los ciudadanos frente a actos arbitrarios del poder público.
🔴 El contenido de la reforma y sus implicaciones jurídicas:
1. Retroactividad de la reforma:
La nueva normativa establece que todos los juicios en curso a la fecha de entrada en vigor de la reforma serán resueltos con base en las nuevas reglas. Esta retroactividad está en franca contradicción con el artículo 14 de la Constitución Mexicana, que establece que "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". La modificación incluye un artículo transitorio que explícitamente plantea que los asuntos pendientes se regirán bajo las disposiciones actuales, afectando directamente a miles de ciudadanos que confiaban en la protección de sus derechos mediante el amparo.
2. Restricción de la suspensión provisional:
El amparo pierde efectividad al limitarse la suspensión provisional, una medida urgente que suspende los actos de autoridad mientras se resuelve el juicio. Bajo la nueva reforma, la suspensión provisional no procederá cuando se trate de actos administrativos relacionados con deudas fiscales que ya hayan sido determinadas por autoridad competente, lo que facilita el cobro inmediato por parte del gobierno, incluso en juicios pendientes.
Esto fragiliza el principio de tutela judicial efectiva, ya que impide que los ciudadanos puedan paralizar actos de autoridad que puedan ser lesivos para sus derechos hasta que haya una sentencia definitiva.
3. Cambios en la legitimación del amparo:
La reforma establece que la legitimación activa para presentar un amparo será más estricta, ya que la persona que se queje deberá demostrar que el acto impugnado le produce una lesión jurídica individual, real y diferenciada. Este criterio limita el acceso al amparo, haciendo que únicamente aquellos que puedan demostrar un perjuicio real y concreto puedan recurrir a la justicia, mientras que quienes sufran un daño difuso o colectivo podrían quedar fuera de la protección.
4. Impacto sobre los juicios de amparo ya en trámite:
La reforma afecta directamente a 706,000 juicios de amparo que están en curso, según las cifras oficiales. Esto representa una violación al derecho de los justiciables a que sus causas sean resueltas con las normas vigentes al momento de su interposición, lo que genera inseguridad jurídica. Este tipo de cambios no solo afecta a los ciudadanos que han recurrido al amparo, sino que también pone en duda la estabilidad y previsibilidad del sistema jurídico mexicano.
5. Posibles violaciones a derechos humanos:
La reforma puede generar un desamparo en lugar de amparo, ya que se diluye la capacidad de protección frente a actos de autoridades que no respeten la legalidad. En lugar de proteger a los ciudadanos contra el abuso del poder, esta reforma pone al gobierno en una posición más fuerte, permitiéndole avanzar con actos administrativos, fiscales y judiciales de forma más ágil y sin el freno del amparo.
Esto constituye un grave retroceso en el respeto a los derechos humanos, ya que va en contra de los principios constitucionales que deben prevalecer: la no retroactividad de las leyes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
6. Críticas desde la oposición:
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han manifestado su enérgico rechazo a la reforma, argumentando que la retroactividad y las restricciones al amparo son un paso hacia un régimen autoritario. Aseguran que, con estas modificaciones, el amparo se transforma en una herramienta de desprotección para los ciudadanos, quienes tradicionalmente han recurrido a él para frenar los abusos del poder público.
La crítica más fuerte es que esta reforma pone en peligro el equilibrio de poderes, favoreciendo al gobierno en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
🔍 🦉 Constitucionalidad de la reforma: Si bien el Senado ha decidido aprobar esta reforma, su retroactividad viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Este principio es un pilar del derecho penal y procesal, garantizando que las leyes no puedan aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de los ciudadanos. El intento de justificar la retroactividad en los términos del dictamen no es suficiente para desvirtuar la inconstitucionalidad del cambio.
Impacto en la protección de derechos humanos: La retroactividad de la ley, unida a la limitación del acceso al amparo, puede interpretarse como una violación al derecho de los ciudadanos a obtener un remedio eficaz y oportuno frente a actos ilegales o arbitrarios del poder público. Esto debilita la protección judicial efectiva que debe garantizar el Estado.
🔴 La reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado es un retroceso significativo en la protección de los derechos humanos de los mexicanos. La retroactividad de la ley, el limitar la suspensión provisional y la estricta legitimación para presentar amparos son medidas que afectan directamente a la ciudadanía, poniendo en peligro su acceso a la justicia.
