15/05/2026
En los pasillos del Palacio de Justicia decían que Avelino Valcárcel citaba más artículos del Código Civil que nombres propios.
Tenía la elegancia antigua de los abogados que aún usaban pluma estilográfica y el defecto moderno de creer que la inteligencia bastaba para mantenerse siempre un paso por delante de la ley.
Aquella mañana desayunaba en la cafetería del juzgado mientras corregía la demanda que iba a defender horas después.
—Los pactos obligan —dijo al camarero cuando este olvidó traerle el cambio—. Pacta sunt servanda.
El funcionario sentado a su lado soltó una risa breve.
—Solo los pactos válidos, don Avelino.
Él ni siquiera levantó la vista.
La demanda estaba bien escrita. Muy bien escrita.
Sostenía que entre Avelino y su antiguo socio, Atilio Barrantes, había existido un contrato verbal plenamente válido. Y, jurídicamente, el punto de partida era impecable: en el Derecho español rige la libertad de forma. Los contratos obligan cualquiera que sea la manera en que se celebren, siempre que concurran consentimiento, objeto y causa, conforme al artículo 1261 del Código Civil.
Consentimiento hubo.
Objeto también.
Lo que destruía la demanda era la causa.
Porque durante años ambos habían comprado terrenos declarando en escritura solo una parte del precio real. El resto viajaba en efectivo, lejos de la Agencia Tributaria, oculto entre sociedades instrumentales y contabilidades dobles. Después revendían los inmuebles y repartían beneficios que jamás aparecían completos en ninguna declaración fiscal.
Hasta que un día Atilio desapareció con más de doscientos mil euros.
Y Avelino, cegado por la traición, cometió el error que separa a los abogados inteligentes de los prudentes: intentó convertir su fraude en una reclamación judicial.
La contestación a la demanda llegó como una sentencia anticipada.
La defensa de Atilio no discutía apenas la existencia del pacto verbal. No hacía falta. Admitía implícitamente el acuerdo y atacaba directamente su núcleo: la causa ilícita.
Artículo 1275 del Código Civil.
Los contratos con causa ilícita no producen efecto alguno.
Y después, con precisión quirúrgica, añadió el artículo 1305: cuando la nulidad procede de una causa ilícita constitutiva de delito común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí. Subsidiariamente citaba el artículo 1306, aplicable a la causa torpe no delictiva.
Luego remataba con el viejo aforismo romano:
—Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans.
Nadie puede alegar su propia torpeza para obtener tutela jurídica.
El procedimiento continuó hasta juicio. La cuestión esencial no era ya si existió el pacto, sino algo mucho peor: acreditar cómo funcionaba realmente.
Y ahí empezó el derrumbe.
Extractos bancarios.
Mensajes cifrados.
Pagos fragmentados.
Anotaciones manuscritas.
Declaraciones contradictorias.
Cada prueba que Avelino aportaba para recuperar su dinero servía también para demostrar el fraude fiscal que había ayudado a construir durante años.
La magistrada escuchó durante horas sin apenas intervenir. Solo tomó notas cuando aparecieron las cantidades no declaradas.
Al dictar sentencia semanas después, el golpe fue devastador.
La resolución declaraba la nulidad radical del acuerdo por existencia de causa ilícita contraria a la ley y a la moral. Recordaba que el principio de buena fe del artículo 7 del Código Civil impedía utilizar los tribunales para exigir el cumplimiento de un pacto defraudatorio. Y concluía que ninguno de los contratantes podía reclamar cantidad alguna derivada de aquel acuerdo nulo.
Pero lo verdaderamente grave no estaba en el fallo civil.
Estaba en el último párrafo.
La magistrada ordenaba deducir testimonio al Ministerio Fiscal y remitir copia de las actuaciones a la Agencia Tributaria ante la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública.
Avelino leyó esa línea tres veces.
Comprendió entonces que acababa de entregar a Hacienda, perfectamente ordenada y foliada, la confesión más cara de su vida.
Los meses siguientes llegaron como una cadena de ejecuciones lentas.
Inspecciones tributarias.
Liquidaciones millonarias.
Intereses.
Sanciones.
Embargos.
Y finalmente una citación del juzgado de instrucción.
Porque cuando la cuota presuntamente defraudada supera los ciento veinte mil euros, el fraude deja de ser solo una infracción tributaria.
Se convierte en delito.
La última vez que alguien vio a Avelino en la cafetería del Palacio de Justicia, estaba solo, frente a un café intacto y una carpeta llena de notificaciones de Hacienda.
El camarero dejó el azúcar junto a la taza.
—¿Algo más?
Avelino levantó lentamente la vista.
Por primera vez en muchos años ya no tenía ningún latinajo que citar.
