27/02/2026
El Congreso no ha convalidado el Real Decreto-ley 2/2026 y, con ello, decae el denominado “escudo social” que venía permitiendo la suspensión de determinados procedimientos de desahucio por situación de vulnerabilidad.
Desde 2020, a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se había consolidado una normativa de carácter excepcional que facultaba la paralización de lanzamientos y procedimientos de desahucio. Al no haberse convalidado el citado Real Decreto-ley, dicha cobertura jurídica desaparece.
¿Qué implica este nuevo escenario?
En primer lugar, los procedimientos que se encontraban suspendidos pueden reanudarse.
En segundo lugar, ya no caben nuevas suspensiones con fundamento en el Real Decreto-ley 11/2020, cuya vigencia se había ido prorrogando sucesivamente desde el inicio de la pandemia.
Se trata, sin duda, de una noticia relevante para los arrendadores que se encontraban afectados por desahucios suspendidos durante largos periodos, así como para quienes estén valorando iniciar acciones judiciales para la recuperación de su inmueble por impago de rentas o por finalización del contrato.
Ahora bien, conviene mantener la prudencia. El Gobierno podría intentar aprobar un nuevo Real Decreto-ley. La cuestión clave será si logra su convalidación parlamentaria y si concurre realmente la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución para acudir a esta vía normativa excepcional.
En todo caso, a día de hoy el escenario jurídico ha cambiado de forma significativa. Nos encontramos, previsiblemente, ante el contexto más favorable de los últimos años para impulsar y culminar procedimientos de recuperación de inmuebles arrendados.
Quedamos a su disposición para analizar cada caso concreto y valorar las actuaciones más adecuadas en este nuevo marco normativo.
Seguimos en contacto, seguimos trabajando.
contigo
Un cordial saludo,
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