Abogados contencioso administrativo

31/08/2026

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado parcialmente las pretensiones de un paciente quien, tras recibir una anestesia epidural, aunque se negó a ello, sufrió un grave lesión medular que le dejó impedido, por lo que condena a la Comunidad Valenciana, a indemnizar con 120.000 euros al paciente que se negó a la epidural, y acabó impedido.

La administración de la epidural le provocó problemas de movilidad y falta de sensibilidad en la región ge***al, y perineal.

07/08/2026

La víctima indirecta de un delito violento y doloso con resultado de muerte en España, tiene derecho a solicitar ayudas económicas públicas del Estado (reguladas por la Ley 35/1995), así como a recibir asistencia psicológica, jurídica e integral gratuita a través de las oficinas especializadas de la administración.

27/07/2026

El TSJ de Baleares anula la expulsión de un extranjero condenado por malos tratos atendiendo al interés superior de su hijo menor (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Baleares, nº 133/2026, de 9 de marzo de 2026, Rec. 461/2025).

Anulación de la expulsión de un detenido por delito de malos tratos, en situación irregular, sin documentación identificativa y con antecedentes penales. Rechazo de la consideración como circunstancias agravatorias de la indocumentación, dado que aportó posteriormente el pasaporte con sello de entrada, y de la condena por malos tratos a una pena inferior a un año de prisión. Valoración del interés superior de su hijo menor, residente y escolarizado en España, con el que mantiene una relación estable y cumple sus obligaciones paterno-filiales, que resultaría perjudicado por la expulsión.

24/07/2026

Se deniega a una asociación de consumidores el acceso a la documentación judicial de un proceso sobre una sanción por prácticas restrictivas de la competencia en el que no era parte (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, Sección 6ª, nº 851/2026, de 2 de julio de 2026, Rec. 210/2025).

Asociación de consumidores que solicita el acceso a los documentos de un proceso judicial sobre una sanción en materia de defensa de la competencia en el que no ha sido parte. Denegación. Falta de acreditación de un interés legítimo y directo exigido para terceros ajenos al proceso, que no se desprende sin más del objeto y fines recogidos en sus estatutos. Tampoco acredita su legitimación para ejercitar acciones transfronterizas colectivas de reclamación de daños, ni la posible afectación de algunos de sus asociados por las conductas anticompetitivas sancionadas, ni la utilidad de la información solicitada para preparar las eventuales acciones colectivas indemnizatorias que pretende ejercitar. Rechazo de infracción del principio de interdicción de la reformatio in peius y suficiente motivación de la resolución del CGPJ.

17/07/2026

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que indemnizar con 6.000 euros a una paciente por mala praxis durante una intervención quirúrgica. Un caso en el que los profesionales médicos «olvidaron» una gasa quirúrgica dentro de la mujer durante la operación, provocándole una infección que duró durante meses.

La Junta de Andalucía ha reconocido el caso de mala praxis, abonando a la paciente 6.000 euros por los daños sufridos.

17/07/2026

El interesado no tiene derecho a conocer la identidad del personal sanitario autorizado que accede a su historial clínico (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Sección 3ª, nº 789/2026, de 24 de junio de 2026, Rec. 3280/2024).

Solicitud de acceso a la identidad del tercero que, dentro de la organización del responsable del fichero, pudiera haber accedido a los datos personales de la historia clínica del solicitante. El interesado no tiene derecho conocer esa identidad cuando se trata de personal integrado en la organización sanitaria que ha contribuido a formar el historial clínico y está autorizado.

El concepto de "destinatario" del art. 15 RGPD no abarca al personal integrado en la organización responsable del tratamiento y su acceso a la información no se considera un acceso por terceros o una cesión de los datos.

17/07/2026

No puede excluirse el castellano en la rotulación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en Cataluña (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4ª, nº 831/2026, de 1 de julio de 2026, rec. 4553/2025).

Rechazo de la exclusión del castellano en los rótulos de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. La configuración de las instalaciones de los centros docentes forma parte de la actividad educativa, y la exclusión del castellano afecta negativamente a su normal utilización como lengua vehicular de la enseñanza, vulnera el régimen de cooficialidad lingüística y puede introducir una diferencia de trato injustificada en materia lingüística.

16/07/2026

Los herederos a término también tributan en IRPF por las rentas obtenidas por la herencia yacente (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, Sección 2ª, nº 833/2026, de 2 de julio de 2026, Rec. 2040/2024).

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.3 LIRPF, las rentas generadas en una herencia yacente deben ser imputadas en sede de IRPF a quienes hayan sido instituidos herederos, incluidos los llamados a la herencia como herederos a término, aunque no se haya alcanzado el término ni, en consecuencia, producida la adquisición de los bienes o derechos integrantes del caudal relicto.

10/07/2026

En los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística los informes técnicos deben emitirse por funcionarios de carrera del grupo correspondiente para que no sean nulos (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Sección 5ª, nº 788/2026, de 24 de junio de 2026, Rec. 7385/2024).

Los informes técnicos, preceptivos aunque no vinculantes, en cuanto son determinantes del contenido final de la resolución administrativa y tienen una especial intensidad y trascendencia para la situación jurídica del administrado, implican el ejercicio de potestades públicas y deben emitirse por funcionario de carrera. Por su parte, los informes jurídicos no pueden ser emitidos por un funcionario de carrera del grupo C2, ya que son propios de un grupo superior (A1), ni siquiera en virtud de una habilitación administrativa, que solo puede atribuir estas funciones con carácter puntual u ocasional y para intervenciones de mero auxilio o asistencia. El incumplimiento determina la nulidad del acto administrativo basado en dichos informes.

08/07/2026

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los intereses de los funcionarios de prisiones, declaarndo la necesidad de transparencia en relación al abono gubernamental de los complementos salariales al personal penitenciario, pese a la negativa del Gobierno a proporcionar esta información por afectar a la protección de datos.

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