07/04/2025
Tensión en el mercado de la vivienda
El mercado de la vivienda se estrecha para el consumidor de segunda residencia, y más todavía para el usuario necesitado de vivienda habitual, sobre todo si el área de consumo es el arco mediterráneo y las grandes ciudades.
Motivos por los que hemos llegado a este punto:
La alta demanda de alquiler vacacional y la inseguridad jurídica en el alquiler de larga duración. España se ha convertido en el segundo país turístico del mundo, con cifras record cada año. Y una rentabilidad en el alquiler vacacional muy superior al de larga estancia – a pesar de la presión fiscal a la que se le está sometiendo y los cambios en la normativa - . Aun así, el inversor nacional y extranjero sigue creyendo en este mercado.
Desde la crisis del 2008 apenas se ha construido en España un número de unidades muy por debajo de la demanda, lo que ha contribuido a una subida de precios sumado a un aumento de los costes de producción y, a la falta de mano de obra especializada en la construcción.
Los cambios en la forma de trabajar, han hecho que nuestro país sea un atractivo para el trabajador digital europeo, y este, ha decido comprar vivienda en España por varios motivos, pero el principal, la calidad de vida en el mediterráneo o en ciudades como Madrid, Valencia o Málaga, que son las que encabezan las mayores subidas de precios en España.
Los modos de vida de la juventud, los bajos salarios, la no capacidad de ahorro y que apenas existe posibilidad de financiación para jóvenes con pocos ahorros.
Soluciones que en mi opinión se pueden dar a corto y mediano plazo:
El SAREB todavía mantiene en su inventario viviendas ejecutadas sin vender que podrían paliar la demanda existente de alquiler o de compra en el sector de los jóvenes de este país y que demandan una solución habitacional. Al mismo tiempo que se le apoya financieramente en la adquisición de los mismos.
El SAREB posee estructuras de edificios y metros de suelo urbano sin usar y que aplicando convenios con la empresa privada se podrían ejecutar proyectos de vivienda social tanto de adquisición como de alquiler. Y lo mismo es válido para los Ayuntamientos, que sobre todo poseen suelo dotacional pero también residencial.
Hasta el momento lo único que se ha hecho, es decir nada, es que la carga de la necesidad habitacional de la población recaiga sobre las personas físicas o jurídicas, legislando en contra de ellas y desentendiéndose del problema las administraciones públicas, tanto el estado como las comunidades autónomas.
Y así nos va.