Iliber Abogados

08/11/2023

Hola a todos! Hemos estado un tiempo "fuera de juego" por razones que no vienen al caso, pero ya hemos vuelto. Confiamos en que los contenidos que vayamos subiendo sean de vuestro interés. Un saludo.

08/11/2023

Ayer martes se leyó el veredicto de culpabilidad del Jurado. Ha sido, sobre todo para la familia, un largo y tortuoso camino en el que desde el principio estuvo nuestro compañero José Guerrero como acusación particular, en representación de la madre e hija de Lucía Garrido. Solo en el segundo juicio se sumó al equipo jurídico Domingo Funes, que hizo el informe final. Asimismo, es justo reconocer la enorme labor del Ministerio Fiscal y de la otra acusación particular en representación de Rosa Garrido, la hermana de Lucía, que llevó a cabo nuestro compañero, Luis Portero, que también realizó un magnífico trabajo. La defensa anunció recurso. Se ha hecho justicia, aunque se ha tardado demasiado, pues han transcurrido más de 15 años.

José Guerrero y Domingo Funes, de Iliber Abogados, han sido los letrados que ha representado a la madre y la hija de la víctima en este terrible caso. Han sido necesarios más de quince años para que se haga justicia en el conocido caso del as*****to de Lucía Garrido, la mujer malagueña que apa...

28/10/2020

Un nuevo artículo de nuestro compañero director del Dpto. de Derecho Militar, José Guerrero.

La Guardia Civil no puede iniciar pruebas tendentes al mantenimiento o reciclaje de la especialidad al guardia que está de baja médica.

07/10/2020

Si tienes un restaurante, bar, pub o discoteca en alquiler igual te interesa este artículo.

Sin rodeos: si, puedes. Y te explicamos por qué. Todo contrato de arrendamiento parte de un equilibrio “ideal”, sinalagmático, logrado entre las partes tras una negociación más o menos intensa. Se supone que ambas partes reciben lo que ellos han entendido que es igual, que ninguno se aprovec...

05/10/2020

La falta de formación de la mayoría de los militares con potestad disciplinaria hace que muchos expedientes disciplinarios se tramiten sin respetar todas las garantías y derechos del expedientado.

25/09/2020

¿Todos los hombres del empresario?

Parafraseo el título del celebérrimo libro de los periodistas Bernstein y Woodward, relatando la historia de la investigación periodística que condujo al famoso escándalo de "Watergate", que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos y cuyo punto de arranque estuvo en una denuncia anónima de un confidente “de dentro” de las propias filas del partido del presidente.
Por qué la paráfrasis? Viene a propósito de la sentencia del TS (sala 2ª) núm. 35/2020, de 6 de febrero.; recurso de casación 2062/2018 en la que son condenados, entre otros, unos trabajadores por unos hechos producidos dentro de una empresa, a raíz de una denuncia anónima llegada a una directiva de la misma y la consecuencia sobe la validez o aceptación en el seno de las empresa de la figura del ”whistleblowing”, y en donde en definitiva, la Sala acepta la denuncia anónima un medio o canal para la comunicación de infracciones o fraudes en la empresa.
Sobre las razones que justifican la necesidad de implantación de estos canales de denuncia. Resultan eficaces para constituir el arranque de la investigación como peculiar forma de denuncia, puesto que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones denuncia. La implantación de este canal de denuncias, forma parte integrante de las necesidades que justifican el programa de cumplimiento normativo o “compliance”.
En este caso concreto, la validez de esa denuncia anónima tiene su razón de ser en el contenido delictivo de lo que se “chivaba”, un presunto delito, que al final fue objeto de condena penal. Pero si el contenido de la denuncia anónima es una irregularidad laboral simplemente, tendría igualmente esta validez? Y en este caso hay protección suficiente para quien hace la denuncia anónima? En definitiva, se busca reforzar la protección del “whistleblower” (denunciante anónimo) y el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información tan protegido legalmente. En este caso en la manos del legislador nacional se encuentra la regulación del régimen jurídico de los medios externos e internos de denuncias. Hasta que eso llegue (cosa que en estos días se antoja en un futuro no demasiado próximo) no es obstáculo anticiparse de estas prevenciones. La vía del cumplimiento efectivo de programas de “compliance” en las empresas o el de la responsabilidad empresarial en los convenios colectivos. Entre tanto la manera de prevenir posibles represalias pasa por reclamar la efectividad permanente de la garantía de indemnidad del trabajador y su tutela judicial de manera permanente en el caso de que se vea por cualquier motivo atacada como consecuencia de una actuación en la que crea estar cumpliendo un derecho ante la constatación de una irregularidad que en definitiva puede perjudicar a la empresa o a otros compañeros de la misma.

Antonio J. Aznar Unzurrunzaga
Abogado

17/07/2020

Hasta ahora, cuando policía o un guardia civil se lesionaba en una actuación, el responsable de los daños, por lo común el delincuente, era el responsable de abonarle lo que le correspondiera. Pero muchos eran insolventes y al final los funcionarios se quedaban con su lesión y sin indemnización. Eso es lo que esta reciente sentencia del Supremo, de la que se hace eco el blog "delaJusticia.com", viene a cambiar, obligando al Estado (a fin de cuentas su empleador) a abonar la indemnización si resulta insolvente el responsable. ¿Consecuencias? Entiendo que puede haber miles de guardias, policías y otros funcionarios en esta situación en toda España que podrían ser indemnizados por esta cuestión. Si es tu caso y quieres que lo estudiemos, ponte en contacto con nosotros. Os dejo el artículo y un extracto de la sentencia muy elocuente:

"Todo ello sin olvidar que, en última instancia, el principio general de resarcimiento o indemnidad es un principio inherente al sentido instrumental de toda Administración. En la medida en que quienes la sirven no actúan en interés propio sino en el público -en el de todos- si sufren daño o perjuicio en el servicio, sin mediar culpa o negligencia, se les debe resarcir directamente por la propia Administración en cuyo nombre actúan. Por eso, venga o no expresado en preceptos concretos, hay que recordar que el artículo 1729 del Código civil establece la obligación de que el mandante indemnice al mandatario todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario".

Un supuesto harto frecuente en la vida diaria era el del policía que con ocasión de su labor (persecución, detención, forcejeo,etcétera) sufría daños personales y contaba con sentencia penal que de…

15/07/2020

Siguen cayendo sentencias favorables, en lo sustancial, a clientes con cláusulas suelo. Aquí otra.

Otro cliente de Iliber Abogados recupera el importe de lo indebidamente cobrado por una cláusula suelo 15 julio 202015 julio 2020   El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Granada, en un reciente sentencia de este mes de febrero (Sentencia núm. 139/2020) que no ha sido recurrida, ha resuelto est...

27/06/2020

Sentencia favorable a nuestro cliente relativa a una supuesta deuda de una tarjeta de crédito. El caso ha sido defendido por nuestro compañero Domingo Funes

La AP de Granada falla contra un fondo recomprador de deuda bancaria por no acreditar ni la existencia de deuda ni una sola disposición por parte del cliente 27 junio 202027 junio 2020 La Audiencia Provincial de Granada, en su sentencia 186/2020, ha dado la razón a un cliente de Iliber Abogados y ...

16/06/2020

Otra sentencia positiva para nuestro despacho, de la mano de nuestro responsable de Derecho Militar y Asesor Jurídico de AUGC, Pepe Guerrero.

El TSJM condena al ISFAS y a una aseguradora a abonar los costes de una asistencia sanitaria que no prestó en el nacimiento de la hija de un Guardia Civil 16 junio 202016 junio 2020     La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado recientemente ...

16/06/2020

Gracias a todos por vuestro apoyo. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Quid pro quo.