CGT Asturias

17/10/2026

16/10/2026

13/10/2026

"De acuerdo a los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el ente que gestiona el Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia (SAAD) con las cifras que aportan las propias comunidades, los murcianos deben esperar 536 días para empezar a disfrutar del servicio que hayan elegido. Los asturianos, 416.

Es decir, en lugar de seis meses, en Asturias el proceso no culmina, con suerte, hasta trece meses y medio después. Eso significa que, por ejemplo, una solicitud presentada el 1 de enero debería quedar solventada el 30 de junio, pero en Asturias no tendría respuesta hasta el 20 de febrero del año siguiente."

Tras Murcia, el Principado duplica el plazo legal de tramitación pese a los dos millones aprobados para el Plan Agiliza

10/10/2026

⚠️ Apunta, sábado 10 de octubre a las 18:00 en La Plaza de La Escandalera.

💥 Los Sindicatos de Inquilinas y de Vivienda y los laborales ya estamos coordinados y empezamos a construir la huelga general.

🔴 Ven a escuchar, participar y preguntar a personas sindicalistas que han participado en huelgas históricas que nos contarán su experiencia para organizar una huelga general también histórica.

09/10/2026

Desde CGT Asturias nos solidarizamos con las inquilinas e inquilinos de las viviendas sociales que gestiona que en estos momentos están afrontando la aplicación de la adecuación de las rentas y, en algunos casos, deshauciando a familias de clase trabajadora.

Es triste ver cómo las organizaciones de izquierda están calladas e incluso justificando esta situación.

A cada uno lo pondrán en su sitio, más pronto que tarde.

Los criterios generales de adecuación de la renta se basan en el IPREM. Desaparecen los coeficientes reductores que se aplicaron en el momento de la adjudicación.

A una familia con menores y con discapacidad en la adjudicación se le aplican unos correctores, pero, años más tarde llega la adecuación de rentas y esos coeficientes ya no existen aunque lo que persisten son los menores, las discapacidades, etc.

Toda la adecuación pasa a ser regulada y adecuada en base al IPREM.

El problema está en la falta de actualización del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), el cual permanece completamente congelado en 600 euros mensuales desde el año 2023.

Esta falta de actualización de las cuentas estatales provoca un fuerte impacto social y laboral:
La congelación continuada de este índice repercute negativamente en las economías más vulnerables y en la clase trabajadora

Mientras que el Salario Mínimo ha continuado su senda alcista hasta situarse notablemente por encima del indicador (superando los 1.200 euros), el IPREM apenas representa el 49% del SMI. Esto ensancha una brecha que penaliza las cuantías mínimas y máximas de prestaciones por desempleo o por cese de actividad de los autónomos.

Una familia que esté cobrando el SMI ya supera el umbral y es abandonada por el sistema después de 21 años. ¿A dónde? El siguiente eslabón está muy lejos. Los "alquileres asequibles" están alrededor de unos 800 euros, eso significa que casi un salario entero se entrega al alquiler. ¿El otro salario da para alimentar a 4 personas más los suministros y la gasolina de hoy en dia?

Están obligando a las familias a que abandonen sus trabajos y les expulsan a la economía sumergida.

¿Esta es la solución para el problema de la vivienda del Principado de Asturias a cargo de Izquierda Unida?

09/10/2026

XII Informe sobre la privatización sanitaria de las Comunidades Autónomas, correspondiente a 2026 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

El estudio señala «un incremento de la privatización de los servicios sanitarios públicos en el conjunto del Estado» y señala que Asturias « ha experimentado un incremento del 95,8% y en los últimos 3 años se han acelerado sus procesos».

La federación apunta que el «motor de la privatización» en España son los retrasos en la atención sanitaria y sus indicadores, «que no han dejado de crecer», que han permeado a la atención primaria. «La justificación social y política de la privatización es el supuesto de que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para satisfacer la demanda de la población», continúa el análisis. Esto implicaría la necesidad de “colaboración público-privada”. De esta forma, «el deterioro de la sanidad pública (infradotación, falta de políticas públicas, obsolescencia de modelos organizativos, ineficiencia en la gestión) forma parte esencial de las políticas privatizadoras».

Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la región ha experimentado en este ámbito un incremento privatizador del 95,8% desde 2014 «y en los últimos 3 años se han acelerado sus procesos»

08/10/2026

La vivienda es también un conflicto laboral. De nada sirve un aumento de sueldo si la especulación inmobiliaria lo engulle por completo.

¡Arriba los sueldos, abajo los alquileres!
¡Ni un deshaucio más! ¡Viva la huelga general del 11N!

06/10/2026

deja el concejo de Lena sin servicio de oficina en Campomanes, a todo el Valle del Huerna e incluyendo Campomanes. No siendo esto suficiente tampoco hay carter@s en el Valle del Huerna y Campomanes. Basta ya de recortes! Correos cumple con tu usuari@s!!