12/08/2012
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL, DE 24 DE MAYO DE 2012. RECURSO Nº 1319/2009.
La indemnización de daños y perjuicios en los supuestos de incumplimiento de contrato, comprende el lucro cesante cuando se acredite su existencia y cuantía. Apreciación de su existencia por el mero incumplimiento en determinados contratos, como el de ejecución de obra, por pérdida del beneficio industrial esperado.
La Sentencia indica que, no cabe confundir la prueba de la existencia del “lucro cesante” con la de su alcance económico. En ocasiones el “lucro cesante” no necesita ser probado porque claramente se desprende del incumplimiento y consiguiente frustración del contrato. Así ocurre en los contratos de ejecución de obra en los cuales quien se compromete a ejecutarla lo hace a cambio de un precio en el que se incluye un justo beneficio llamado a retribuir adecuadamente su actuación profesional; beneficio que lógicamente deja de percibirse si la obra no llega a ejecutarse. Puede citarse al respecto la norma del artículo 1594 del Código Civil, referida al “desistimiento” del dueño de la obra, que obliga a indemnizar al contratista, entre otros conceptos, por la “utilidad” que pudiera obtener de ella que, según ha declarado esta Sala, se refiere a toda la obra y no solo a la parte realizada (Sentencias 10 marzo 1979 y 15 diciembre 1981) incluido el beneficio industrial que el contratista confiaba obtener y que deberá calcularse también sobre la totalidad de la obra proyectada (sentencias de 13 mayo 1983 y 20 febrero 1993).
Admitida en el caso concreto la existencia de “lucro cesante” y ante la falta de prueba acerca de la realidad de los importes que han sido reclamado, se procede a una justa ponderación que, para estos casos, fija la jurisprudencia en el 15% del importe presupuestado y no ejecutado por culpa de la parte contraria, que se considera como “beneficio industrial” dejado de obtener (sentencias de 22 noviembre 1974, 10 marzo 1979, 13 mayo 1983 y 13 mayo 1993). Tal porcentaje se habrá de aplicar sobre el importe total del presupuesto concertado y el importe total del mantenimiento previsto para diez años, más intereses legales.
