Alejandro Urdiales

13/06/2026

Acceso ilícito de la Policía a mis datos personales

Hace poco descubrí que la DGP había consultado mis títulos universitarios a través del servicio oficial de “Consulta de títulos por documentación” del Ministerio de Educación. El justificante habla de un procedimiento denominado “PROCESOS SELECTIVOS” y de una finalidad “UCSP”.

El detalle llamativo es que yo no participo en ningún proceso selectivo relacionado con la UCSP ni he solicitado tomar parte en ninguno. Aun así, alguien decidió acceder a mis datos académicos como si lo estuviera, para “ver qué había”.

La consulta confirma algo muy simple: mis titulaciones son reales. No solo tengo el título que buscaban, tengo dos. El problema es que se ha utilizado una vía oficial de consulta para justificar un acceso a mis datos sin base real en un procedimiento existente.

Lo paradójico es que, mientras a los DP se nos veta el acceso a muchas fuentes de información porque “no se fían” de qué uso podamos hacer de los datos, en mi caso ha sido la propia DGP la que ha entrado en mis datos académicos invocando un proceso selectivo que no existe, es decir, de forma irregular.

El acceso a sistemas y bases de datos institucionales no es un privilegio “para mirar cosas”, sino una herramienta extraordinaria sometida a límites muy estrictos: solo puede usarse para fines legítimos, vinculados a una actuación de servicio real y claramente motivada.

Cualquier consulta “por curiosidad”, por motivos personales o ajenos a la función que se invoca se considera ilícita y puede suponer una falta muy grave e incluso responsabilidad penal por acceso indebido a datos reservados.

En conclusión, estamos ante un acceso ilícito a datos personales, perfectamente denunciable ante la autoridad de protección de datos y, en su caso, en sede judicial. Yo no soy aquí el que está en una posición delicada si este episodio acaba en un procedimiento formal. Conviene que en la UCSP y en la DGP lo tengan muy presente si deciden retomar la vía represiva.

06/06/2026

El “Estatuto de Gándara” (EdG): cuando una ley se convierte en declaración de guerra

Los voceros del sistema repiten que “la ley está para cumplirla” como si habláramos de un marco neutro y garantista. Cuando hablamos de la LSP, hablamos de otra cosa: de un entramado legal que difícilmente superaría un mínimo escrutinio de legalidad, constitucionalidad y proporcionalidad, sobre todo en lo que afecta al ejercicio libre de nuestra profesión.

La aprobación de la LSP no fue una simple ordenación técnica, sino la implantación de un auténtico derecho penal del enemigo aplicado a un colectivo profesional concreto: un marco diseñado en mesas político‑policiales para legitimar la opresión de nuestro oficio y mantenerlo en una servidumbre jurídica permanente frente al Estado y sus FCS.

A eso le llamo yo "EdG": el conjunto de normas, criterios e inercias administrativas que han colocado a los DP en una posición de subordinación estructural.

Es una ley que podrá ser formalmente válida, pero que muchos consideramos profundamente ilegítima en lo sustantivo, porque se diseñó y aprobó sin contar de verdad con los DP ni con sus intereses profesionales.

En la práctica, hablamos de una arquitectura jurídica impulsada desde una visión policial profundamente hostil hacia los DP, implementada después por sus sucesores a través de una política de control y castigo que difícilmente encuentra equivalente en ningún otro colectivo de profesionales liberales en toda Europa.

La consecuencia lógica del “EdG” fue, precisamente, no aprobar ningún reglamento que limitara de verdad el poder de la Admón. No es un descuido: es una decisión coherente con su filosofía. Cuanto más vaga y elástica es la norma, más amplio es el margen para castigar al que molesta.

Al renunciar a un desarrollo reglamentario garantista, el MIR se aseguró la posibilidad de reinterpretar la LSP a conveniencia, expediente a expediente, manteniendo sobre los DP un régimen de control policial permanente en el que la frontera entre lo permitido y lo sancionable la dibuja, cada día, la misma autoridad que te vigila.

30/05/2026

El karma institucional y los DP

Estos días seguimos un juicio clave sobre cómo un antiguo ministro del Interior y su equipo utilizaron recursos del Estado en una operación parapolicial, mientras impulsaban una etapa de endurecimiento contra los DP. Pocos años después, el principal artífice policial de la LSP 5/2014 desapareció.

Impresiona ver cómo quienes participaron en semejante atropello hacia un colectivo profesional han sufrido los efectos del karma.

En los últimos meses también ha dejado su cargo el máximo responsable de la unidad policial encargada de someter a los DP, que durante años aplicó una política basada en la sospecha permanente y la ausencia de colaboración. Su salida abre, al menos, la posibilidad de repensar ese enfoque.

En mi caso, también he conocido cómo funciona ese ‘karma institucional’. El burdo intento de endosarme una sanción de 60.000 € por regentar un supuesto despacho de DP ‘clandestino’ —cuando en realidad se trataba de un despacho de abogados— terminó volviéndose contra quien lo avaló. Aquel secretario de Estado de Seguridad (SES) que dio por bueno el montaje construido desde Málaga acabó presentando su dimisión precisamente el día de mi cumpleaños, víctima de su propia paranoia represiva.

Hoy ha vuelto a la judicatura, y sinceramente me alegro por él: ha elegido un rumbo profesional que siempre será más digno que dedicarse a la despreciable tarea de oprimir a un colectivo de profesionales liberales.

Con el tiempo, la nueva SES rectificó aquella decisión, algo que siempre he reconocido y que demuestra que incluso dentro del sistema hay capacidad de corregir excesos cuando se analizan los casos con rigor jurídico y buena fe.

Por todo ello, invito a la actual SES a reflexionar a fondo sobre la política seguida durante años hacia los DP y a dar un paso claro: reconocer, de una vez, nuestros derechos como verdaderos profesionales liberales. Mantenerse en la inacción o apostar por las vías represivas solo ha demostrado que el ‘karma’ institucional acaba pasando factura.

Por pura justicia histórica ha llegado el momento de corregir el rumbo.

21/05/2026

Hoy es el Día de la Seguridad Privada. Respeto el trabajo de ese sector, pero como DP no tengo nada que celebrar ahí dentro. Mi batalla va por otro lado: defender que el DP es un profesional liberal con identidad propia, no un apéndice del subsistema de seguridad.

19/05/2026

Qué es ser un intruso (y qué no)

Los guardianes del régimen imperante, en sus propuestas de sanción y a través de sus voceros en RRSS, llaman “intruso” a quien no se pliega y se atreve a cuestionar el sistema que ellos mismos han diseñado.

Sin embargo, el art. 403 CP dice otra cosa: intrusismo es ejercer una profesión sin el título académico exigido, no sin un número en un registro creado para las empresas de SP ni sin una tarjeta de plástico pensada para el personal de SP.

Por tanto, intruso es quien se presenta como profesional sin haber obtenido la formación que la ley exige. Y yo sí poseo esa cualificación académica: uno de los títulos (universitarios) más exigentes del derecho comparado, por cierto.

Mientras tanto, casi nadie habla de los verdaderos invasores: aquellos funcionarios que, con la pi***la al cinto, asaltan los despachos y los domicilios de los DP cuando les viene en gana para revisar nombres de clientes e investigados, contratos y hasta el contenido de los informes, vulnerando la confidencialidad que protegen el art. 199 CP y el art. 5 LOPD, y estirando sus competencias mucho más allá de lo que su propia ley les permite (art. 54.5 LSP).

Si alguien merece el calificativo de “intruso”, es quien entra donde no debe y hace lo que no le corresponde; no quien ejerce con su título, al igual que cualquier otro profesional liberal, y se limita a recordar lo que dice la ley.

Ante todo esto solo cabe una pregunta sencilla: si tan claro tenéis que soy un intruso, ¿por qué no me lleváis ante un juez?

Porque, por muchas veces que se repita una mentira, no deja de ser una mentira.

11/05/2026

Tras la separación, toca reconstruir

Tras mi emancipación formal del subsistema de SP, llega el momento importante: reconstruir los pilares básicos de la identidad de esta profesión. Durante años, la LSP, con su modelo TIP+RNSP y el resto de normas comunes al personal de SP han diluido quiénes somos los DP, reduciéndonos a una categoría más dentro de un estatuto creado y pensado por y para otros.

Un DP no es un vigilante, ni una empresa de SP, ni un auxiliar de la policía. Nuestra función natural está más cerca de la abogacía y de la pericia judicial: trabajamos con prueba, con derechos fundamentales y con la confianza de las partes. Si se nos regula solo como “personal/empresa de SP”, se desfigura esa identidad y se sacrifica lo esencial: el secreto profesional, la autonomía técnica y la responsabilidad directa ante los tribunales.

Esta nueva etapa, ya fuera del perímetro de la LSP, la quiero dedicar precisamente a eso: a poner por escrito cuáles deberían ser los pilares de un verdadero estatuto del investigador libre. No para crear otro gremio corporativo, sino para recordar algo muy sencillo: sin una identidad propia, clara y respetada, esta profesión seguirá siendo tratada como mano de obra disciplinada, en lugar de como lo que puede llegar a ser: una pieza clave en la protección de derechos y en la calidad de la justicia.

Hace tiempo que renuncié a la idea de una rebelión colectiva. La mayoría del sector ha elegido (resignada) adaptarse al modelo LSP–UCSP, y lo asumo sin drama: que les vaya bien en ese marco. Mi camino es otro, el de reconstruir en solitario —y a la vista de todos— una identidad profesional distinta, más cercana a las profesiones jurídicas que al personal de SP.

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04/05/2026

Por qué entregué mi TIP y qué significa esta nueva etapa

El pasado 28 de abril procedí a la entrega formal de mi TIP, acreditativa de mi condición de DP sometido a la LSP, ante la UTSP de Málaga. La actuación se desarrolló a las 16:00 h, en la puerta de la comisaría de C/ Virgen del Gran Poder n.º 40, con un trato exquisitamente correcto y profesional por parte de los agentes actuantes, a quienes quiero agradecer expresamente su actitud en un expediente que todos sabíamos sensible.

La coordinación previa se hizo por los cauces adecuados: llamada desde el número oficial de la unidad y confirmación por correo electrónico, dejando por escrito que el trámite se realizaría en el exterior de la comisaría, sin necesidad de acceder al interior de las dependencias. Ese marco de garantías básicas permitió que todo se desarrollara con normalidad: entrega de la TIP, firma del acta de retirada y constancia documental de la extinción de la habilitación profesional n.º 3875 como personal de SP.

La UCSP puede tener mi palabra de que no voy a realizar ninguna de las actividades de SP definidas en el art. 5 LSP ni aquellas investigaciones privadas reguladas expresamente bajo ese subsistema en el art. 2 LSP; es decir, las que tienen como finalidad "garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades". Eso incluye también renunciar a colaboraciones con despachos que operan estrictamente bajo ese paraguas y a las supuestas ventajas que pueda ofrecer esa integración.

Sí seguiré desarrollando, en cambio, investigaciones sobre asuntos estrictamente privados, sin relación alguna con la seguridad de bienes o personas, así como trabajos de aportación de pruebas para procedimientos judiciales al amparo de la LEC, desde una óptica técnico‑jurídica y bajo el control judicial correspondiente.

Mi objetivo a medio plazo es que se reconozca, también a nivel normativo, que este tipo de funciones pueden y deben ejercerse con garantías fuera del subsistema de SP: como actividad profesional autónoma de DP titulados, sin tener que pasar por el filtro policial.

En definitiva, entregar la TIP no ha sido un final, sino el inicio de esa nueva etapa.

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28/04/2026

Título universitario, colegiación y habilitación administrativa: una analogía entre peritos y DP

En el ámbito pericial, la LEC parte de una premisa clara: lo relevante es la cualificación técnica de la persona que dictamina. El artículo 340 LEC exige que los peritos tengan “el título oficial que corresponda” o, en su defecto, sean “personas entendidas en la materia”, sin imponer en ningún momento la colegiación como requisito general.

El artículo 341 LEC refuerza esta idea cuando regula la designación judicial de perito y prevé expresamente el supuesto en que “no exista Colegio Profesional” de la materia correspondiente, permitiendo a los tribunales acudir a listas elaboradas por asociaciones, sindicatos u otras entidades adecuadas.

Esto evidencia que la función pericial puede ejercerse por titulados o expertos no colegiados, siempre que cumplan las exigencias de capacidad técnica previstas en la ley.

Si trasladamos este esquema al campo de la investigación privada, encontramos una diferencia formal y una similitud de fondo. La LSP configura al DP como personal de SP, sometido a habilitación administrativa por parte del MIR y a inscripción en el RNSP.

Al mismo tiempo, la propia norma reconoce que el acceso a esta actividad exige una titulación universitaria específica en Investigación Privada, es decir, un título académico que acredita la capacitación técnica del profesional.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la titulación universitaria de DP cumple en su ámbito una función análoga a la del título oficial del perito: es el elemento que garantiza conocimientos y competencias, mientras que la colegiación (en el caso de muchos peritos) o la habilitación como personal de SP (en el caso de los DP) actúan como mecanismos adicionales de organización y control del ejercicio, no como la única fuente posible de legitimidad técnica.

Esta lectura plantea una cuestión relevante para el debate profesional: hasta qué punto debemos identificar “profesión” con el sometimiento a un determinado subsistema corporativo o administrativo, cuando el propio ordenamiento reconoce que el núcleo de la cualificación reside en el título académico y en la capacidad pericial o investigadora de la persona que presta el servicio.

21/04/2026

Los Colegios DP (CD), una auténtica banda de traidores

Los CD tendrían que ser un dique frente a los abusos del sistema impuesto a los DP. En cambio, hoy actúan como correa de transmisión del régimen LSP‑UCSP que nos tiene cogidos por el cuello.

El CD catalán acaba de publicar que “sin TIP no se puede ejercer. Así de claro”. Es el mismo eslogan simplista que usan Interior y la UCSP para meter miedo y cerrar cualquier debate. Se oculta que la LSP realmente solo puede regular la investigación conectada con la SP (art. 48.1.b), no todo trabajo de investigación aplicada al Derecho de carácter probatorio.

Es el mismo CD que en su web tiene la desvergüenza de asegurar que la LSP era la norma que los malogrados DP esperábamos como agua de mayo. Los resultados objetivos: no han conseguido ni un solo avance para el bien de esta profesión.

Que un CD use su autoridad para repetir “TIP o nada”, llamar a denunciar a quien no se pliega al corral LSP y legitimar el actual "status quo" no es defensa profesional: es colaboración activa con una estrategia de guerra destinada a mantener a los DP asustados, divididos y sometidos.

Yo acepto que quien quiera jugar al juego LSP‑UCSP necesite TIP y RNSP. Lo que no acepto es que se nos califique de intrusos a aquellos que nos negamos cuando tenemos un título universitario que por pura lógica tiene mayor peso que cualquier habilitación policial y que nos legitima para aportar pruebas en investigaciones de carácter no securitario (art. 48.1.a) y c).

Si los CD siguen alineados con la propaganda opresiva del régimen, el debate y la batalla sobre qué puede y debe ser un DP en España habrá que darlo fuera de los canales oficiales (luchar desde fuera lo llaman algunos). Y eso, precisamente, es lo que más nervioso pone al sistema.

08/04/2026

¿Por qué tantos DP abandonan la profesión?

En España se han expedido alrededor de 7.000 TIP de DP desde que existe la regulación actual. Sin embargo, apenas 1.400 profesionales siguen hoy en activo (un 20%). La tasa de abandono es la más alta de todas las profesiones liberales.

El contraste es aún más llamativo si miramos fuera. En Singapur, con ocho veces menos población, hay un número de DP ejercientes muy similar al español (dato que, por sí solo, debería hacernos reflexionar sobre nuestro modelo).

¿Cuáles son las razones principales de esta sangría silenciosa?

- Una regulación pensada para empresas de seguridad, no para profesionales individuales.

- Un régimen sancionador desproporcionado que equipara, mediante la figura del "despacho", a un DP autónomo con enormes empresas de SP.

- Falta de medios reales: sin acceso a bases de datos, sin canales de colaboración efectivos y con una desconfianza institucional que nos ve más como problema que como aliado.

- Un clima de sospecha permanente, inspecciones y expedientes que desgastan más que cualquier caso complejo de trabajo de campo.

Es hora de abrir un debate serio: ¿queremos DP fuertes, libres y colaborando con la justicia, o preferimos seguir teniendo una profesión infravalorada, atenazada por el miedo y en permanente huida?

Quizá haya llegado el momento de repensar el modelo desde cero: estatuto propio, enfoque de profesional liberal y un marco de colaboración bidireccional basado en la confianza recíproca.