23/07/2014
El acceso a la Justicia es un derecho universal de todo ser humano y una garantía de que nadie, por razones económicas o de otra índole, pueda quedar sin defensa jurídica.
Una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debe garantizar en todo caso la finalidad del Servicio, mediante la previsión general de que acceda al mismo quien carezca de recursos económicos.
El proyecto de Ley no incluye la gratuidad de prestaciones básicas, como asistencia letrada previa al proceso judicial en todo caso, o asistencia a los presos condenados, o designación de abogados para la acusación particular, o para la intervención de mediador y de intérprete o traductor.
La Justicia Gratuita es un servicio con garantía constitucional, que prestan eficientemente más de 42.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando hoy la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.
Los abogados de oficio son los auténticos protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en condiciones dignas. Una futura Ley debería garantizar siempre el cobro por cada actuación, asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley
La gestión y organización del Servicio recae desde hace varios siglos en los Colegios de Abogados. No se puede cargar a esas corporaciones públicas con un exceso de burocracia que impida o haga inviable la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita.
La Asistencia Jurídica Gratuita debe seguir siendo un servicio jurídico de calidad basado en la confianza abogado-cliente y en la facilidad de acceso a la prestación del servicio. Esto y el control deontológico sólo se garantiza cuando el abogado que presta el servicio tenga residencia y despacho único o principal abierto en el ámbito del Colegio al que se halle adscrito.
El nuevo mecanismo de ratificación por el beneficiario de justicia gratuita, previsto en el proyecto de ley, vulnera el ejercicio del derecho fundamental de defensa y el principio de igualdad. Y genera un incremento de costes innecesarios, además de una innecesaria humillación para los ciudadanos más necesitados.
Es ya público y notorio que miles y miles de ciudadanos no han podido acceder a la Administración de Justicia a causa de la Ley de Tasas.
El Gobierno debe dialogar real y efectivamente con los distintos sectores a regular, antes de que las normas inicien su andadura parlamentaria, especialmente la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Ley Orgánica del Poder Judicial la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del delito, Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Procesal Penal, Ley de Jurisdicción Voluntaria, Registro Civil, etc.
Ha de reconocerse la labor de todos cuantos, de una u otra forma intervienen a diario en la realización de la Justicia.
Por ello, los legítima y democráticamente elegidos por los compañeros como sus representantes para el buen gobierno de los Colegios de Abogados de España, con motivo de la actual tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, manifestamos:
DEFENDEMOS una justicia gratuita de calidad, prestada por los abogados con inmediatez y cercanía al cliente, con una infraestructura digna y con unos medios materiales adecuados a la calidad del servicio público que se presta, todo ello en favor del ciudadano solicitante del beneficio de justicia gratuita.
REIVINDICAMOS el reconocimiento, a todos los niveles, de la figura y labor del Abogado de Oficio, cuyo esfuerzo y profesionalidad, resultan encomiables e indispensables para que el Estado de Derecho sea real y plenamente efectivo.
CONSIDERAMOS imprescindible que la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dignifique la labor del abogado de oficio, garantice el cobro de sus honorarios y mejore su estatus en aras a que el servicio goce del mayor prestigio y calidad en beneficio del justiciable y del Estado de Derecho.
SOLICITAMOS que con la finalidad de garantizar su viabilidad económica, la Ley vaya acompañada de la correspondiente y suficiente dotación económica, a cargo del Estado.
RATIFICAMOS el compromiso durante siglos de la Abogacía con el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita, al servicio de los ciudadanos.
PEDIMOS la retirada del actual Proyecto de Ley y una negociación rápida y abierta con los representantes de quienes intervienen diariamente en la gestión y organización del turno de oficio y la justicia gratuita, la derogación de la Ley de Tasas, así como un diálogo real y efectivo con respecto al resto de proyectos legislativos en tramitación.
