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23/11/2017

23/11/2017

CCOO-A y UGT-A, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día
Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres, manifestamos nuestra
más rotunda condena y repulsa a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todos los
ámbitos y a todos los niveles.
La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales, que atenta
contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación
por razón de s**o. Desde el 2003, 180 mujeres han sido asesinadas en Andalucía a manos de
hombres que decían quererlas. En lo que va de año, según cifras ociales, ya hay 7 mujeres muertas
por violencia machista en nuestra comunidad autónoma, además de un menor, 8 menores
en España a quienes han asesinado padres maltratadores que tenían el deber de protegerles.
Pese a que nuestra Constitución proclama el derecho a la vida y a la igualdad, y las
normas de desarrollo legislativo prevén mecanismos de protección contra las conductas de
violencia machista y sancionan las mismas, dichas conductas siguen reiterándose de forma
continua, año tras año, sin que las estadísticas de los datos sobre violencia de género reejen
mejoría alguna ni avances en su erradicación.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 se registran
17.614 denuncias por violencia de género y 4.311 órdenes de protección en Andalucía, un
41% menos de denuncias presentadas y un 48% de órdenes de protección con respecto a 2016.
A falta de algo mas de un mes para que nalice el año, llama la atención que haya casi 11.800
denuncias menos, creemos que, además del miedo hacía sus agresores, las víctimas perciben
que no serán sucientemente protegidas y desisten de denunciar.
Los fuertes recortes en derechos sociales y del gasto público durante los últimos años
han supuesto un retroceso muy importante en el desarrollo de las políticas de igualdad de
género y en la lucha contra la violencia machista, lo que está teniendo una repercusión en el
incremento de esta lacra. Este hecho, junto con la necesidad de abordar la adopción de nuevas
medidas, ante la gravedad de la situación, para eliminar décits detectados tanto en el ámbito
jurídico como en el presupuestario, en el judicial, policial, de servicios sociales, educativo, sanitario
y en el laboral, nos ha llevado a la reivindicación de la adopción urgente de un Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, conjuntamente con distintos estamentos de la sociedad,
organizaciones de mujeres, sociedad civil y partidos políticos. Este pacto fue aprobado el pasado
mes de septiembre en el Congreso de los Diputados, hecho que consideramos positivo pero no
suciente. Por ello, CCOO-A y UGT-A demandamos la inmediata puesta en marcha del Pacto con
el compromiso económico establecido y nuestra participación activa en la Comisión de seguimiento
y evaluación de las medidas y acuerdos que se alcancen.
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La mejora de los derechos laborales y de protección social de las víctimas de violencia de
género no han quedado sucientemente garantizados en este Pacto y desde las organizaciones
sindicales defendemos la necesidad de mejorar el acceso y el mantenimiento del empleo
para estas mujeres, estableciendo un sistema de protección social más adecuado que no las
penalice y que les permita garantizar su independencia económica y su autonomía personal.
UGT-A y CCOO-A denunciamos que el Plan para la inserción laboral de mujeres
víctimas de violencia de género que recoge l a Ley 1/2004, no está funcionando
adecuadamente, y los datos así lo revelan:
Es por ello que desde CCOO-A y UGT-A demandamos la corrección de estos décits que
den respuesta a los problemas reales con los que se enfrentan estas mujeres para acceder al
ámbito laboral, así como que se implementen nuevas actuaciones y medidas para la
contratación y fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género.
El acoso sexual y el acoso por razón de s**o son otra manifestación más de la violencia
que se ejerce contra las mujeres y es por ello la importancia de aplicar el Convenio de Estambul
para el reconocimiento de derechos a todos los tipos de violencia contra la mujer. Según un
Informe publicado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en 2014, se estima que
entre 83 y 102 millones de mujeres en la Unión Europea han sufrido acoso sexual desde los 15
años. En ese sentido, UGT-A y CCOO-A también demandamos una norma internacional para
erradicar la violencia de género en el ámbito laboral, y exigimos al Gobierno de España el apoyo
para la adopción de un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, contra la violencia
sobre las mujeres en los lugares de trabajo. También solicitamos que la Administración de la
Junta de Andalucía invierta recursos públicos para combatir el acoso sexual y acoso por razón de
s**o en Andalucía, entre los que demandamos el de asistencia jurídica gratuita para las víctimas
de estos acosos.
CCOO-A y UGT-A condenamos también la violencia sexual contra millones de mujeres
y niñas en todo el mundo y denunciamos los integrismos religiosos y culturales que justican la
violencia sobre las mujeres, por lo que instamos a las autoridades y organismos responsables a
actuar de forma eciente y decidida contra todo tipo de violencia, trata y explotación sexual,
mutilación ge***al, matrimonios forzosos, exclusión y feminización de la pobreza.
Desde la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Andalucía llamamos a
la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y
sindicales, convoquen el 25 de noviembre en todas las ciudades de Andalucía, para manifestar
nuestro compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres

20/10/2017

CCOO incluye en la Ley de contratos del Sector Público propuestas sindicales para aumentar las garantías sociales, laborales y medioambientales.
La ley aprobada, sin cubrir plenamente los objetivos de CCOO, implica un sustancial avance sobre la legislación existente. Así, es importante que incorpore el objetivo de que la contratación pública se realice teniendo en cuenta aspectos de índole social (garantía del empleo, respecto a los convenios colectivos, aspectos medioambientales) y no solo criterios económicos (fundamentalmente el menor coste), que suelen terminar derivando en rebajas de derechos laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, este ámbito, en el que prestan servicio miles de personas, venía siendo utilizado como laboratorio para degradar y precarizar las condiciones de trabajo con la excusa de la austeridad.
Tras un largo proceso, ha sido aprobada la nueva Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. A lo largo de su tramitación esta norma ha ido incorporando buena parte de las propuestas planteadas por CCOO, a través del trabajo realizado en el Consejo Económico y Social y con distintos grupos parlamentarios que las han impulsado como enmiendas.
Cláusulas sociales y precios de licitación
Entre las novedades incorporadas a la Ley destaca el mandato expreso de su artículo 1º de incorporar criterios sociales y medioambientales, lo que sitúa la contratación pública ante un foco radicalmente distinto al existente.
Uno de los principales problemas que presenta la contratación del sector público radica en que hasta ahora se permitía la licitación de los contratos a empresas con precios que no cubrían los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de aplicación. Esta situación supone una pérdida de derechos laborales para los trabajadores de estas empresas, al mismo tiempo que una reducción de la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben por esta vía.
La ley incorpora nuevas garantías para evitar las propuestas temerarias que en ocasiones se producen. Destacan, por ejemplo, que en el presupuesto de licitación se obligue a desagregar por categoría los costes salariales, partiendo de los indicados por el convenio colectivo; la obligatoriedad de que el órgano de contratación excluya del proceso las ofertas anormalmente bajas que se presuman inviables; o el establecimiento de penalizaciones en caso de que los contratistas incumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, como el retraso del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.
Subrogación de los contratos de trabajo
Gracias a una de las enmiendas propuestas por CCOO, la subrogación operará obligatoriamente no solo cuando lo establezca la ley o el convenio colectivo (como hasta ahora) sino también cuando lo establezca un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, abriendo con ello el campo de actuación a los acuerdos marco de ámbito territorial y a los acuerdos de cada administración en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Igual relevancia cobra la obligación que se impone a las Administraciones Públicas de subrogar al personal que prestaba un servicio externalizado, cuando decida prestarlo directamente, siempre que así se prevean en los mismos instrumentos normativos o convencionales citados anteriormente. Asimismo, la habilitación, constituida obligatoria, que se hace a la Administración para retener las cantidades debidas al contratista y con ello garantizar el pago de los salarios, manteniendo igualmente retenido el importe de la garantía definitiva de la empresa en tanto no se satisfaga y acredite el pago de los salarios.
Finalmente, desde CCOO, declara su secretario general en Almería, Antonio Valdivieso, nos congratulamos del rechazo de tres enmiendas presentadas por el Partido popular en el trámite del Senado que pretendían reforzar la preferencia en la aplicación de los convenios colectivos de empresa frente a los sectoriales, como fuente de precarización del empleo y los salarios nacida con las reformas laborales de 2011 y 2012. Si bien para CCOO, concluye Valdivieso, el fondo del asunto poco cambia con lo que regule la Ley de Contratos, pues donde hay que actuar es en el Estatuto de los Trabajadores, derogando la reforma del año 2012 del artículo 84 del ET y restableciendo la plena capacidad negocial de los ámbitos sectoriales frente a los de empresa.

11/10/2017

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Manifestación por las pensiones en Madrid. “El sistema público de pensiones es viable y depende de una decisión política”.

Decenas de miles de personas procedentes de todos los rincones del país han participado en una gran manifestación en Madrid, en la que han confluido las marchas de pensionistas y jubilados de CCOO y UGT, que el pasado 30 de Septiembre partieron desde Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía en defensa de unas pensiones dignas. Han sido diez jornadas de marcha y reivindicación por los “andarines”” (nombre con el que se ha bautizado a los pensionistas y jubilados que han marchado hasta Madrid), que se han visto respaldadas con asambleas y concentraciones en las localidades por donde han transcurrido, así como la participación de miembros de las ejecutivas de ambos sindicatos y el apoyo y solidaridad de la ciudadanía.
El objetivo de estas marchas es reclamar cambios que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, mejorando la estructura de sus ingresos; asegurar la revalorización de las pensiones; derogar la reforma de 2013, aprobada unilateralmente por el Ejecutivo del PP, abrir un proceso de negociación que garantice el presente y futuro del sistema de Seguridad Social.

El Sindicato de Pensionistas de CCOO de Almería se ha sumado a todas estas movilizaciones. Desde el primero de Mayo viene reivindicando todas estas medidas. En una labor incansable han repartido octavillas por el centro de la ciudad, barrios, mercados. Han realizado concentraciones y se han sumado a las marchas tanto en Málaga como en Madrid.

Enhorabuena !!.

10/10/2017

10/10/2017

CCOO se concentra frente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua por el acoso a su Delegado Sindical

CCOO se concentrará, mañana a partir de las 10:00, frente a la sede provincial que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) tiene en Almería. El motivo de esta concentración de protesta es el de apoyar a su Delegado Sindical frente al continuo acoso que está sufriendo por la dirección de la empresa para entorpecer su labor sindical.

“Los impedimentos, que han sido muchos, han tenido su culmen, y por ello esta respuesta sindical, cuando la empresa de forma unilateral ha trasladado al trabajador de su centro, el CEDEFO de Alhama de Almería a la Sede Provincial de esta Agencia Pública”, donde se realizará el acto de protesta (C/ California, 2. Almería), según Javier Castaño, Secretario General de Industria de Almería.

“La empresa pretende con este cambio, continúa Castaño, no solo en perjudicar al trabajador tanto económica como psicológicamente, si no en impedir la labor sindical de CCOO, al hacer pasar al delegado de una centro de trabajo de más de 330 trabajadores a otro de a p***s 50”. Castaño afirma que “no entiende este tipo de actitud por parte de la dirección de AMAYA en el siglo XXI, y menos aún cuando se trata de la agencia pública de la Consejería de Medio Ambiente de Almería, la cual debería tomar cartas en un asunto de tal gravedad”, para finalizar ha manifestado que “no cejarán hasta que su delegado sindical vuelva a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía. Mantendremos para ello una presión sindical y judicial hasta que sea necesario”.

03/10/2017

CCOO avisa de una desaceleración en la creación de empleo en Almería y exige la aprobación de una renta mínima para todas las personas sin ningún tipo de prestación económica.
Según el secretario general de CCOO de Almería, Antonio Valdivieso, los datos de paro registrado en el mes de Septiembre de 2017 son preocupantes ya que se observa una desaceleración en la creación de empleo respecto del mismo mes del año pasado.
Señala Valdivieso que los sectores agrícola, industrial y el de la construcción han contribuido a disminuir la cifra de parados en nuestra provincia pero en menor medida que el año pasado, continuando la sangría de empleos en el sector servicios y en el de sin empleo anterior, que afecta sobre todo a nuestros jóvenes, sin prácticamente ninguna expectativa de poderse incorporar al mercado laboral.
Si a todo esto le sumamos, añade el sindicalista de CCOO, que la contratación temporal supera el 95%, que el paro afecta a muchas más mujeres que hombres, que aunque aumenta el número de afiliaciones a la seguridad social disminuye la recaudación por la mala calidad del empleo y los bajos salarios y que la tasa de los desempleados que no reciben ningún tipo de prestación supera el 43%, el panorama laboral de la provincia de Almería desde CCOO lo calificamos de muy preocupante.
Desde CCOO puntualizan que todo esto se produce en un escenario macroeconómico con crecimiento del PIB superior al 3% en tasa interanual, por lo tanto nos reafirmamos desde nuestro sindicato en que la salida de la crisis solo está beneficiando a las empresas, pero que el crecimiento económico no se traslada a la clase trabajadora en términos de empleo, ni de salarios, ni de mejora de derechos laborales ni de prestaciones sociales, en definitiva no se está haciendo un reparto justo de la riqueza generada y cada vez crece más la desigualdad entre las personas.
Por lo tanto desde CCOO hacemos un llamamiento a la necesidad urgente de recuperar los fondos de las políticas activas de empleo que por falta de valentía política no se han aplicado por la Junta de Andalucía en estos últimos años, impulsar el cambio de modelo productivo que acabe con la lacra del paro en nuestra tierra e implantar y reconocer el derecho a la percepción de una renta básica o mínima para todos las personas sin ningún tipo de prestación.
La renta básica de inclusión, concluye Valdivieso, “tiene que formularse como derecho y dar una solución global al grave problema del desempleo existente en la comunidad autónoma, generar el derecho a la prestación económica y el derecho a un plan de inclusión socio-laboral”

03/10/2017

CCOO solicita al Ayuntamiento de Almería voluntad de dialogo y un esfuerzo presupuestario que garantice un servicio de ayuda a domicilio de calidad y condiciones laborales dignas para las trabajadoras/es
Los delegados del servicio de Ayuda a Domicilio de CC.OO que forman parte mayoritaria del Comité de Empresa de Clece, se han reunido con la secretaria del sindicato de Construcción y Servicios de CCOO, Obdulia Blanco, y con el secretario general de la Unión provincial de CCOO en Almería, Antonio Valdivieso, para transmitirles los últimos acontecimientos surgidos en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Almería que presta la empresa Clece S.A al Excmo. Ayuntamiento de Almería, y que tendrá como consecuencia una nueva licitación de éste servicio público.
Los delegados de CCOO expusieron al secretario general de CCOO de Almería su preocupación e inquietud por los términos en los que se pueda aprobar el Pliego de Condiciones, de este concurso público, por parte del Ayuntamiento de Almería. Pliego de Condiciones, que entre otras cosas establece el precio hora del servicio, influyendo así de manera directa sobre los salarios y condiciones laborales de los trabajadores, de igual forma quieren garantizar la continuidad laboral de todos ellos, evitando despidos o aumento de la precarización de sus condiciones de trabajo.
Desde la dirección provincial de CCOO, con Antonio Valdivieso a la cabeza, se solidarizaron con los delegados de CC.OO del SAD, denunciando que desde el inicio de la Ley de Dependencia en el año 2007 los trabajadores que prestan este servicio han percibido el mismo salario, un salario precario que no cubre las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Salario que se encuentra en 850 euros líquidos mensuales por jornada completa que conlleva a la inseguridad, incertidumbre y falta de conciliación familiar y social real.
Éste colectivo de 500 trabajadores (95% mujeres) que prestan la ayuda domiciliaria, insiste Valdivieso, se rige por un convenio nacional de mínimos, lo cual no impide que a nivel local se pueda celebrar un convenio que mejore y dignifique las condiciones laborales de los trabajadores y para ello es factor imprescindible el precio hora que estipule el Pliego del Concurso, pues condiciona de manera decisiva el futuro laboral de este colectivo.
Los trabajadores del SAD, nos recuerdan desde CCOO, atienden directa e indirectamente a miles de ciudadanos almerienses en situaciones de dependencia y semidependencia realizando funciones como aseos personales, cambios posturales, mantenimiento del hogar, preparación de comidas, acompañamiento, paseos, etc. Aquello que dentro de nuestras funciones facilita que el usuario pueda seguir viviendo en su domicilio de manera digna.
Por ello, concluyen desde CCOO, es necesario que el dialogo con el Ayuntamiento, parte decisiva en la prestación del servicio, tenga lugar próximamente y de forma fluida, demostrando así su buena voluntad y reconocimiento a toda una plantilla que viene sufriendo la misma precariedad laboral desde hace 10 años.

29/09/2017

29/09/2017

CCOO y UGT se ponen en marcha por unas pensiones dignas.
En opinión de CCOO y UGT el sistema de pensiones públicas es sostenible si se adoptan las medidas necesarias y consensuadas en el marco del Pacto de Toledo.
La decisión política tomada en el 2013 por el Gobierno del PP, rompió el marco de acuerdos adoptado desde 1995, tras el Pacto de Toledo. Una decisión política que ignora la cohesión social y el bienestar de las personas, poniendo en serio riesgo la existencia de pensiones con un nivel suficiente. No se puede decir ahora a unos trabajadores y trabajadoras que han estado cotizando y generando superávit en las cuentas de la Seguridad Social que no hay dinero para todos. No se puede decir a una generación de trabajadores y trabajadoras que aporten pero que no recibirán pensiones comparables a las que contribuyen a financiar, viendo como su pensión, construida con su contribución a lo largo de los años, pierde esa relación al no revalorizarse adecuadamente.
El mercado de trabajo puede y debe aportar más recursos procedentes de cotizaciones, mejorando el empleo, los salarios, la aportación de los salarios más altos y la cotización por sus ingresos reales de los colectivos en los que aún no se produce (mejorando también sus prestaciones).
Los Presupuestos del Estado deben incrementar también sus aportaciones ya en los próximos años y durante el periodo de tiempo necesario. Es una decisión política, que afecta al mercado de trabajo y a la política fiscal, al igual que lo ha sido financiar en el pasado otras necesidades básicas con cotizaciones o destinar el superávit que tenía la Seguridad Social a subvencionar a empresas mediante rebajas indiscriminadas en cotizaciones y tarifas planas, sin impacto positivo en el empleo.
Nuestros mayores deben tener asegurada la pensión y cumplirse con ello el pacto intergeneracional que sustenta un sistema de pensiones como el nuestro, que constituye un verdadero contrato social al que han estado contribuyendo con su trabajo y sus cotizaciones.
Es necesario y urgente crear empleo de mejor calidad, que produzca mayores cotizaciones. Pero además, hay múltiples medidas propuestas por UGT y CCOO que han sido aceptadas ya por una buena parte de los grupos políticos, que permiten mejorar sustancialmente los ingresos procedentes de las cotizaciones empresariales y de las personas que están trabajando.
Esta situación se ha visto agravada por las reformas laborales aprobadas en los últimos años que desequilibran la capacidad de negociación colectiva, en beneficio de las empresas y condenan cada vez a más trabajadores y trabajadores a unas condiciones de pobreza.
Nuestros jóvenes no son responsables de que se les explote o se les ignore. Tampoco es una opción trasladar a los trabajadores y trabajadoras individualmente la responsabilidad de dedicar parte de sus ingresos a sistemas privados de pensiones que, ni tienen alcance general, ni pueden sustituir al sistema público de pensiones, incrementando la desigualdad.
Por todo ello, frente a unas pensiones que no mantienen su poder de compra y que, si no se corrige la reforma de 2013, caerán con fuerza, frente al aumento de las desigualdades y frente al empobrecimiento durante la enfermedad o la vejez.
CCOO Y UGT iniciamos una movilización en defensa de las pensiones, por la cohesión social y la participación activa de los trabajadores en la definición, refuerzo y garantía del sistema de pensiones.
El sábado partirán desde Almería autobuses fletados por CCOO y UGT para asistir y apoyar a la marcha por unas pensiones dignas que partiendo desde distintos puntos de España el día 30 de septiembre, confluirán el 9 de Octubre en la Puerta del Sol de Madrid. El itinerario de la marcha por nuestra comunidad será el siguiente:
Sábado Día 30 de Septiembre por la mañana salida desde Málaga en hora y lugar a determinar. – - Domingo día 1 de Octubre por la mañana salida desde Granada en hora y lugar a determinar. –
- Lunes día 2 de Octubre por la mañana salida desde Córdoba en hora y lugar a determinar.
- Martes día 3 de Octubre por la mañana salida desde Sevilla en hora y lugar a determinar. - Por la tarde llegada a Mérida para continuar Cáceres-Navalmoral-Talavera-Toledo-Getafe-Madrid.

29/09/2017

Andalucía lidera la pérdida de empleo en el sector sanitario público entre 2012 y 2017, advierte CCOO

• Un informe de CCOO revela la destrucción de empleo en el sector sanitario público de Andalucía al eliminarse 4.357 puestos de trabajo entre los años 2012 y 2017, especialmente en Sevilla (10,92%) y Málaga (8,69%). Asimismo, el estudio evidencia las consecuencias de la política de reducción del gasto sanitario que, en el caso de Andalucía, se sitúa en torno a 6.701 millones de euros acumulados desde 2010.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha publicado un análisis sobre los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas en 2017, que constata cómo Andalucía encabeza en términos absolutos la pérdida de empleo en enero de 2017 con respecto a enero de 2012, con 4.357 empleos menos, especialmente en Sevilla (10,92%) y Málaga (8,69%). “La aplicación de la derogación de la jornada de 35 horas semanales supondría un fuerte varapalo en el objetivo de recuperación del empleo que se ha perdido, el más amplio en términos absolutos en el conjunto del Estado”, advierte el responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), Jesús Cabrera.

En cuanto a niveles asistenciales, la reducción de empleo es más acusada en el ámbito de la atención hospitalaria con respecto a la atención primaria (un 7,95% frente a 2,90%) y, por categorías, la pérdida ha sido más intensa en la de Enfermera (8,87%) y Auxiliar de Enfermería (11,98%) y en el personal de Gestión y de Servicios, con especial incidencia en el colectivo de Oficio (28,46%).

El estudio revela también que Andalucía es la segunda comunidad autónoma, tan sólo detrás de Cataluña, en la que más se ha recortado desde 2010. “Nuestra comunidad es la que más diferencia acumulada de presupuesto ha registrado de haberse mantenido el presupuesto sanitario de 2010 durante cada uno de los años sucesivos, con un recorte acumulado en todos estos ejercicios de 6.701 millones de euros”, explica Cabrera.

Respecto al presupuesto de 2017, el informe de CCOO señala que es 500 millones de euros inferior al de 2010, habiéndose producido en los años 2013 y 2014, coincidiendo con la implantación de la Ley 3/2012 de la Junta de Andalucía, recortes del 10,03% y 3,19% -muy superiores a las medias de los recortes estatales de cada uno de esos dos años (5,89% y 0,21%).

El dirigente sindical afirma que, aunque haya incrementos presupuestarios desde 2015 hasta el presente año, superiores a los experimentados en promedio en el conjunto del Estado, con incrementos del 3,09%, 4,35% y 5,66% en 2015, 2016 y 2017 respectivamente, el presupuesto actual “es claramente insuficiente” para atender las necesidades sanitarias de la población andaluza. Por ello, Cabrera asegura que se requiere “como mínimo” superar los 10 mil millones de euros en los que se movía el presupuesto de 2010.

Por otra parte, estos recortes presupuestarios tienen incidencia en varios apartados que recoge el estudio y han motivado situaciones como las del incremento del gasto sanitario de las familias. En este sentido, Andalucía es la tercera comunidad autónoma, superada por Cataluña y País Valencià, que más diferencia acumulada de presupuesto en el Capítulo 1 (gastos de personal) ha registrado de haberse mantenido el presupuesto sanitario de 2010 durante cada uno de los años sucesivos, con un recorte acumulado de 1.322 millones de euros. Además, es la segunda, tras Castilla La Mancha, que tiene un porcentaje más negativo del Capítulo 6 (inversiones) con respecto al año 2010 (saldo negativo de un 78% menos).

En el conjunto del Estado se ha experimentado desfases entre los presupuestos aprobados y los gastos reales derivados de su aplicación (con incrementos cada vez mayores desde el año 2013), que denotan una infradotación presupuestaria consecuente a las “exigencias impuestas por el Gobierno estatal” en cuanto al cumplimiento de los objetivos de déficit. De esta forma, los promedios de los desfases han sido superiores al 4% en cada uno de los años desde 2010 a 2015, con un 11,27% en 2015, habiéndose registrado en Andalucía desfases que, aun siendo de menor cuantía que los promedios estatales, han ido incrementándose en los últimos años hasta alcanzar el 8,26% en 2015.

Por otra parte, hay que destacar el incremento del gasto sanitario de los hogares en 2015 con respecto a 2010, con el que las familias han intentado paliar “los efectos devastadores” del recorte del 4,07% en el porcentaje sobre el PIB del gasto sanitario de las administraciones públicas y de las aplicaciones de las medidas negativas del RD 16/2012, como los copagos farmacéuticos y de productos sanitarios, “siendo especialmente delicado en Andalucía, segunda comunidad con la renta media por persona más baja (8.398 euros al año en 2016, sólo por encima de Murcia)”, añade Cabrera.

En materia de conciertos sanitarios, aun siendo Andalucía una de las comunidades autónomas que menos porcentaje dedica del total del gasto sanitario a los conciertos con entidades privadas (la tercera con un 4,34% en 2015, tan sólo por encima de Castilla León y Cantabria), hay que destacar como dato negativo el incremento reflejado en esta materia en los presupuestos de 2017, casi el doble en términos porcentuales al contemplado para el presupuesto global sanitario (11,32% frente a 5,66%).

Si bien Andalucía en cuanto a tiempos medios de espera en los procedimientos quirúrgicos (76 días) o en la primera consulta para atención especializada (54 días), presenta cifras menos negativas que las de los promedios estatales (115 días y 72 días respectivamente), ha sido por otro lado la tercera comunidad que más ha empeorado en los tiempos medios de espera quirúrgica, con un incremento en diciembre de 2016 (76 días) de un 22,58% con respecto a los 62 días que se registró en diciembre de 2012. Esta situación se corrobora con el barómetro sanitario, en el que Andalucía es la tercera comunidad autónoma donde existe un mayor porcentaje de encuestados que estiman un empeoramiento en la gestión de las listas de espera (20,50%).

Como dato positivo, destaca Cabrera, Andalucía es la comunidad autónoma donde menos ha crecido el gasto farmacéutico, un 7,19% en el periodo 2014-2016, teniendo en cuenta “el muy relevante gasto que ha supuesto el tratamiento contra la hepatitis C”.

23/05/2017