12/07/2026
Estamos protegiendo derechos o generando nuevos desequilibrios?
España es un Estado social y democrático de Derecho. La protección de los más vulnerables constituye uno de los pilares de nuestro sistema constitucional. Sin embargo, toda protección debe ir acompañada de mecanismos de control y de un equilibrio entre los derechos de unos y de otros. Cuando ese equilibrio se rompe, la consecuencia puede ser la desprotección de quienes también actúan de buena fe.
No se trata de eliminar derechos, sino de preguntarnos si algunas normas, pensadas para proteger situaciones excepcionales, están produciendo efectos indeseados sobre la sociedad y la economía.
Vivienda: proteger al vulnerable sin desproteger al propietario
Durante los últimos años se han aprobado diversas medidas extraordinarias para suspender determinados desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Su finalidad era evitar situaciones de exclusión social, especialmente tras la pandemia.
Sin embargo, esa protección ha tenido efectos colaterales. Según el último Censo de Viviendas del INE, en España existen alrededor de 3,8 millones de viviendas vacías, mientras que la oferta de alquiler en muchas ciudades ha disminuido y los precios continúan aumentando. Asociaciones de propietarios y numerosos profesionales del sector inmobiliario sostienen que parte de los pequeños propietarios prefieren no alquilar por miedo a la ocupación ilegal, a los impagos o a la lentitud para recuperar judicialmente su vivienda.
El resultado es paradójico: se protege al vulnerable que necesita una vivienda, pero al mismo tiempo disminuye la oferta de alquiler para quienes también necesitan acceder a ella.
Mercado laboral: proteger al trabajador sin hacer inviable la contratación
España dispone de una de las legislaciones laborales más protectoras de Europa en aspectos como la maternidad, la conciliación o la prevención de despidos discriminatorios.
Sin embargo, también presenta uno de los mayores índices de absentismo laboral. Las bajas por incapacidad temporal han aumentado de forma significativa desde la pandemia y las organizaciones empresariales cifran el coste económico en miles de millones de euros cada año.
Este problema afecta especialmente a las pequeñas empresas. Más del 95 % del tejido empresarial español está formado por microempresas y pymes, donde la ausencia prolongada de un trabajador puede comprometer seriamente la viabilidad del negocio.
No se cuestiona el derecho del trabajador realmente enfermo, sino la insuficiencia de controles frente a posibles abusos y la dificultad que encuentran muchos empresarios para gestionar determinadas situaciones sin asumir elevados costes.
Inmigración: distinguir entre quien busca un futuro y quien delinque
España necesita inmigración. La baja natalidad y el envejecimiento de la población hacen imprescindible incorporar trabajadores extranjeros para mantener el mercado laboral y el sistema de pensiones.
La inmensa mayoría de los inmigrantes vienen a trabajar, cotizar y construir un futuro mejor.
Pero también existe otra realidad: miles de personas permanecen durante años en situación irregular y algunas acumulan antecedentes policiales o penales sin que las órdenes de expulsión lleguen a ejecutarse por obstáculos jurídicos, administrativos o diplomáticos.
Esta situación genera una sensación de impunidad y perjudica, precisamente, a los inmigrantes que cumplen las normas y contribuyen a la economía española.
Prestaciones sociales: solidaridad sí, fraude no
España dedica cada año más de 200.000 millones de euros al pago de pensiones contributivas, mientras que la deuda pública supera el 100 % del PIB. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad se sitúa entre las más bajas de Europa, con aproximadamente 1,2 hijos por mujer, y cada vez existen menos trabajadores por cada pensionista.
En paralelo, aumentan las bajas laborales, las prestaciones por incapacidad y otras ayudas sociales. La inmensa mayoría de los beneficiarios tienen pleno derecho a ellas, pero la propia Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectan cada año miles de casos de fraude y recuperan cientos de millones de euros en prestaciones indebidamente percibidas.
Cuando los mecanismos de control son insuficientes, el fraude no solo perjudica a las arcas públicas, sino también a quienes realmente necesitan esas ayudas.
Un problema de equilibrio
El verdadero debate no debería plantearse entre proteger o no proteger.
La cuestión es si el sistema ha encontrado el equilibrio adecuado entre derechos y responsabilidades.
Una protección excesiva, sin controles eficaces, puede generar incentivos perversos, reducir la confianza en las instituciones y provocar que muchos ciudadanos actúen con miedo: propietarios que no alquilan, empresarios que no contratan y contribuyentes que perciben que el esfuerzo no recibe el mismo reconocimiento que el abuso.
Los derechos sociales son una conquista que debe preservarse. Pero también lo son la seguridad jurídica, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley. Un Estado fuerte no es el que concede más derechos sin límite, sino el que garantiza esos derechos evitando que unos se ejerzan a costa de otros.
En definitiva, proteger al vulnerable no debería significar desproteger al propietario, al empresario, al trabajador cumplidor o al contribuyente. El reto consiste en diseñar un sistema que proteja a quien realmente lo necesita, sancione con rapidez el fraude y mantenga un equilibrio justo entre solidaridad y responsabilidad.
