10/11/2025
CASO 37-23.CN
EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE
SENTENCIA 37.23.CN/25
Resumen: La Corte Constitucional absuelve la consulta de constitucionalidad de norma del
artículo 126 del Código Civil, en cuanto a su aplicación al proceso judicial concreto de divorcio
por abandono injustificado por más de seis meses ininterrumpidos. La Corte determina que la aplicación de la norma consultada efectúa un trato discriminatorio injustificado al cónyuge que
se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas, cuando le prohíbe la disolución del
vínculo matrimonial y ha sido abandonado. La Corte considera que la norma consultada, si bien tiene como fin constitucional la atención prioritaria, la protección reforzada y el cuidado de la persona con discapacidad intelectual o auditiva, que no puede darse a entender por ningún medio, no es necesaria en el caso concreto porque existen otras medidas más benignas para cumplir tal fin constitucional.
26. La igualdad y no discriminación en nuestra Constitución tiene una doble dimensión, ya que está concebida como un principio de aplicación de los derechos que garantiza que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades (art. 11.2 CRE). También, Ia Constitución consagra a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (art. 66.4 CRE) como un derecho de Libertad (art. 66.4 CRE).3
27. De esta manera, la igualdad y no discriminación constituye un principio fundamental que demanda del Estado y de todos sus órganos el deber especial de erradicar toda norma, actuación o práctica que genere, mantenga, favorezca o perpetúe desigualdad
y discriminación. Esto, sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, puedan existir tratos diferenciados debidamente justificados de forma objetiva y razonable. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que no todo trato
diferenciado es inconstitucional, por lo que no se encuentra prohibida la posibilidad de que las normas establezcan distinciones entre sujetos. Sin embargo, de efectuarse diferenciaciones, este Organismo ha resaltado que la medida diferenciada debe estar
debidamente justificada y ser razonable.
(...)
En lo posible, tomará en cuenta todo elemento disponible para asegurarse de que el divorcio atienda a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad intelectual o auditiva, que no pudiera darse a entender, y que no le cause un perjuicio evidente. En tal virtud, el juez podrá solicitar prueba de oficio
con relación al contexto personal, familiar y social de la persona con discapacidad para comprobar que el divorcio sea la mejor interpretación de su voluntad y preferencias, es a fin de evitar cualquier perjuicio.
(...)
