11/09/2026
Una ley de 1978 para el petróleo del siglo XXI
La Ley de Hidrocarburos ecuatoriana fue expedida en 1978. Han transcurrido casi cinco décadas desde entonces y, aunque la norma ha sido objeto de numerosas reformas la última registrada en 2025, su estructura sigue respondiendo, en buena medida, a una realidad institucional, económica y energética profundamente distinta a la actual.
Este dato, por sí solo, debería invitarnos a una reflexión. En cerca de cincuenta años, Ecuador ha cambiado su institucionalidad, su Constitución, sus modelos contractuales, sus prioridades económicas y ambientales, mientras que el mercado energético mundial atraviesa una transformación sin precedentes.
Por ello, hablar de una nueva Ley de Hidrocarburos no significa desconocer las reformas realizadas ni el desarrollo normativo construido durante décadas. Significa preguntarnos si continuar modificando parcialmente una norma concebida en 1978 es suficiente para enfrentar los desafíos del sector hidrocarburífero del Ecuador del siglo XXI.
El país necesita un marco jurídico integral, moderno y coherente que brinde seguridad jurídica, tanto al Estado como a quienes participan en la actividad hidrocarburífera; que establezca reglas contractuales claras; reduzca espacios de incertidumbre; simplifique procedimientos; fortalezca la capacidad institucional y de control; y genere condiciones adecuadas para atraer inversión responsable.
Pero modernizar la legislación no debe entenderse únicamente como una herramienta para incrementar la inversión o la producción. Una nueva ley debe encontrar un equilibrio entre la defensa de los recursos estratégicos del Estado, la generación de ingresos públicos, la protección ambiental, la responsabilidad social y la competitividad del país.
También debe incorporar una realidad que en 1978 apenas podía anticiparse: la transición energética. El petróleo continúa siendo estratégico para Ecuador, pero su aprovechamiento debe insertarse dentro de una visión energética de largo plazo, acompañada de innovación, eficiencia, nuevas tecnologías y mayores estándares ambientales.
Ecuador posee recursos hidrocarburíferos, experiencia contractual, conocimiento técnico e institucional y décadas de aprendizaje acumulado. Ese conocimiento debería servir de base para construir una legislación que no responda únicamente a los problemas coyunturales, sino que establezca reglas capaces de perdurar.
Después de casi cinco décadas, quizás la discusión ya no debería limitarse a qué artículo reformar, sino a qué Ley de Hidrocarburos necesita el Ecuador para las próximas décadas.
