04/07/2023
La Corte de Justicia de Loja dispuso que el Ministerio de Educación en 60 días pague la jubilación.
Marlon Orellana Maza, abogado en libre ejercicio profesional.
Marlon Orellana Maza, abogado en libre ejercicio profesional.
Cuatro años después de la jubilación del magisterio seis docentes podrán cobrar su compensación económica, pero para acceder a ella los maestros, a través de Marlon Orellana Maza, abogado, recurrieron a una acción de protección que presentaron a la Corte Provincial de Justicia de Loja.
La acción de protección recayó en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva de Loja quien admitió el recurso y conminó al Ministerio de Educación a que en 60 días se pague a los seis docentes.
Tiempo de servicio
En 2018 los seis docentes, cuyas edades fluctúan entre los 60 y 64 años, se jubilaron luego de cumplir con los tres parámetros que dispone la normativa legal: tiempo de servicio, edad e incapacidad; ellos se acogieron a la jubilación tras cumplir con el primero de los parámetros para solicitar su retiro voluntario.
«Lo único que ellos percibían es la pensión jubilar mensual, pero eso no es el único beneficio que ellos obtuvieron por tantos años de servicio en el magisterio sino la compensación jubilar como manda la ley» indica Orellana Maza, quien sostiene que los seis maestros laboraron por más de 30 años en la docencia.
‘Quebrantaron derechos’
Durante la audiencia la contraparte: el Ministerio de Educación alegó que en 2018 se elaboraron unos cronogramas que fueron suscritos con los maestros para realizar los pagos, mas no se estableció la forma de pago ni en qué tiempo se iba a cumplir, por ello se recurrió a la acción de protección.
«Hemos demostrado, en la audiencia, que a nuestros clientes se les quebrantaron algunos derechos consagrados en la Constitución como lo es el derecho al buen vivir, a tener una vida digna, a tener salud, vivienda y lógicamente se estaba coartando lo que es la eficacia jurídica», razona Orellana.
